Una histórica activista ecologista y anticapitalista se enfrenta al desahucio en una vivienda del Ayuntamiento de Madrid

La vida de Paca Blanco ha sido una batalla constante por proteger el medio ambiente y la calidad de vida a su alrededor. Militante de Anticapitalistas y muy activa integrante de Ecologistas en Acción, es una de las grandes figuras del movimiento antinuclear en el país. Natural de Extremadura, hace unos años se vio obligada a abandonar la localidad de El Gordo debido a la presión política y de sectores reaccionarios por su oposición al resort de lujo Marina de Valdecañas, cuya construcción acabó paralizada en los tribunales por irregularidades normativas y por su impacto natural. Encontró refugio en Madrid, en una vivienda adjudicada a su hijo por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Una década después, a sus 77 años, se encuentra inmersa en un nuevo conflicto: el desalojo de su propia casa.

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha enviado a Paca una orden de desahucio, a pesar de sus intentos por regularizar su situación legal en relación con la titularidad de la vivienda, situada en el barrio de Adelfas del distrito de Pacífico. Cuando su hijo se marchó, intentó subrogarse en el contrato de alquiler, pero la entidad dependiente del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no le ha permitido pagar el alquiler social correspondiente y regularizar su situación. “El Ayuntamiento de Madrid se lo ha negado durante años, y el último año, cuando ha podido pagarlo, lo ha hecho, pero no la han reconocido como inquilina de la vivienda pública por la que envía una renta cada mes”, lamentan fuentes cercanas a la afectada.

Desde EMVS defienden su intervención: “Las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños sujeto a una normativa y un reglamento cuyo cumplimiento tiene la obligación legal de velar. La empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años, sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”. En esos casos, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal. Sobre una posible irregularidad en la subrrogación de este caso, apostillan que ”en términos generales, solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación“.

“Una de las miles de historias de la precariedad”

“Paca es una de las miles de historias de precariedad: una mujer que ha trabajado toda su vida, se ha entregado a luchas ecologistas y sociales y ha sacado adelante a cinco hijos. Una mujer con una actividad social de primer nivel y que tiene el reconocimiento de sus compañeras en Madrid, en Extremadura y en todo el Estado español”, destaca una nota de prensa promovida por Anticapitalistas.

En los últimos años, la activista se ha convertido además en un referente por la memoria de la represión soportada por las mujeres durante el franquismo: sufrió el internamiento en el Patronato de la Mujer de la dictadura, donde miles de niñas y mujeres fueron encarceladas y torturadas sin proceso ni defensa, donde se robaron niños y se intentó disciplinar a las mujeres de las clases más desfavorecidas. Así lo relata en sus recientes memorias, Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción).

“Otra vez las instituciones intentan doblegar a Paca, arrebatándole su hogar y empujándola a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores”, critcan desde Anticapitalistas. “Paca representa a los colectivos de vivienda, al ecologismo, a la lucha antinuclear y a la lucha política. Ahora, esos mismos colectivos y luchas exigen que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y una vida decente para todas las personas”, concluyen.