Almeida cambia sus planes de movilidad preocupado por el aumento del uso del coche tras el coronavirus

El Ayuntamiento de Madrid está “preocupado” por la rápida recuperación del vehículo privado según se avanza en la desescalada. La corporación dirigida por José Luis Martínez-Almeida cuenta con que hasta el 13% de los usuarios de transporte público pasará al coche, que ha vuelto a tomar las calles de la capital. La calidad del aire, tras dos meses de registros sin precedentes de baja contaminación, es de nuevo “regular”, según las estaciones municipales de medición.

El Gobierno municipal que llegó al Palacio de Cibeles hace un año con la promesa de suspender la zona de bajas emisiones –“con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo”, rezaba su propaganda electoral– está empezando a tomar medidas que suponen un vuelco a su estrategia inicial de defender el coche y que pueden echar por tierra sus planes de suavizar las restricciones de Madrid Central en los próximos meses. Si la Cumbre del Clima celebrada en la capital le forzó a cambiar radicalmente el mensaje, el coronavirus está empujando las políticas.

En la última semana, el alcalde ha anunciado una ampliación provisional de 42 kilómetros de carriles bus, aplaudida por la oposición y las organizaciones por la movilidad sostenible; ha pedido a la población reiteradamente que use el transporte público como la “mejor opción” para moverse por la ciudad, y ha dejado sujeto a las negociaciones con el resto de partidos para un pacto municipal su proyecto –a estas alturas endeble por contar con la oposición de Ciudadanos– de permitir entrar más coches a Madrid Central. “No queremos anticipar decisiones que afectan al modelo de ciudad y deben ser tratadas ahí”, dijo el regidor. Este miércoles, el Gobierno municipal ha autorizado también el desembarco de 4.800 bicicletas eléctricas de operadores privados, que competirán con BiciMad (el sistema público). El número total de vehículos se habrá triplicado a finales de año.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad –y su mano derecha en el proyecto para suavizar las restricciones del área de bajas emisiones– alertó hace dos semanas en la comisión del ramo de que ya se había recuperado al 50% el uso del vehículo privado en la ciudad frente a un crecimiento mucho más lento del transporte público. “O todo pivota sobre la idea de que el transporte público es seguro o no tendremos capacidad para dar solución a las necesidades”, advirtió Borja Carabante.

Hoy la situación se ha agravado. La recuperación de la libertad de movimiento en la ciudad ha apuntalado la tendencia: el desplome del uso del coche privado de hasta el 78% se ha estrechado hasta el 40% actual. Lo que quiere decir que seis de cada diez vehículos han vuelto a circular por la M-30 (autovía de circunvalación que rodea la almendra central de Madrid). Cinco de cada diez también han retomado sus rutinas circulatorias dentro de la ciudad, según los datos de tráfico del Ayuntamiento, actualizados a 29 de mayo.

Al transporte público, sin embargo, le está costando más arrancar y aún está en niveles de pérdidas de viajeros de entre un 70 y un 80%. Ha pasado también en otras ciudades. La caída se mantiene en torno al 75% en la Empresa Municipal de Transportes, en Metro y en Cercanías, pese a que la demanda ha crecido con más brío con la fase 1, según se desprende de las cifras diarias del Consorcio Regional de Transportes. Los autobuses municipales han rebasado por primera vez desde la declaración del estado de alarma los 400.000 usuarios, lo que supone un 18% más que el mismo día de la semana pasada.

El mensaje del Consistorio está enfocado en promocionar el transporte público y romper con la “estigmatización” de su uso por la creencia de que, al ser colectivo, no es seguro. Los focos de contagio localizados durante estas primeras semanas de desescalada se han producido como consecuencia de fiestas (Córdoba, Lleida...). En Japón, por poner otro ejemplo, la búsqueda de estos focos han conducido a bares pero en ningún caso al transporte público. “Es obvio que se ha producido una estigmatización del uso del transporte público. Nos preocupa el repunte en la utilización del vehículo privado”, aseguró el alcalde a principios de mayo.

