El euskera divide por primera vez a PNV y PSE-EE en el Consejo de Gobierno vasco en esta legislatura

El gabinete de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, ha celebrado este lunes la última reunión del Consejo de Gobierno antes del parón vacacional. Se ha adelantado incluso un día, del martes al lunes, con motivo del viaje oficial que emprende el lehendakari a Estados Unidos, el segundo en muy pocos meses, esta vez para participar en el festival de folclore vasco Jaialdi. Y en esta sesión ha sucedido algo que no había ocurrido nunca hasta ahora en la legislatura: los cinco consejeros socialistas se han desmarcado de sus once colegas del PNV en lo tocante a un informe de fijación de criterio sobre una propuesta legislativa sobre el euskera.

La proposición de ley que ha motivado la emisión del informe fue registrada solamente por el PNV coincidiendo con el útimo pleno antes del verano, a finales de junio. En un movimiento que desagradó al PSE-EE, con el que mantiene un acuerdo que les obliga a operar de manera coordinada en el Parlamento Vasco, los nacionalistas plantearon en solitario un ajuste de la normativa de empleo público para dar más seguridad jurídica a las instituciones locales a la hora de exigir un determinado nivel de euskera en sus convocatorias públicas y tratar de evitar recursos y sentencias judiciales desfavorables.

Ahora, el Ejecutivo formalmente emite su criterio “favorable” a que se tramite esa ley. Lo ha expuesto la consejera-portavoz, María Ubarretxena, de la parte del PNV, aunque en su introducción no ha mencionado que se tratraba de un acuerdo del Gobierno que no ha sido unánime, algo enormemente excepcional. Según Ubarretxena, la iniciativa es positiva porque “deja en manos de cada institución” la fijación de perfiles lingüísticos en función de sus necesidades.

A su lado, sin embargo, el vicelehendakari socialista, Mikel Torres, ha puntualizado a preguntas de los periodistas que tanto él como sus cuatro compañeros de partido en el gabinete, Javier Hurtado, Susana García Chueca, Denis Itxaso y María Jesús San José, no lo han secundado. “Hay cosas con las que tenemos muchísimas dudas”, ha señalado el también consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Se han abstenido, eso sí, como gesto para seguir explorando un posible acuerdo en torno a la gestión del euskera en la marco de la negociación parlamentaria. La idea es no dar sensación de “obstaculizar” la tramitación de la norma. Torres ha confiado en que puedan reencauzar esta discrepancia porque hay “bastante tiempo” para ello.

El precedente: Vivienda y vino

No ocurría un voto diferente dentro de los Consejos de Gobierno desde hace justamente dos años. Fue también a finales de julio, antes del parón vacacional. En aquella ocasión, en una misma reunión, los entonces tres representantes del PSE-EE, la vicelehendakari Idoia Mendia, Iñaki Arriola y de nuevo Javier Hurtado, votaron 'no' cuando el PNV planteó recurrir al Tribunal Constitucional la ley estatal de Vivienda, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La controversia tuvo mayor calado porque la cartera de Vivienda estaba en manos de los socialistas. Eneko Andueza llegó a comparar a Iñigo Urkullu con Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla.

Ahora es el PNV quien dirige las competencias de Política Lingüística. En esa misma sesión, asimismo, la parte del PNV planteó un pleito en relación a la diferenciación de los vinos alaveses dentro de la denominación de Rioja cuyos términos no fueron secundados por el PSE-EE, aunque aquel asunto tuvo menor eco.

Por otro lado, el Gobierno sí está de acuerdo en que la iniciativa de EH Bildu sobre el euskera, presentada un poco antes que la del PNV, no es para nada adecuada. Ha emitido sobre ella un informe “desfavorable”. Ubarretxena cree que, por muy “extenso” que sea el articulado de esta proposición de ley, en buena medida es “una reproducción o copia literal” de medidas ya en vigor. “Incurre en todos los problemas que la doctrina jurídica atribuye a la denominada 'lex repetita', con falta de justificación real de los cambios, alteración implícita de los objetivos de la ley a modificar y pérdida definitiva del contenido regulador y de la seguridad jurídica”, ha criticado la consejera. EH Bildu buscaba cambiar el paradigma y hacer que, por defecto, el euskera fuese un requisito para el empleo público, regulando las excepciones y no al revés. A juicio del Gobierno, la “proporcionalidad” es un elemento crítico fijado por la jurisprudencia en los procesos de extensión del euskera en la Administración.

El Gobierno tiene obligación de emitir estos dictámenes con cada ley que llegue al Parlamento y que no sea aprobada como tal por el Ejecutivo. Se trata de informes preceptivos pero no vinculantes, aunque suelen orientar el sentido del voto de los partidos que componen el Gobierno. Están pendientes, igualmente, los informes sobre dos iniciativas legislativas populares, una en torno a los complementos de pensiones y otra relacionada con el establecimiento de un SMI vasco más alto que el español.