Salud confirma que una opositora de Cirugía Plástica en 2018 renunció tras haber hecho el examen

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, confirma en el Parlamento Vasco que una opositora del examen de Cirugía Plástica de la OPE de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Thais Salas, “solicitó la renuncia” tras haber realizado el examen. No concreta, eso sí, si eso vino después de que se conociera que tuvo una nota muy elevada, que el autor de parte de las preguntas era un pariente, Alfredo Martínez Flórez, y que dos altos cargos se reunieron con ella y con Martínez Flórez para forzar esa renuncia sin que el asunto trascendiera, como se ha conocido en las últimas semanas.

Un juzgado de Vitoria investiga decenas de exámenes de esa OPE -que ofertaba plazas vacantes de 2016 y 2017- ante la sospecha de que se produjeron filtraciones. En pruebas difíciles han aparecido notas altas y habitualmente coincidentes con personas cercanas a los autores del cuestionario. Además, en algunos exámenes que han aparecido hay coincidencias de orden, de redacción y hasta de errores.

Y uno de ellos es el de Cirugía Plástica. Salas y Martínez Flórez están imputados y han declarado este mes de julio. En su caso, según ha denunciado el sindicato LAB, que ejerce de acusación como ESK, un testigo ha explicado las vicisitudes de lo que ocurrió después de tres años y tres comparecencias. Ese testigo es el secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Fulgencio Aledo. Con el propósito manifiesto de configurar una oposición garantista, Osakidetza encomendó al IVAP la realización de parte de las pruebas. Pero, al no disponer de médicos especialistas, pidió que Osakidetza le indicara quiénes serían las personas que iban a poner las preguntas. Según explicó en sede judicial Aledo, él y el responsable de Recursos Humanos de Osakidetza participaron en las reuniones para la renuncia de Salas.

A preguntas de EH Bildu en el Parlamento, la consejera Sagardui indica que a Osakidetza le constan tres escritos de renuncia de Salas, sin más explicaciones. Son un correo electrónico, un escrito en Correos y otro registrado en su organización sanitaria, la OSI Donostialdea. La Administración aceptó la renuncia e indicó al tribunal que la excluyera de los listados, como así ocurrió. Asimismo, la consejera de Salud indica que se colaboró con el IVAP en la OPE de 2018 para buscar “las adecuadas cotas de agilidad, transparencia y calidad del servicio público”, lo que incluía no solamente la supuesta confección de algunas pruebas y su custodia sino “la prestación de colaboración en cualquier fase del proceso selectivo”.

No es la única iniciativa de EH Bildu, ya que la portavoz en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha solicitado ya la comparecencia del director del IVAP, Egoitz Laburu. Laburu accedió al cargo hace unas semanas en sustitución de Maite Iruretagoiena, responsable durante la OPE de 2018 y superior de Aledo. El Gobierno negó cualquier vinculación con este caso. “Hay indicios de que la dirección del IVAP ocultó información relevante al juzgado que investiga las irregularidades de la OPE de Osakidetza para proteger a algunas de las personas supuestamente implicadas en ese caso”, argumenta Ubera.

Entretanto, la consejera Sagardui, en una entrevista con este periódico, subrayó que la colaboración de Osakidetza con la Justicia en este caso es “máxima”. “Osakidetza colabora con la Justicia, como siempre ha colaborado y como siempre colabora el Gobierno. No hay otra postura por nuestra parte, sino una colaboración máxima con la Justicia”, remarcó. Además, insistió en que los exámenes investigados por irregularidades “representan 237 plazas sobre un total de 3.355”. “3.355 plazas distribuidas en 99 especialidades con 72.734 personas presentadas a ese proceso. Hay 68 categorías finalizadas, tenemos 13 suspendidas y el resto continúa su ejecución. Hay 13 que, como le digo, se encuentran suspendidas porque están judicializados y ese proceso sigue su curso. La Justicia tiene que trabajar. Dejemos que lo haga”, explicó Sagardui.