Hay un dato favorable. Y es que, como pasó en la crisis de 2008, los periodos de menos actividad económica, como este, también generan menos desplazamientos. El Ayuntamiento cuenta con que el número de desplazamientos totales en la ciudad en la etapa previa a la COVID, unos 10 millones, van a reducirse casi un 20% porque “la actividad empresarial no se va a recuperar de inmediato”. Esto supone, ha dicho Carabante, volver a niveles de la crisis de 2008.

La estrategia de movilidad del Gobierno municipal se truncó con la primera decisión tomada al llegar al poder, en junio de 2019. Un juez frenó la moratoria de multas decretada en Madrid Central y obligó al Consistorio a elaborar en dos meses un plan, Madrid 360, que daba parcialmente respuesta a la promesa electoral fallida por la acción de los tribunales.

Madrid 360 incluye la relajación de restricciones en el área de bajas emisiones para permitir el paso de los vehículos C –ahora sin permiso salvo excepciones– altamente ocupados. Antes de la epidemia, los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, estaban en desacuerdo sobre esta medida. El grupo municipal liderado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, manifestó pocos días antes de las elecciones de noviembre que se oponía al recorte de Madrid Central: lo anunció verbalmente, votó contra la medida en el Pleno y amenazó después con hacer caer la modificación de la ordenanza necesaria para ponerlo en práctica. Ahora, la iniciativa podría decaer por completo tras la epidemia.

Por otro lado están las suspicacias de Bruselas ante los planes del Ayuntamiento. Unas semanas antes del estallido del coronavirus, Almeida encadenó anuncios verdes –como la creación de dos líneas de autobús gratuitas– para allanar un viaje previsto que finalmente no se pudo realizar por la epidemia para presentar el plan Madrid 360 ante las instituciones europeas. Era el modo de sacudirse de la mala imagen, en cuanto a compromiso medioambiental, que ha acompañado al Ayuntamiento desde el inicio del mandato y que ya se intentó cambiar durante la Cumbre del Clima. Tras la suspensión de las multas por entrar en Madrid Central (que solo duró una semana), la Comisión Europea reactivó el expediente de España y lo envió a los tribunales. La implantación de la zona de bajas emisiones, impulsada por la anterior corporación municipal, había concedido a Madrid una prórroga.

Ahora, el consistorio, a la espera de que la justicia europea juzguen a España por la contaminación de Madrid y Barcelona, concentra sus esfuerzos en evitar que haya más coches y se generen de nuevo niveles ilegales de polución. La contaminación se ha reducido a la mitad durante el estado de alarma. Este lunes, el Ayuntamiento volvió a activar el Servicio de Estacionamiento Regulado, suspendido desde que se declaró el estado de alarma para facilitar el movimiento de sanitarios y desplazamientos imprescindibles, como una medida más para desincentivar el coche. El equipo municipal de concejales del PP considera que el Gobierno ha sido injustamente tratado por el resbalón de julio con la moratoria de multas y trata de remontar esa imagen.

Con todo, Madrid está muy por detrás de muchas ciudades españolas y europeas en las medidas para favorecer al peatón y a la bicicleta, como marcó el Ministerio de Transición Ecológica a los ayuntamientos. El Gobierno municipal va a multiplicar, a través de la iniciativa privada el número de bicicletas eléctricas en alquiler pero no dota de nuevos espacios para que circulen, ni siquiera de forma provisional, frente al despliegue de carriles bici en París o, en menor medida, en Barcelona. Las peatonalizaciones, por otra parte, solo están acotadas a los fines de semana y los festivos mientras otras ciudades las mantienen a diario. La oposición sigue considerando, pese al buen tono con el Gobierno de Almeida, que el ayuntamiento está actuando de manera “timorata” y “parca”, en palabras de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

El asunto de la movilidad y la redistribución del espacio público, crucial para la ciudad pos-COVID, será uno de los ejes centrales de las negociaciones entre los partidos a nivel municipal para alumbrar un pacto de reconstrucción en la capital.