El lío de Vox en Andalucía: 250.000 euros para “reforzar la seguridad” en centros de menores migrantes que no se gastan ni en seguridad ni en menores migrantes
El documento político que Vox hizo firmar al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2019 y 2020 contiene un compromiso de gasto de 250.000 euros “para reforzar la seguridad en centros de menores extranjeros no acompañados”. Así lo ha difundido el propio grupo parlamentario de extrema derecha. Pero en las cuentas andaluzas ese dinero está consignado para otros fines, no para los que asegura Vox ni para lo que recoge el acuerdo político con PP y Cs.
Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que no se trata de “un incumplimiento como tal” del acuerdo, sino que Vox confunde, consciente o inconscientemente, la política de protección de menores, que gestiona la Consejería de Igualdad, con la política de internamiento de menores infractores, que dirige Justicia. El colectivo de menores extranjeros no acompañados, donde Vox sitúa el foco de la delincuencia, no está en los centros de reforma de Justicia para jóvenes que han cometido algún delito, sino en las casas tuteladas por Igualdad, para niños en desamparo familiar. La confusión de Vox, deliberada o inconsciente, hace que los acuerdos políticos entre las tres derechas destinen 250.000 euros a un fin específico, y los Presupuestos computen ese dinero a otros objetivos.
Aquí el primer ejemplo: el Presupuesto de 2019 contempla una partida de 100.000 euros que Vox enmarca en el gasto para “reforzar la seguridad y la vigilancia en los centros de menores extranjeros no acompañados”. Sin embargo, ese dinero sale de una iniciativa del PSOE (la enmienda 364), que recibió el respaldo unánime de todos los grupos, destinada a aumentar la inversión en “los centros de menores dependientes de la Consejería de Justicia”. Los menores migrantes que llegan sin familia a través del Estrecho, a los que se refiere Vox, no están en estos espacios porque no han cometido ningún delito.
Es más, ni siquiera en esos 16 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de la Junta hay mayoría inmigrante: en el primer semestre del año 1.088 jóvenes cumplieron medidas de internamiento por algún tipo de delito, el 80,51% eran españoles, y el 19,5% extranjeros, según datos Justicia. Entre los extranjeros, el 14,52% (158 chicos) provienen del Magreb, y el 0,55% son subsaharianos. La mayoría de ellos son extranjeros con papeles que viven regularmente en España. El departamento que dirige Juan Marín no contabiliza cuántos menores migrantes no acompañados cumplen medidas de internamiento.
Aquí el segundo ejemplo: el Presupuesto de 2020, que aprobará el Parlamento andaluz la próxima semana, añade otra partida de 150.000 euros que, según consta en el segundo acuerdo de PP, Cs y Vox, tiene el objetivo de “continuar y seguir reforzando la seguridad en los centros de menores migrantes (...) con objeto de evitar y contener posibles situaciones de conflicto o de riesgos externos”. El partido de extrema derecha suma ambas cifras y difunde que ha “exigido” a la Junta a aumentar en 250.000 euros el gasto para “solucionar el grave problema de seguridad en los barrios donde se ubican los centros de menores extranjeros”. En realidad no es así, porque ni los primeros 100.000 euros se gastarán en los niños inmigrantes sin regularizar, ni los 150.000 euros restantes servirán para “reforzar la seguridad” en los centros de acogida a este colectivo.
“Criminalizar a los niños extranjeros”
No se pueden sumar ambas cifras ni “continuar con las inversiones en los centros de la Consejería de Igualdad”, como recoge el acuerdo de Vox con la Junta, porque los primeros 100.000 no van a Igualdad, sino a Justicia. Fuentes de Justicia explican a este periódico que se está usando ese dinero consignado en el Presupuesto de 2019, no para vigilar a menores extranjeros no acompañados, que no tiene, sino para “la rehabilitación del centro de internamiento de San Francisco de Málaga” (que tiene una nave invernadero para la inserción laboral de los chavales) y para “obras de canalización y problemas desagüe en el CIMI de Las Lagunillas, en Jaén.
Respecto a los 150.000 euros computados a la Consejería de Igualdad, este departamento sí gestiona centros de protección a menores extranjeros no acompañados, pero entre sus competencias no está el refuerzo de la seguridad y la vigilancia, de modo que el dinero se usará para reacondicionar sus instalaciones.El Gobierno andaluz no tiene una política de protección diferenciada para menores españoles y menores migrantes, sólo desde el año pasado, con el repunte de llegadas en patera al Estrecho, se habilitaron instalaciones específicas para los segundos. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha afeado a Vox más de una vez su “obsesión por criminalizar a los niños inmigrantes” tutelados por la Junta.
Además, siempre está de fondo el dato oficial de delincuencia asociado a los centros extranjeros no acompañados -0,54% de incidencia, según datos de la Consejería de Presidencia-, aunque los socios externos del Gobierno andaluz pongan en duda esa estadística. “Tendría que ver cómo se han hecho esa documentación”, dijo el portavoz del grupo, Alejandro Hernández. “Vox presupone que los menores extranjeros no acompañados son los principales responsables de la delincuencia juvenil, aunque los datos oficiales lo desmientan”, explican desde la Vicepresidencia de la Junta.
El origen de toda esta confusión parece más político que matemático. Es cierto que Vox presentó una enmienda parcial a los Presupuestos de 2019 que proponía una partida de 800.000 euros para “impulso de la seguridad y la inserción en los centros de menores migrantes”, “ante el aumento previsto de la llegada de este colectivo”. El objetivo era “aumentar la presencia policial” en estas instalaciones, que son “foco de continuas trifulcas que ponen en peligro a los trabajadores y se encuentran vigiladas con personal de seguridad y poca presencia de la Policía Nacional”. Esa era la enmienda 592, que fue rechazada y nunca llegó a incluirse en las cuentas de este año. Aún así Vox siguió dando esa cifra por buena en varias comparecencias públicas, y el Gobierno andaluz, incluso este periódico, este periódico informaron por error de un aumento de 800.000 euros en el gasto de seguridad en centros de menores extranjeros no acompañados que nunca llegó a producirse.
Una de las políticas que más identifican a Vox es el relacionar la inmigración con la delincuencia. Ese discurso está en su programa, en sus mítines y en su campaña electoral, como el polémico acto de la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, que denunció “manadas de menas” y problemas de inseguridad a las puertas de un centro con menores migrantes en el barrio de Macarena, en Sevilla. En Andalucía, esta asociación de ideas que equipara delincuencia a inmigración no está avalada ni por datos oficiales ni por denuncias ante la Policía ni en los juzgados. Tampoco en la Macarena, donde Monasterio hizo un acto electoral que fue denunciado ante la Fiscalía como posible delito de odio por la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.
