El Consejo de Europa investiga si España garantiza el derecho a la vivienda tras una denuncia de UGT

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido a trámite una demanda de UGT e investigará si España garantiza de forma efectiva el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 31 de la Carta Social Europea, ratificada por el Estado español en 2021. El sindicato había presentado una reclamación ante este órgano al considerar que la escasez de vivienda social y los elevados precios del mercado libre hacen inaccesible el acceso a un hogar para “una parte significativa de la población” y, particularmente, “para trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables como los jóvenes, los que tienen salarios bajos y las personas migrantes”.

En concreto, UGT defiende que el marco jurídico y las políticas públicas en materia de vivienda son inadecuadas e ineficaces y no van en consonancia con el mandato de la Carta Social Europea Revisada. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero lo enmarca entre los principios rectores de la política social y económica y no como un derecho “auténtico y justificable”, como reclama el sindicato.

La diferencia entre un principio rector y un derecho fundamental es que estos últimos pueden reclamarse ante los tribunales si las administraciones no lo garantizan, algo que no ocurre con el derecho a una vivienda. Además, UGT considera que la Ley Estatal aprobada en 2023 es ineficaz para resolver la crisis habitacional porque “tiene carácter programático y deja la aplicación de los objetivos establecidos a la discreción de las autoridades autonómicas, de conformidad con la distribución constitucional de competencias”. En concreto, la organización estima que “el plazo de 20 años para alcanzar un stock mínimo de vivienda pública destinada a políticas sociales, establecido en la ley, es irrazonable y carece de objetivos inmediatos medibles”.

Además del artículo 31 de la Carta Social, el sindicato considera que España vulnera otros cuatro mandatos, recogidos en los artículos 16, 17, 19 y 30. Estos se refieren a los derechos de las familias a una protección adecuada para asegurar su pleno desarrollo, que las partes se comprometen a promover, entre otras medidas, mediante la provisión de viviendas; los de los niños y adolescentes a una protección adecuada; el de los trabajadores migrantes y sus familias a una protección y asistencia, mediante obligaciones de las administraciones públicas, entre las que se menciona específicamente el alojamiento; y el de la protección contra la pobreza y la exclusión social.

El Gobierno no ha presentado observaciones sobre la admisibilidad de la reclamación de UGT, que ha sido finalmente aceptada por unanimidad. De este modo, el Comité ha invitado formalmente al Estado español a presentar sus alegaciones sobre el fondo del asunto antes del próximo 16 de febrero.