Los monitores educativos también marchan el 22M: “Seguimos en lucha porque seguimos sin nada”

“La realidad es, por desgracia, que las soluciones aún no han llegado”. Lo dicen los monitores de apoyo administrativo, que desde el pasado otoño se vienen movilizando al quedar excluidos del nuevo proceso de selección planteado por la Junta tras varios años subcontratados en precario. Encierros, protestas, demandas judiciales... Siguen en lucha. Y por eso participarán este sábado 22 de marzo en una particular Marcha por la Dignidad en Sevilla. Su objetivo no ha variado: poder aspirar a recuperar su puesto de trabajo.

Los monitores reclaman la aplicación de los cuatro puntos de la Proposición no de Ley (PNL) aprobada en el Parlamento el pasado 20 de febrero (ver más abajo) y que pasa por buscar una solución para el conflicto de estos trabajadores, incidiendo en que el Estatuto de Autonomía garantiza un empleo digno y la negociación de soluciones, además de que también garantiza una educación pública de calidad y con recursos “en un momento en el que más de 300 colegios públicos de Andalucía no tienen administrativos a casi mitad del periodo de preinscripciones y el personal que se ha incorporado en estos día en el resto de los que llevaban casi cinco meses sin cubrir vienen en la mayoría de los casos sin experiencia”.

A través de otro encuentro acordaron una reunión con la Comisión de Educación en el Parlamento, mantenida con Elia Maldonado, la secretaria general Técnica de la Consejería de Educación, acompañada de Francisco Menacho, portavoz del PSOE en este ámbito y otros dos diputados, donde se les anunció un proceso de acreditaciones para la obtención del certificado de profesionalidad que les permita el acceso a todos los que no poseen el titulo especifico exigido, bien a través de un proceso general, como solicitaba CSIF, bien mediante un específico conveniado, exclusivo para el colectivo de monitores. La Junta, en este sentido, puso de nuevo la solución en manos de sindicatos, “a los que acababa de echar de la reunión”, denuncia el colectivo, que insiste en “la falta de voluntad del Gobierno en la búsqueda de soluciones”.

Una vez aprobada la citada PNL, uno de los compromisos que arrancaron en una reunión posterior convocada por la Junta de Andalucía con representantes de CC.OO y UGT, y de las consejerías de Hacienda y Administración Pública, y Educación, Cultura y Deporte, fue la modificación del Plan de Choque en cuanto a su duración, que será hasta 30 de septiembre. De este modo la Junta se comprometió a reducir el tiempo a siete meses, en lugar de un año, para estudiar una nueva formula de contratación a partir de octubre.

Dicha reducción la han aplicado ya en los contratos de los seleccionados que están trabajando ahora en los colegios, si bien no se sabe qué va a pasar a partir de octubre. La voluntad del Gobierno, según le han insistido, es buscar la formula para reconocer la experiencia en el puesto y el tiempo trabajado. Fuentes de la Consejería indican que los nuevos monitores de apoyo son los demandantes de empleo que cumplían los requisitos y que han sido enviados por el SAE de acuerdo a la oferta. “Se han incorporado en el 70% de los centros y los restantes lo harán de forma inmediata”, añaden, apuntando que es Función Pública quien autoriza e inscribe las autorizaciones y los contratos.

La plataforma de afectados mantuvo un par de encierros, en la Catedral de Sevilla y en el CEIP Clara Campoamor de Bormujos. “Estuvimos frente al Teatro de la Maestranza en la entrega de medallas del 28F, estuvimos en las manifestaciones del día de la mujer y estaremos el día 22 en Sevilla, con una marcha desde San Jerónimo a la Setas”, indican.

Los monitores afectados apuntan que los puestos que no se han cubierto “no se van a cubrir de momento ya que han quedado desiertos debido a otra pésima gestión del SAE, que ha llamado a tres candidatos por colegio sin tener en cuenta la cercanía y ofreciendo contratos de 8 horas en localidades muy distantes, lo que ha provocado que los candidatos renuncien a ocuparlos”.

La plataforma asegura que la Junta tendrá que hacer una oferta de empleo para cubrir estos puestos, lo que llevará un tiempo durante el cual “los centros deberán asumir de carga burocrática en tanto que tienen personal laboral a jornada completa ni siquiera se plantean la posibilidad de echar una mano a la tramitación de las preinscripciones del centro vecino aunque esté desbordado”.

Una de las portavoces del colectivo, Virginia Vázquez, lamenta la “injusticia con los centros y con las familias”. “Seguimos en lucha porque seguimos sin nada. Y porque nos sigue doliendo ver cómo se desmorona el centro que hemos mimado tantos años dedicándole horas mal pagadas y otras muchas sin pagar para que todo funcionara lo mejor posible. La Administración demuestra una vez más que no es capaz de gobernar con sentido común. Se escudan en la legalidad. Y digo yo, si las leyes perjudican el funcionamiento de la educación pública, si permiten la discriminación entre centros y no permiten a los trabajadores reclamar sus derechos, ¿quién se supone que tiene que proponer cambiar las leyes?”.

Los juicios

Todos los juicios planteados por los afectados hasta ahora han sido aplazados por unos o por otros pero, mayormente y según la plataforma, por la Junta de Andalucia, “que presenta alegaciones días antes solicitando nuevas pruebas y testigos que requieren de un plazo para ser notificados, lo que deriva en la suspensión y aplamiento del juicio en cuestión”. Así “van diez de diez”, denuncia la plataforma, que insinúa “una estrategia” de la Administración.

Una de las medidas de presión que están llevando a cabo es la de hacerse visibles en cualquier acto de la presidenta de la Junta, del consejero de Educación o de algunos de los delegados provinciales. En una ocasión reciente pudieron entregar a Susana Díaz una carta y la mencionada la PNL.