Piden ante el juzgado que se investigue a los responsables de la incineradora de Gipuzkoa

La plataforma en contra de la incineradora de Zubieta GuraSOS ha solicitado una veintena de diligencias para profundizar las líneas de investigación que señala el atestado de la Guardia Civil, en el que se recoge que se realizaron pruebas en las instalaciones cuando las obras todavía no estaban acabadas y sin los sistemas de seguridad exigidos. Entre ellas, la plataforma solicita la ampliación de las personas investigadas a 17, a las que exige sumar a seis cuadros técnicos y responsables de GHK, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa; la concesionaria Ekondakin, y la operadora Ekobal.

GuraSOS se ha personado en las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 5 de Donostia como acusación popular tras haber pagado una fianza de 1.500 euros. Ahora, la asociación ha procedido a solicitar una veintena de diligencias de investigación. El objetivo es que se profundice y se extienda la investigación de la UCOMA, la Unidad central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil. De esa manera, GuraSOS solicita que se investigue el “origen” de la emisión de los cloroalcanos y metales encontrados en una anguila muerta tras el vertido a la regata de Arkaitzerreka en mayo de 2020. Además, la plataforma asegura que es la propia UCOMA la que propone esa investigación, ya que se trata de una sustancia “extremadamente tóxica” y prohibida en la Unión Europea desde el año 2004.

Por otra parte, GuraSOS ha aportado documentos que “echan abajo la coartada” de GHK, en la que afirma que la conexión del cubeto de derrames de amoniaco a la red de pluviales se ha hecho sin su conocimiento pues en el proyecto inicial el cubeto era estanco. En uno de los documentos que la plataforma hace llegar al juzgado, el informe de fin de obra, firmado el 10 de febrero de 2020 por Nagore Pañalba, directora de proyectos de GHK, se presenta el proyecto 'as built'; es decir, el proyecto final, el construido. “En ese documento que presentan ya aparece el nuevo sistema que no estaba autorizado, que es la conexión a la red de pluviales”, ha indicado Joseba Belaustegi, miembro de GuraSOS y abogado.

Asimismo, GuraSOS ha denunciado un delito de falsedad documental. Se debe a que, también en febrero de 2020, GHK presenta un certificado firmado por Gorka Natxiondo, gerente de la empresa Construcciones Moyúa, en el que certifica que “las instalaciones el 10 de febrero están construidas, cosa que la Guardia Civil descubre en agosto que no es verdad, y que están equipadas en conformidad con el proyecto presentado”. “Pedimos la imputación de esta personas por un delito de falsedad documental, porque es obvio que en febrero de 2020 las obras no están terminadas”, ha señalado Belaustegi. Para afirmar que existe tal delito, GuraSOS también ha aportado al juzgado otro documento, el acta de fin de obras firmado el 10 de diciembre de 2020. “A fecha de hoy —10 de diciembre— se han completado los trabajos pendientes”, oficializa GHK en él.

Además, ha solicitado que se investigue el “beneficio económico que ha obtenido la concesionaria Ekondakin con la modificación del contrato y la puesta en funcionamiento anticipada”, que la plataforma cifra en más de 46 millones de euros. Las demás diligencias de investigación que ha pedido GuraSOS concuerdan con las que recoge la Guardia CIvil, como el estudio de la situación administrativa en el momento de los hechos; es decir, si alguna administración había dado el permiso de comenzar a incinerar, pues las penas de prisión “son mayores si no se cuenta con autoridad administrativa previa”.

Por todo ello, GuraSOS ha exigido, finalmente, que se amplíe el número de personas investigadas de 11 a 17. “Hasta ahora solo se estaba investigando a los pececillos, los operarios, camioneros o jefes de turno. Ahora pedimos que se investigue a los peces gordos para que no escapen”, ha afirmado Belaustegi. Así, la plataforma pide que se investigue a Víctor Guindo, gerente y director de operaciones y mantenimiento de Ekobal; Santiago Barba, apoderado y director técnico de Ekondakin; Jon Ocio, director facultativo de la obra; Nagore Pañalba, directora de proyectos de GHK; César Gimeno, director general de GHK y responsable del contrato del proyecto, y Gorka Natxiondo, gerente de Construcciones Moyúa. Además, ha solicitado también la imputación de Ekondakin y Ekobal.

La UCOMA realizó una investigación sobre un vertido de amoniaco ocurrido en mayo de 2020 en la regata de Arkaitzerreka que causó una “gran mortandad de peces y animales de gran tamaño” y descubrió que en marzo de ese mismo año hubo otro vertido de un “riesgo potencial similar”. Entonces, la plataforma determinó que el origen de este accidente químico era el funcionamiento de la incineradora cuando todavía no estaban terminadas las obras y sin “los sistemas y garantías de control de contaminación y seguridad industrial” necesarios. En concreto, denunció la puesta en marcha de la planta sin la efectividad de la Autorización Ambiental Integrada, los sistemas de seguridad para evitar vertidos ni los controles ni mediciones exigidos.