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Andalucía reclama que los 33 millones recaudados por tasas judiciales financien la justicia gratuita

Ruiz-Gallardón había vinculado el pago de tasas en la Justicia a reforzar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Ministerio de Justicia alega que "no existe la obligación presupuestaria" de aplicar toda la recaudación a un solo gasto y que tan solo asumirá los incrementos derivados de la ampliación de beneficiarios por la nueva Ley de Justicia Gratuita.

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón / EFE.

El dinero que el Gobierno central recauda con las tasas judiciales (es decir, el hecho de tener que pasar por caja para acudir a los tribunales de Justicia) no está revertiendo en Andalucía. Ni en ninguna comunidad autónoma. Al menos, de momento. De los 316 millones ingresados en 2013 por el Gobierno central en toda España, Andalucía lamenta no haber visto "ni un euro" de los 33 millones recolectados en la comunidad autónoma por este nuevo tributo. La Junta reclama que el Estado destine esas cantidades a financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita.

Y el Gobierno andaluz no lo pide porque sí. Lo pide porque representantes del Ejecutivo central, incluido por supuesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han dicho en varias ocasiones que la recaudación obtenida por las tasas judiciales, aprobadas en noviembre de 2012 y con varios recursos pendientes en el Tribunal Constitucional, iba a reforzar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita

Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior, quiere que los 33 millones recaudados en Andalucía sufraguen la justicia gratuita, que soportan actualmente las comunidades autónomas en solitario. Como también denuncia que el Ministerio no haya respondido a la petición unánime de todas las regiones en ese sentido, tal y como se planteó en la última conferencia sectorial de Justicia. País Vasco también se ha levantado ya en contra de esa política ministerial, como lo ha hecho Madrid. Los abogados, por su parte, también están en pie de guerra contra las tasas.

El Gobierno central, que aprobaba el pasado febrero el proyecto de Ley de Justicia Gratuita con la ampliación de sus beneficiarios, se escuda en que con el dinero recaudado por tasas judiciales se cubrirá "los sobrecostes que tengan que asumir las comunidades por ofrecer este servicio", indican fuentes del Ministerio, que añaden que "no existe la obligación presupuestaria de aplicar toda la recaudación por ese concepto a un gasto determinado, como la justicia gratuita, y sólo a este gasto, ya que no existe la afectación de ingresos para esta finalidad".

Vinculación a medias

Explican desde el Ministerio que en la propia Ley de Tasas se habla de tasa judicial "vinculada" al sistema de justicia gratuita porque "lo que se pretendía en momentos de crisis de los servicios públicos era garantizar un servicio esencial, que no sufriera la dinámica o la presión de gasto que pudieran recibir las comunidades autónomas y el Estado". De este modo, el objetivo era que "el incremento de gasto que causaran los cambios normativos y el coste efectivo real de la justicia gratuita en España estuvieran garantizados y cubiertos por la recaudación de las tasas judiciales".

Así, el planteamiento del Ministerio de Justicia es el de asumir con cargo a los recursos generados por las tasas judiciales tan solo esos incrementos que pudieran ser imputables a la nueva regulación, derivados fundamentalmente de la elevación de umbrales y de la inclusión de las víctimas especialmente vulnerables entre los beneficiarios.

Pero el consejero de Justicia ha insistido recientemente en el Parlamento en que la ampliación de cobertura de la justicia gratuita a nuevos grupos supone "un aumento de los recursos financieros" para su atención que el Ministerio de Justicia "no está aportando". De hecho, el Ministerio lo confirma ya que, según detallan, a lo largo de 2014 se analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013, y ya "en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 se recogerá los importes a abonar a cada una de ellas".

De Llera advierte de la "asfixia económica" a la que la nueva ley va a someter a las autonomías y anuncia que desde Andalucía se seguirá luchando por garantizar el derecho de la ciudadanía a la justicia gratuita y trabajará por remover cualquier obstáculo de naturaleza económica que pudiera impedir el ejercicio de este derecho fundamental.

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