El Gobierno de España reduce un 75% sus aportaciones a los servicios sociales comunitarios en tres años
El Gobierno de España ha dejado este año reducida a apenas 4,6 millones de euros su aportación para el presupuesto de los servicios sociales comunitarios, que son uno de los pilares de los servicios sociales públicos en Andalucía y del que dependen cuestiones como la ayuda a domicilio, el apoyo al asociacionismo o las ayudas de emergencia social. Esto supone que para este año vaya a destinarles poco más del 10% de un total de algo más de 38,5 millones de euros para transferencias que recibirán en este ejercicio las diputaciones y los municipios de más de 20.000 habitantes, que son los que gestionan estas prestaciones, según la orden que acaba de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). O sea, que el grueso del presupuesto (33,9 millones de euros) lo pondrá la Junta de Andalucía, que mantiene el mismo nivel de inversión que el año pasado.
Se da la circunstancia de que el Gobierno de la Nación ha ido reduciendo paulatinamente sus fondos para este programa, en un declive comparable con el de por ejemplo la Ley de Dependencia, especialmente los últimos tres años. De este modo, si cuando empezó la crisis en 2008 ponía prácticamente un tercio del presupuesto (18,6 millones de euros frente a los 40,9 que destinó ese año la Junta de Andalucía), ha reducido en un 75% su aportación, en un momento en que precisamente la demanda se ha disparado por el aumento de situaciones de emergencia social. Ese volumen de inversión que traía desde 2008 lo mantuvo -incluso lo mejoró ligeramente- en 2009 y 2010, con 18,8 millones de euros cada uno de los dos ejercicios. Sin embargo, en 2011, la partida del Gobierno de España pasó a ser de 17,0 millones de euros, para reducirse a casi la mitad en 2012 (9,2) y experimentar otro bocado en 2013 (5,3), y todavía más en 2014 (4,6).
En este tiempo, las aportaciones de la Junta de Andalucía también han evolucionado, en incluso se han reducido con respecto a cuando comenzó la crisis, pero nunca al nivel que se ha hecho desde Madrid. Basta con ver los datos de inversión para los mismos ejercicios (tal y como refleja la tabla que ilustra esta información): en 2008, los referidos 40,9 millones de euros; en 2009, 41,8; en 2010, 42,2; en 2011; 40,4; en 2012, 42,4; y en los ejercicios de 2013 y 2014 -los de mayor bajada- se consolidan las partidas en 33,9 para cada uno de los dos periodos.
¿Progresiva desaparición?
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que dirige María José Sánchez Rubio, ya advertía la pasada semana en el Consejo Territorial de Servicios Sociales que el Gobierno de Mariano Rajoy está disminuyendo progresivamente estos fondos en los últimos años en el marco del llamado Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales. “En concreto, ha retirado 7 de cada 10 euros de los que aportaba”, apuntan desde esta Consejería. De hecho, temen que si continúa este descenso de fondos “es previsible que para 2015 desaparezca la aportación estatal o sea sólo testimonial”. Una situación que desde la Junta de Andalucía no dudan en vincular con “la estrategia” marcada por la reforma de la Ley de Régimen Local, que marca un camino de menos prestaciones desde las administraciones más cercanas a los ciudadanos, es decir, los ayuntamientos, que junto a las diputaciones son los que reciben estas partidas cada anualidad.
Los servicios sociales comunitarios están orientados a la obtención de mayor bienestar social de la población tal y como se recoge en la vigente Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Sus objetivos son la promoción y desarrollo de los individuos, grupos y comunidades, potenciando los cauces de participación; el fomento del asociacionismo en materia de servicios sociales, como cauce para el impulso del voluntariado; y el establecimiento de vías de coordinación entre organismos y profesionales que actúen en el trabajo social dentro de un mismo municipio.
Dentro de los servicios sociales comunitarios se incluye la información, valoración, orientación y asesoramiento; la ayuda a domicilio; las acciones preventivas de convivencia y reinserción social; los programas de cooperación social para fomentar el asociacionismo; y otras fórmulas complementarias, como son las ayudas de emergencia social, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que deben ser atendidas de forma inmediata, y prestaciones temporales que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo, con el fin de evitar su institucionalización.
