El Gobierno de Murcia duplicó el precio de la tierra vegetal contaminada con la que selló el depósito minero de El Lirio

El Gobierno de la Región de Murcia pagó un total de 559.302 euros por la tierra contaminada por metales pesados y residuos tóxicos que empleó para sellar el depósito minero de El Lirio, en Cartagena. La cifra se sitúa por encima del doble de su importe inicial, presupuestado en 252.000 euros, en lo que debía ser según los pliegos técnicos un material limpio. Así consta en la documentación aportada por la Consejería de Medio Ambiente al Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad portuaria tras la orden de la magistrada que investiga el sellado de la instalación minera, ejecutado en 2024 por el Ejecutivo autonómico y la empresa pública Tragsa.

La justificación esgrimida por la administración murciana sobre el coste de la tierra vegetal, de un 122% más con respecto a lo que en un principio estaba previsto, se basa en el incremento del volumen que finalmente se compró, 55.000 toneladas en lugar de 35.000.

Estas variaciones de precio y volumen de la tierra, de una envergadura significativa, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia con posterioridad a su suministro. Fuentes jurídicas consultadas por este diario califican esta actuación de inusual, ya que toda modificación sustancial del coste de un contrato público debe someterse a los controles administrativos con carácter previo a su ejecución. Asimismo, añaden, la ley de contrataciones del sector público no permite modificar un contrato por encima del 50% de su importe original sin volver a sacar a concurso una licitación.

El material tóxico costó a las arcas públicas, sin que se volviera a licitar, un 9% del total de los trabajos de restauración ambiental de El Lirio, que alcanzaron los 6,2 millones de euros, y que contaron con una subvención de cuatro millones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como con 843.000 euros procedentes de la Unión Europea.

Dos partidas de tierra vegetal

Tragsa adjudicó en 2021 35.000 toneladas de ‘tierra vegetal de primera calidad’ a la mercantil González Soto S.A., una constructora que en los últimos tiempos es contratista habitual de la empresa pública, por 209.300 euros. La tierra fue suministrada entre los meses de febrero y julio de 2024, aunque con una gran variación en el volumen: en las certificaciones firmadas por Medio Ambiente y por Tragsa consta una primera partida de 33.000 toneladas por la que se abonaron 338.158 euros, y otra de 22.000 toneladas que costó 221.144 euros.

Una fuente cercana a los trabajos de descontaminación de El Lirio, que ha colaborado en su ejecución, explica que es usual que “en este tipo de obras tan grandes” se den “aumentos de cantidades de materiales y precios”, aunque “siempre con un motivo justificado previo, y con oscilaciones más pequeñas”. “Nunca he visto que se dispare un precio hasta más del doble del inicial”, añade.

La tierra vegetal, que según los pliegos técnicos debía ser limpia y saludable para completar la remediación ambiental del depósito minero, fue el único árido de las obras que aumentó en un porcentaje tan alto. Dadas las condiciones de contaminación que presentaba y presenta, con valores de metales pesados como plomo, arsénico y manganeso que superan con holgura los umbrales de seguridad establecidos en la Región de Murcia, y con cientos de escorias de la fundición del plomo, que liberan tóxicos con el paso del tiempo, ésta carecía, en realidad, de valor comercial alguno.

El Gobierno regional no ha dado respuesta a las preguntas planteadas por este diario para recabar su versión.

Proyecto modificado a posteriori

La modificación del proyecto donde se debía acreditar el incremento del importe y el volumen de la tierra vegetal llegó meses después de haberla comprado, en septiembre de 2024, cuando las obras ya estaban prácticamente concluidas. El nuevo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región el 31 de octubre. En él, entre otros motivos, se aduce que la superficie del terreno a descontaminar era mayor de la prevista. La tierra ya se había distribuido entre febrero y julio.

Con el suministro en marcha, en marzo de 2024, se hizo una modificación oficial del contrato licitado a González Soto. En ella se alzó el precio de la tierra hasta situarlo en 313.950 euros, una cifra aún lejos de los 559.302 a los que acabó ascendiendo finalmente. Fuentes de Tragsa consultadas detallan que “fue necesaria la modificación del espesor del perfil de la tierra vegetal durante la ejecución de los trabajos”. En el informe pericial aportado por la compañía estatal en el juzgado, donde aparecen más de un centenar de análisis que revelan su contaminación, no se menciona en ningún momento que el precio del material se incrementara.

