La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel a una responsable de salud mental en Córdoba por un suicidio

La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel a una facultativa responsable de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Reina Sofía de Córdoba por un caso de suicidio. El fiscal acusa a esta persona de un presunto delito continuado de denegación de asistencia sanitaria (artículo 196 del Código Penal, dentro de los delitos de omisión del deber de socorro), por el que le pide dos años de prisión, y de un presunto delito de homicidio por imprudencia, regulado en el artículo 142 del Código Penal.

El escrito de acusación del fiscal ya ha sido enviado al juzgado “para su enjuiciamiento”, explican a elDiario.es Andalucía fuentes de la Fiscalía, que comentan que la denuncia partió de un familiar de la persona que acabó quitándose la vida tras su paso por la citada UGC. A la profesional a quien se dirige la acusación penal también se le pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.

Las fuentes aseguran que se trata de un “caso especial” pero en el que el fiscal ha considerado que la persona finalmente fallecida de manera voluntaria “no fue atendida adecuadamente” en el centro sanitario, motivo por el cual ha remitido al juzgado que lleva el caso el escrito de acusación.

“El hospital no se pronuncia de temas judiciales”

ElDiario.es Andalucía se ha puesto en contacto con el Reina Sofía para intentar conocer su posición al respecto o poder hablar con la propia persona acusada, si bien fuentes del centro sanitario responden directamente que “el hospital no se pronuncia de temas judiciales”. El Reina Sofía, hace apenas unos días, ha sido incluido por la revista 'Forbes' entre los 25 hospitales de referencia en España.

Este periódico informó recientemente del caso de una joven con trastorno de la personalidad se quitó la vida en Mijas después de tres años de reclamaciones y quejas por parte de su madre en cuanto a la atención recibida en el Hospital Clínico de Málaga. Sería un caso más de suicidio, en aumento en los últimos años, pero Silvana, su madre, había dado la voz de alarma mucho antes. Su historia podría ser la de cualquier otra persona con un trastorno mental con resultado de muerte voluntaria pero viene agravado porque ella no solo amenazaba e intentaba suicidarse sino que ha sido un caso conocido públicamente a través de este periódico, que consultó a múltiples fuentes para contrastar la información recibida, y que venía precedido de las reiteradas quejas de su madre por la atención sanitaria y humana dispensada.

La acusación penal del fiscal de Córdoba, sin precedentes conocidos, resulta novedosa ya que este tipo de asuntos suelen resolverse en la vía contenciosa a partir de reclamaciones económicas por parte de algún familiar, principalmente en casos de suicidio en centros penitenciarios en los que se declara o no la responsabilidad patrimonial de la administración, que suele rechazarse.