Un mes de protestas vecinales en Basauri por falta de una alternativa de vivienda “digna” tras el incendio de sus casas

El pasado 31 de enero una treintena de vecinos de las viviendas 1, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa de Basauri (Bizkaia) se quedaron sin sus casas tras declararse un incendio en el que falleció un vecino que saltó de una ventana para huir del fuego. Por el momento no han podido regresar a sus viviendas porque existe un riesgo de colapso del edificio y hasta el pasado 6 de marzo han estado viviendo en un hotel que abona el Ayuntamiento de Basauri. Desde entonces, los vecinos que conforman 22 familias han salido en varias ocasiones a protestar porque consideran que no se les ofrece una alternativa de vivienda “digna” tras lo ocurrido, debido a que, después del hotel el Ayuntamiento les ofrece un servicio de mediación para encontrar vivienda y una ayuda de 2.640 euros concedidos por unidad convivencial para los próximos 3 meses, una cantidad que los afectados han calificado como “irrisoria” y que “no se ajusta a la realidad del mercado de vivienda”.

“Si bien reconocemos que el Ayuntamiento ha realizado algunas acciones para abordar esta situación, consideramos que estas son completamente insuficientes y que no han brindado una respuesta efectiva a las necesidades reales de las familias afectadas. Tras haber revisado la información proporcionada por el Ayuntamiento de Basauri, consideramos que las medidas adoptadas hasta el momento no solo son insuficientes, sino que también, evidencian una falta de comprensión de la magnitud de la emergencia habitacional que enfrentan las familias afectadas”, han señalado los vecinos en la última concentración que han protagonizado este martes en compañía de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskal Herria (AMUGE) y el Sindicato de Vivienda Batu.

Los vecinos han lanzado una serie de peticiones al Ayuntamiento de Basauri, como la revisión de la ayuda entregada. “La ayuda de 2.640 euros ofrecida por el Ayuntamiento no es suficiente para garantizar una solución habitacional digna durante los tres meses restantes de urgencia. Teniendo en cuenta, el coste de las pensiones más económicas disponibles, este importe apenas cubre 66 días de alojamiento y no los tres meses que deberían garantizarse. Por lo tanto, es evidente que la cantidad otorgada no cubre ni los gastos mínimos de una pensión ni los costes asociados a una opción habitacional en el mercado libre, como fianzas y mensualidades por adelantado. Esto deja a las familias en una situación insostenible”, han señalado, por lo que, lo que exigen es una “revisión y ampliación”. “La ayuda de 2.640 euros debe ser ampliada significativamente, con el fin de cubrir los gastos reales de alojamiento durante los tres meses completos, esto incluye los costes iniciales, como fianzas, mensualidades y honorarios de agencia en caso de optar por el mercado libre, o la cobertura total de los gastos de la pensión durante el período establecido de tres meses”, han insistido.

La situación de cada familia es diferente. En 7 de los 22 casos han aceptado la mediación ofrecida por el Ayuntamiento para conseguir otra vivienda. No obstante, denuncian que los recursos ofrecidos no son suficientes. “Las opciones de alojamiento encontradas a través del servicio de intermediación, no garantizan los tres meses de alojamiento correspondientes, lo que deja en evidencia que este servicio no está ofreciendo una solución efectiva ni duradera para la emergencia habitacional. Las familias necesitamos una solución estable y continua, no medidas temporales que solo aumentan su incertidumbre y precarizan aún más la situación en la que nos encontramos”, han denunciado.

De hecho, según han asegurado, hay algunas familias que desde que abandonaron el hotel “duermen en la calle”. “A pesar de las medidas anunciadas, hay todavía familias que aún se encuentran en la calle, sin un lugar donde vivir. Esto refleja la insuficiencia de las medidas adoptadas y la falta de compromiso real con la situación de estas. Las familias siguen sin poder recuperar la normalidad en sus vidas y sin acceso a una vivienda para el periodo de urgencia de 4 meses”, han insistido.

