Zaldibar Argitu seguirá “luchando” para saber qué sucedió en el vertedero y depurar responsabilidades

La Plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han anunciado que seguirán “luchando” para saber lo que sucedió en el vertedero y depurar responsabilidades. En este sentido, han recordado que se presentan como acusación popular contra Verter Recycling por delito ambiental, según recoge Europa Press.

Los tres responsables de la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldibar en el que murieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán como consecuencia del corrimiento de tierras ocurrido el 6 de febrero de 2020, han pactado con la Fiscalía y las familias de los fallecidos una condena de dos años de prisión por el homicidio imprudente de los dos trabajadores, con lo que evitarán la cárcel, según han confirmado este viernes fuentes de la empresa.

Uno vez conocido el acuerdo, la Plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han afirmado que seguirán “luchando hasta saber lo que pasó en Zaldibar y depurar todas las responsabilidades”. Tras indicar que respetan y entienden la decisión de la familia de llegar a un acuerdo, “después de sufrir un año y medio muy duro”, han manifestado no obstante su compromiso de “no dejar que se olvide lo ocurrido y de depurar responsabilidades”.

En este sentido, han denunciado “la forma en que se ha llevado a cabo el caso” y han recordado que el pasado mes de julio Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales fueron excluidos de formar parte como acusación popular en el procedimiento contra los derechos de los trabajadores. “Entonces denunciamos que no había ninguna razón jurídica para ello. Es sospechoso que esa exclusión se haya producido en el mismo momento en el que se negociaba el acuerdo con la Fiscalía. Si nos hubieran admitido como acusación popular no sabemos qué hubiese ocurrido, pero para llegar a un acuerdo hay que hablar con todas las acusaciones, de modo que tendrían que acordarlo también con Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales”, han sostenido.

Ambas entidades han criticado que, en apenas un mes, se haya cerrado un caso de los juzgados y el propio vertedero y creen que “parece que estaba bien organizado hacerlo todo rápido y además durante las vacaciones”. “Esto también suele ser una artimaña muy utilizada por el Gobierno vasco cuando no interesa sacar mucho ruido. A la vista de lo sucedido, queremos denunciar firmemente estos hechos. Han estado obstaculizando la participación y el conocimiento de la verdad de la ciudadanía”, han acusado.

No obstante, han recordado que si bien lo relativo al delito contra los derechos de los trabajadores se cerrará tras el acuerdo alcanzado entre las partes, todavía falta juzgar si ha habido delito medioambiental y, en ese caso, han recordado que se presentan como acusación popular. “Desde el principio asumimos el compromiso de aclarar lo ocurrido en Zaldibar y depurar todas las responsabilidades, también las políticas. Y lo seguiremos haciendo para que se sepa la verdad y se haga justicia”, han finalizado.