El alcalde de San Fernando (PP) llama a la movilización contra la privatización de su hospital

El alcalde de San Fernando (Cádiz), José Loaiza (PP), ha expresado su rechazo frontal a la propuesta del empresario José Manuel Pascual, dueño de seis hospitales en Andalucía, de hacerse cargo del Hospital militar de San Carlos a cambio de que el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía le cedan terrenos en diversos enclaves de la Bahía de Cádiz para construir cuatro hoteles junto al mar.

Loaiza, que también es presidente de la Diputación provincial, se muestra tajante en su defensa del uso público del centro, que está amenazado de cierre. “La mejor oferta que hay es un hospital público para San Fernando y la defensa de todos los puestos de trabajo de ese hospital público para San Fernando. El resto es intentar distraer. Y también digo otra cosa, San Fernando no se puede conformar con un hospital privado y concertado, aquí reclamamos un hospital público para los isleños gestionado por quien tiene las competencias”.

La postura del regidor popular se alinea con la de la Administración andaluza en un momento en el que se extienden las movilizaciones en todo el país en defensa de la sanidad pública y frente a los proyectos privatizadores de algunos Gobiernos autonómicos del PP. El de Madrid lidera esta causa, aunque también hay modelos de gestión privada en marcha o en proyecto en la comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.

El Ministerio de Defensa y el Gobierno andaluz están negociando un acuerdo que evite el cierre del hospital militar, cuya actividad está en decadencia desde hace años por la disminución de la población militar en La Isla y por la apertura a la contratación de seguros privados. Además de un mínimo cupo de pacientes militares, el centro atiende a pacientes civiles en virtud de un acuerdo firmado con la Consejería de Salud en 2006. Da cobertura a algún tipo de cirugía menor ambulatoria, consultas y pruebas diagnósticas, pero los 90.000 habitantes con los que cuenta San Fernando aún deben desplazarse a Cádiz o a Puerto Real para grandes intervenciones y para recibir la mayor parte de tratamientos, incluyendo los partos.

La Junta ha propuesto ampliar su convenio con San Carlos para 2014 con una inversión de 11 millones para ofrecer cirugía mayor, urgencias y atención a lesionados medulares, entre otros servicios. “Sería pasar del centro de salud que tenemos ahora, a tener un hospital más en la Bahía”, ilustra el delegado del Gobierno andaluz, el socialista Fernando López Gil. Defensa, que carece de presupuesto para San Carlos y ya no lo considera un enclave estratégico, ha rechazado este plan y propone que la comunidad se quede con la gestión del inmueble por 75 años con un pago de 21,5 millones para cubrir nuevos servicios sanitarios, y otros 5,5 para remodelaciones, equipos y trabajadores.

En este punto, la Junta ha subido la apuesta y reclama la titularidad completa del edificio. “Si Defensa lo va a cerrar, pedimos la titularidad, invertiremos en un hospital del SAS pero que forme parte del patrimonio de los andaluces”, explica López Gil. Defensa estudia esta última propuesta aunque el delegado andaluz recalca que el Ministerio “nunca ha regalado nada”.

La tercera vía

Esta semana, un tercer actor ha irrumpido en la escena. El empresario José Manuel Pascual, propietario de hospitales en Cádiz, Huelva y Málaga, propone un trato: su empresa se hace cargo de San Carlos y de su plantilla (con el plus inversor de 11 millones ofrecido por la Junta) y construirá, más adelante, un nuevo hospital de referencia en San Fernando. A cambio del favor a Defensa, reclama de forma innegociable la cesión gratuita de terrenos para construir ese nuevo centro hospitalario isleño y cuatro hoteles con un total de 1.800 habitaciones repartidos en fabulosas ubicaciones en San Fernando y Cádiz. Pascual no cifró la inversión prevista ni se refirió a las dudas jurídicas que plantea la idea: la concesión sin concurso de terrenos públicos o la reversión del uso de suelos, entre otros. “Son momentos para el compromiso y la corresponsabilidad de todos para afrontar esta crisis”, subrayó.

Tanto la Junta como el Ayuntamiento isleño reaccionaron ayer con estupor a la propuesta “poco realista” del empresario, en palabras de López Gil. Coincidieron en abrir las puertas a Pascual para desarrollar sus planes turísticos pero insistieron en que San Carlos debe mantener su carácter público. “Propuestas como la del señor Pascual pueden llegar muchas e incluso más estrafalarias, pero tenemos claro que queremos un hospital público para La Isla”, insistió Loaiza ante los medios de comunicación. “Mezclar hoteles y hospitales… No es una combinación posible”, remató el delegado del Gobierno andaluz.

Los 350 trabajadores del hospital (más 80 militares) serían recolocados por el Estado en caso de cierre pero no están dispuestos a llegar a ese extremo. Agrupados bajo la Plataforma por el uso civil del Hospital militar de San Carlos, reclaman que el centro pase a formar parte del SAS. “La necesidad existe. Cádiz es la provincia con mayor cantidad de camas concertadas con empresas privadas de Andalucía, con más de 1.000. Málaga es la segunda con 650”, argumenta una de las portavoces del colectivo, Mercedes Morales, que recuerda que la Junta paga cantidades millonarias en conciertos con empresas privadas como Pascual y que ahora debe volcarse para evitar que San Carlos “se llene de matojos”.

La plataforma ha convocado una manifestación el 7 de marzo en defensa del uso público del hospital. El alcalde isleño ha llamado a los ciudadanos a la calle.

Pascual: hoteles, hospitales y faldas

El empresario José Manuel Pascual Sánchez Gijón ya tiene experiencia en la inversión diversificada en sanidad y hostelería. Es propietario de José Manuel Pascual Pascual Gestión Hospitalaria, la mayor entidad sanitaria privada de Andalucía, una sociedad que tiene sus raíces a mediados del siglo XX en el hospital San Rafael de Cádiz y que hoy cuenta con seis centros en la región concertados con el SAS (cuatro en Cádiz, uno en Málaga y uno en Huelva).

En los últimos años, el empresario también ha abierto un complejo de apartamentos turísticos en La Barrosa, en la costa de Chiclana, y un restaurante en el paseo marítimo de la capital que tiene la peculiaridad de ser completamente diáfano al exterior para que los clientes puedan fumar. En 2010, también se aventuró en el mundo universitario con un proyecto para crear una escuela superior de enfermería, primero, y medicina, después, en la Sierra gaditana. El plan contó con respaldo institucional pero chocó con la negativa de la Universidad de Cádiz.

Al margen de la envergadura de estos proyectos, sí hay un episodio que marcó la imagen de este especialista en traumatología y empresario multidisciplinar fue la denuncia presentada en 2008 por varias empleadas de la clínica San Rafael a las que se obligaba a usar falda, delantal y cofia cuando trabajaban de cara al público. Las trabajadoras llevaron el caso a los tribunales. Tras un primer revés del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recurrieron al Supremo, que sí admitió en 2011 que la imposición de la falda era discriminatoria y que proyectaba una imagen de diferencia entre hombres y mujeres que no se corresponden con una “visión actual”.