La Justicia da la razón a los alumnos Erasmus de la UGR que dejaron de cobrar parte de sus becas en 2012
Los alumnos de la Universidad de Granada que en el curso 2011-2012 se vieron afectados por la disminución de importes de sus respectivas becas Erasmus tenían razón. Así lo ha determinado la Sala de lo Contencioso de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al amparar la denuncia contra la Junta de Andalucía que un grupo de 200 de los cerca de 2.000 estudiantes afectados en aquel momento interpusieron en el año 2014. El juez determina que la Junta no actuó correctamente en este caso y obliga al Gobierno andaluz a hacer frente al pago del dinero que los denunciantes dejaron de percibir sin que tampoco la Universidad de Granada les avisara más que con una nota informativa al final de su estancia Erasmus. Una cifra que se estima roza el millón de euros por el total de alumnos que se vieron afectados.
La sentencia llega después de que los estudiantes lleven casi cinco años reclamando un dinero que entienden que les pertenece. No en vano, muchos de ellos se marcharon a sus respectivos destinos Erasmus haciendo frente a sus estancias y alojamientos sin las condiciones económicas necesarias esperando a que la beca cubriese sus necesidades. Una beca cuya cuantía se paga a través de la Unión Europea, el Ministerio de Educación y la propia Junta, que se comprometía a través del BOJA del año 2008, vigente entonces, a dotar de 350 euros a los estudiantes de tal manera que recibiesen en total un mínimo de 600 euros mensuales y de 900 si además eran beneficiarios de la beca general que otorga Educación a nivel estatal. Sin embargo, aquella cuantía disminuyó sin aviso previo durante el curso haciendo que, de los 350 euros pactados, los que eran becarios generales recibieran casi 200 euros menos mensuales y los que no, unos 80.
De aquella situación, la mayoría de los alumnos no se dio cuenta hasta que ya no había marcha atrás y estaban en sus respectivos destinos. La razón es que la beca no se ingresaba mensualmente sino que se hacía en diferentes tandas.
Compensaciones “a los recortes del Ministerio”
La Junta explicó esta disminución dos años después con la corrección de su propio BOJA en 2013. El Gobierno andaluz explicaba la reducción en la “fuerte disminución en la contribución de las aportaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, programa 323M, Becas y Ayudas a Estudiantes, que acumula una disminución desde 2011 de más de un 40%”. argumentó que se había estado “compensando el dinero que recortaba el Ministerio año a año. Cuando ya no se ha podido hacer más, se avisó a las universidades. El error está en que la Universidad de Granada no anunció a sus alumnos que esto iba a ser así”.
De hecho, que en el caso de otras universidades andaluzas, cada universidad ayudó a sus alumnos mediante compensaciones económicas surgidas de sus presupuestos propios. Pero la Universidad de Granada aseguró en su momento que no pudo hacer lo mismo por falta de dinero, según explicó a este medio al sostener que es la universidad que más alumnos Erasmus aporta (en aquel curso dos mil) y que por lo tanto no podía hacer frente a una cantidad tan elevada de estudiantes. Lo único que avanzó fue la puesta en marcha de una beca compensatoria para las economías más modestas que apenas cubrió a un pequeño número de alumnos y que llegó cuando el curso ya había terminado y algunos de ellos ya se habían endeudado con sus propias familias.
Una sentencia clara
El fallo por parte de la Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla, al que ha tenido acceso este medio, expone que es la Junta de Andalucía la que debe satisfacer las cantidades que adeuda desde entonces por ser la que se comprometió a hacerlo.
Exime así de toda culpa a la Universidad de Granada, presente como testigo en esta causa, puesto que entiende que la institución académica no tiene “ningún protagonismo en las ayudas, salvo en lo que se refiere al reparto de las cantidades ingresadas por las entidades financiadoras (...)”. “La Universidad de Granada aparece solo como una intermediaria en el proceso de selección de los alumnos beneficiarios de las becas Erasmus y en el pago de las becas, pero para nada interviene en la fijación de las cantidades subvencionadas, ni añade suma alguna a las concedidas por las entidades subvencionadoras, limitándose a repartir entre los alumnos incluidos en el programa Erasmus las cantidades ingresadas por dichas subvencionadoras”, añade la sentencia.
Con respecto a la Junta de Andalucía, el juez se muestra contundente. Aludiendo al BOJA de 2008, el magistrado suscribe que la denuncia interpuesta por los alumnos tiene lógica y sentido en tanto en cuanto “la obligación (por parte de la Junta) es clara y concreta, pudiéndose fijar con una simple operación matemática la diferencia entre lo percibido de las otras dos instituciones (Unión Europea y Ministerio) y la cifra de 600 ó 900 euros que, según el acuerdo, corresponde a cada alumno/a (según sea o no becario)”.
Por eso el juez estima la demanda de los estudiantes y obliga al Gobierno andaluz a hacer frente al dinero que adeuda así como a satisfacer las costas del juicio. Aún así la Junta tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación en un plazo máximo de 30 días hábiles desde el pasado 25 de mayo.