Contaminación conocida por los responsables

El Gobierno regional y Tragsa conocían, además, antes de aumentar el gasto, que la tierra vegetal contenía una cantidad muy elevada de metales pesados. Valores de ensayos en origen encargados por la propia empresa pública en febrero de 2024 indican hasta 767 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo y 36,1 de arsénico, ambos muy por encima del proyecto de decreto de Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la Región de Murcia para la declaración de suelos contaminados del año 2025, que fijan máximos admisibles de plomo en 115 mg/kg y límites seguros de arsénico en 13. Éste último metaloide incluso superaba umbrales industriales. Asimismo, de las muestras tomadas por Tragsa tras la finalización de las obras, el 94% presenta concentraciones de plomo por encima de lo legal.

Expertos en edafología y suelos contaminados de la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona concluyeron en declaraciones a este periódico que esa tierra “no puede utilizarse bajo ningún concepto en un trabajo de restauración ambiental”, y que debería declararse como “potencialmente contaminada” y retirarse del sellado de El Lirio a la mayor brevedad. El material aceptado por técnicos y responsables de las obras contiene también, aparte de escorias de la fundición del plomo, restos de asfalto, ladrillos, losas, fragmentos metálicos y plástico.

Esta realidad contrasta con la versión aportada por la fuente vinculada a las obras a la que ha consultado este diario. “Desde el primer día, antes de su suministro, —Tragsa—fue muy escrupulosa con los materiales. Llevaba muestras a laboratorios, iba al origen a inspeccionar la calidad, cualquier detalle, por mínimo que fuera. Comprobaba los camiones cuando se transportaban, los pesaba. Todo estaba controlado. Es imposible que se pasara por alto un material tóxico con esos valores, y con residuos físicos visibles en la tierra”, relata.

En los pliegos técnicos, donde se menciona que la tierra vegetal debe ser “de primera calidad”, la mercantil estatal se compromete a “controlar tantas veces como sea necesario la correcta elaboración del material”, y se reserva la potestad de rechazarla “cuando así lo aconseje la experiencia local y cuando mediante la inspección visual no cumpla con lo descrito”.

Un negocio de millones de euros

Pese a la instrucción judicial de El Lirio, González Soto S.A., según han confirmado a este diario fuentes de la propia empresa, sigue siendo contratista de Tragsa para aportar áridos en las descontaminaciones de otros vertederos mineros que se están ejecutando actualmente en la zona de Cartagena y La Unión. La constructora ganó en agosto de 2025 una licitación de 3,2 millones de euros para suministrar áridos en el depósito de El Descargador, y participa junto a varias mercantiles en otro contrato de siete millones, formalizado en febrero de 2025, para el acopio de material, tierra vegetal incluida, en instalaciones mineras de la pedanía de Llano del Beal.

En la actualidad, según ha podido comprobar esta redacción, hay camiones de González Soto que acuden con frecuencia a las obras de El Descargador repletos de material. En los pliegos técnicos de dicha restauración ambiental, redactados también por Tragsa, constan valores máximos de metales pesados a los que deben ajustarse los áridos y limita la calidad de la tierra vegetal al Real Decreto 867/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, que sitúa el tope de plomo tolerable en un terreno en 45 mg/kg. Este tipo de información no aparece en los pliegos de El Lirio.

Riesgo ambiental

El sobrecoste económico de la tierra tóxica de El Lirio fue de 327.302 euros respecto a lo proyectado. El coste ambiental, en un entorno protegido por la Red Natura 2000, dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y regulado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Región de Murcia (PORN), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, puede ser mayor.

En los documentos aportados al juzgado, el Ejecutivo murciano defiende la calidad de las obras bajo la premisa de que el suelo de El Lirio está sometido a un uso de tipo industrial al tratarse de una antigua instalación minera. Se da la circunstancia de que los NGR industriales son mucho más laxos, de modo que los metales pesados de la tierra vegetal estarían por debajo de ellos. Esta premisa choca frontalmente con el acuerdo rubricado entre la propia Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años. Esta condición fue imprescindible para financiar y hacer posible las obras.

Lo que el Gobierno autonómico calificó como “la mayor restauración ambiental minera de España” ha derivado en una causa judicial abierta que investiga indicios incriminatorios contra la administración regional y Tragsa, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de malversación de fondos públicos.