El PP-A pedirá que la Ley de Transparencia incluya consecuencias “jurídicas” por incumplimiento
Es la primera ley incluida en el pacto firmado por el PSOE-A e IU que llega al Parlamento de Andalucía -la segunda de la legislatura tras la Ley de la Función Social de la Vivienda no incluida en ese documento- y es también una norma orientada a combatir una de las grandes preocupaciones de los cargos públicos hoy día: la desafección que la ciudadanía siente hacia ellos, que no hacia la política. Por eso quizá la oposición no ha presentado una enmienda a la totalidad de la que será una de las leyes emblemáticas de la legislatura, pese a que los ciudadanos probablemente no empiecen a disfrutar de ella hasta finales de mandato, y por eso también todos los grupos han coincidido en pedir “consenso” para echarla a rodar.
La Ley de Transparencia de Andalucía, que obliga a ofrecer toda la información de gestión de lo público respetando los límites de la protección de datos, ha superado este jueves el debate a la totalidad, tras lo que se abre el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas. El PP-A ya ha avanzado algunas de sus propuestas porque entiende que “se queda corta”, en boca de su diputado Rafael Salas que ha recibido la norma con un “aleluya el primero proyecto de ley del bipartito”. Entre otras cosas, la oposición pedirá que incluya un “código de conducta para altos cargos del que se puedan derivar consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento”. Hay que recordar que la ley sí prevé un régimen sancionador donde se incluye hasta la posibilidad de destituciones de altos cargos.
Los populares esperan que algunas de sus enmiendas sean tenidas en cuenta, lo que permitiría que en lugar de abstenerse respaldaran la norma. Rafael Salas ha apelado por ello a palabras como “consenso” y “diálogo” que han salido de las filas de los dos partidos que sostienen el Gobierno de Andalucía durante el pleno. “Nuestras enmiendas van por ahí porque lo exigen los ciudadanos y es de justicia ante tantos casos de corrupción que retratan al régimen socialistas durante años y que perviven en este gobierno”, ha enfatizado Rafael Salas, para quien esta norma “no es superior, sino ”hija“ o ”casi un clon“ de la aprobada por el Gobierno de España.
Intentaba así neutralizar el argumento defendido por el PSOE-A que se ha ocupado de puntualizar qué aspectos incluye esta ley que van más allá de los contemplados en la básica, como el hecho de que prevea sanciones o reduzca los plazos en los que las administraciones y personas jurídicas afectados por la norma deben dar respuesta a las consultas de los ciudadanos.
El portavoz de IU, José Antonio Castro, la ha calificado de “valiente” y se ha referido al caso de corrupción que más daño a hecho a la Junta de Andalucía, el de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que con esta norma “nunca se hubiera producido”. En este sentido, ha recordado que la ley servirá para “prevenir cualquier abuso de poder” y para garantizar el “control de todos los fondos públicos”. En esta línea se ha expresado Verónica Pérez (PSOE-A) para quien esta herramienta servirá para “abrir puertas y ventanas de las administraciones para que los ciudadanos conozcan cómo se trabaja y se gestiona cada céntimo de euro”.
La Ley de Transparencia obligará a las administraciones y sus órganos: Junta de Andalucía; Consejo Consultivo de Andalucía; Consejo Económico y Social de Andalucía; Consejo Audiovisual de Andalucía; agencias de la Junta de Andalucía; diputaciones; consistorios; entes instrumentales de los anteriores; universidades públicas; federaciones y clubes deportivos en lo relativo a sus actividades sujetas al derecho administrativo; empresas públicas y mixtas; fundaciones, consorcios y asociaciones públicos; y Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas de Andalucía, en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo. Y por otro lado, a las empresas que tengan contratos para ofrecer servicios públicos y/o conciertos (por ejemplo colegios), además de los entes privados que reciban fondos públicos: partidos, sindicatos, patronales, ONG...