“Las familias afectadas deben ser priorizadas para el acceso a viviendas públicas protegidas, como medida inmediata para garantizar una solución habitacional ante la situación de emergencia”, han pedido. Además, han denunciado que muchas de estas familias están sufriendo “racismo y xenofobia”, lo que les dificulta acceder a una vivienda en el mercado libre. “Gran parte de las familias afectadas por el incendio enfrentan las consecuencias del racismo y la xenofobia, lo que agrava su situación y limita sus posibilidades de encontrar vivienda, debido a la discriminación sistemática que persiste en la sociedad y en el mercado inmobiliario, materializándose en prejuicios y estereotipos que imposibilitan sus oportunidades de alquilar una vivienda”, han reconocido.

Por último, han exigido mejoras en el servicio de acompañamiento y mediación ofrecido por el Ayuntamiento de Basauri. “Es imperativo que el Consorcio medie con el parque de vivienda público y ponga a disposición de las afectadas los múltiples recursos del Gobierno vasco. Así cómo intensificar la intermediación con el sector inmobiliario para garantizar que las familias puedan acceder a viviendas sin sufrir discriminación por razón de raza y clase y sin estar sujetas a condiciones que no pueden cumplir. Se debe asegurar un acompañamiento social continuo, personalizado y a elección de las familias, que garantice la estabilidad habitacional y el bienestar de las familias, especialmente de aquellas con menores a su cargo”, han concluido.

El Ayuntamiento contra el Sindicato de Vivienda

Desde el Ayuntamiento de Basauri informan de que “con el objetivo de ayudar” a estos vecinos “a la hora encontrar un alojamiento transitorio por razón de urgencia social” han puesto en marcha “una línea de ayudas económicas y una ventanilla única de atención, información y acompañamiento social para apoyarles y asesorarles en realización de las tramitaciones que puedan necesitar”, han detallado en un comunicado en el que culpan al Sindicato de Vivienda Batu de “incitar” a los vecinos a “rechazar las ayudas económicas”. “Los miembros del sindicato están presentándose en las reuniones que los afectados mantienen con las trabajadoras sociales interfiriendo en sus explicaciones, impidiéndoles realizar su trabajo con normalizar y obstaculizando su labor de ofrecerles información y asesoramiento”, han indicado.

“Lejos de ofrecerles soluciones reales y de prestarles la ayuda que realmente necesitan en este difícil momento, les están creando falsas esperanzas que no se van a cumplir. Estas personas no tienen derecho de realojo, pero desde Batu les están incitando a rechazar las ayudas económicas que les ofrecemos para encontrar un alojamiento transitorio, haciéndoles creer que el Ayuntamiento les otorgará una vivienda, cuando esto no sucederá. Les están vendiendo una mentira y condenándolos a una situación aún peor al rechazar las ayudas”, han declarado desde el Consistorio.

El Ayuntamiento ha explicado que, según establece el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, “se entiende por situación de urgencia social la producida por un hecho no previsto, en este caso un incendio y abre la posibilidad de ofrecer un alojamiento a personas y unidades de convivencia que requieran una estancia de corta duración para poder hacer frente a la carencia de alojamiento derivada de una situación de emergencia o urgencia social”. Sin embargo, han detallado que “esta estancia es de carácter temporal y puede prolongarse un máximo de 4 meses”, lo que en un primer momento esperaban los vecinos, pero el Ayuntamiento se escuda argumentando que “no dispone de la cantidad de alojamientos necesarios para los tres meses que restan”.

Por ello, han decidido otorgar la ayuda económica durante estos tres meses, y pasados los cuatro meses desde que ocurrió el incendio, han reconocido que “serán responsables de hacerse cargo de su propio alojamiento”. Aun así han recordado que “como cualquier ciudadano que reúna las condiciones exigidas tendrán la posibilidad de acceder al cauce ordinario de solicitud de presentaciones sociales y de vivienda ofrecidas por las instituciones si acreditan encontrarse en una situación de las contempladas por las diferentes administraciones vascas”. Y han concluido, subrayando que “de forma errónea parece haberse extendido la creencia de que existe un derecho al realojo para estas personas, cuando esa no es la realidad. El derecho al realojo es aplicable únicamente cuando las viviendas están incluidas en una actuación urbanística en ejecución, condición que no se cumple en este caso”. Desde el Sindicato de Vivienda Batu denuncian que “el nivel de criminalización” por parte del Ayuntamiento a raíz del trabajo que están realizando “como espacio de organización de vecinas” es “vergonzoso”.