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La revolución y el día de la justicia social

La Junta ve bien ampliar el ámbito de "la palabra violencia" como plantea Vox

Isabel Pedrote

El 20 de febrero es el día mundial de la justicia social. Durante esta jornada, la asamblea general de Naciones Unidas invita a los estados miembros a realizar actividades encaminadas a “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social”. La llamada a su conmemoración abunda sobre la importancia que tiene para la paz y el desarrollo de los pueblos, así como para lograr sociedades más cohesionadas y equitativas. 

No parece que esta sea precisamente la idea que maneja el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha apelado a “la justicia social” para argumentar la supresión, por decreto, del impuesto de sucesiones a los herederos de más de un millón de euros. Una de dos: o Moreno Bonilla es preso de una ignorancia supina o es aficionado al sarcasmo. Aunque lo más probable es que a los guionista del cambio se les hayan ido los pies detrás de la grandilocuencia de su propaganda hasta acabar en un confuso jardín.  

Suele ocurrir cuando la derecha abraza conceptos que no les son propios: los tira así como de lejos y van a caer en cualquier parte. En esta ocasión encima de un sector aventajado que ni siquiera alcanza la cifra de 300 personas -el impuesto lo eliminó prácticamente en 2018 el Ejecutivo de Susana Díaz por imposición de Ciudadanos-, cuya excepción fiscal poco tiene que ver ni con la justicia ni con lo social, y mucho menos con la justicia social de la que habla la ONU.

Al resto de las medidas tributarias le ha tocado otro término con connotaciones rebeldes muy alejadas de las pautas conservadoras, nada menos que “revolución”, que es como ha sido calificado el precipitado paquete de reformas que salió de la chistera del último Consejo de Gobierno. Unos ajustes a largo plazo apenas perceptibles para las clases bajas y medias que, por cierto, son las que han pagado la crisis porque las rentas altas han ganado más dinero que nunca. Medio punto menos en el IRPF para los primeros y tres para la cúspide de la pirámide. Muy social y rompedor no se ve.

Pero en esto de la revolución el PP andaluz es reincidente. Cuando Teófila Martínez sucedió en el cartel popular a Javier Arenas -quien, a su vez, la relevó a ella años más tarde, si bien jamás dejó de mover los hilos desde la distancia- también proclamó que venía a hacer la revolución. Enseguida se convirtió ante su electorado en una persona sospechosa, además de blanco de afilados aguijones, sobre todo cuando el transformador cambio (brusco o suave) nunca llegó. Lo más benigno que se le dijo es que su revolución era de bote, en alusión a su rubio intenso. En aquel caso la asociación de ideas (subversión, desorden, trastorno) no funcionó en unos votantes recelosos. De lejos se le notaba el disfraz. Es lo que tienen las palabras traicionadas.

Al Gobierno regional le ha cogido el toro de la inminencia electoral. En sus primeros 100 días se ha consagrado a la tarea de hacer crecer la bola de la herencia recibida cual escarabajo pelotero, sin rigor ni concierto, buscando el ruido contra sus antecesores y exagerando un infierno fiscal que los datos desmienten. El proyecto “ilusionante” del gabinete de coalición está aún por asomar, y no es suficiente con cuatro eslóganes que subrayen la buena nueva de la Andalucía que empieza a amanecer.

Ahora le han entrado las prisas y recurre a la prosopopeya, picoteando en  pensamientos de profundidad para llevarlos al terreno de su simulacro. El concepto de justicia social está asociado a la igualdad de oportunidades, el Estado del bienestar, la pobreza, los derechos laborales y la redistribución de la renta. Manosearlo banalmente y sin remilgos en las soflamas es casi una profanación y un insulto a la inteligencia.

La contención y la prudencia en política son muy aconsejables, pese a que no gocen de prestigio en esta época de estrépito. El Gobierno de PP y Ciudadanos debería tomar nota. O quizás prefiera pedir a la ONU que cambien la fecha del día mundial de la justicia social al 11 de abril, cuando entra en vigor en Andalucía la herencia millonaria libre de impuestos. Causalmente, víspera del inicio de la campaña.

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