PSOE-A e IU registran sendas proposiciones de ley contra el fracking tras un año de medias tintas

Más de un año llevan debatiendo el PSOE-A e IU sobre la prohibición del fracking -técnica por la que se fractura la roca con agua a presión, mezclada con arena y otros compuestos, en busca de hidrocarburos en el subsuelo- sin que hasta el momento se haya regularizado esta práctica en Andalucía. En medio: tres proposiciones no de ley aprobadas en comisión parlamentaria y, ahora, dos proposiciones de ley que tendrán que debatirse. ¿Por qué tantas vicisitudes? Entre otras cosas, porque desde el Gobierno de Andalucía se insiste en que no hay solicitudes por parte de ninguna empresa, si bien como telón de fondo subyacen las fuertes presiones a las que están sometidas las administraciones por parte de los inversores y las lógicas diferencias entre los dos socios a la hora de afrontar la cuestión.

Después de sendas proposiciones no de ley presentadas por IU instando a que el Gobierno de Andalucía tomara medidas para prohibir esta técnica en el territorio y otra elevada por el PSOE-A invitando a la constitución de un grupo de expertos para elaborar un informe sobre los posibles efectos medioambientales y en la salud pública de este sistema, con el objetivo de desarrollar la correspondiente normativa, sin que se haya avanzado en la materia pese a ser aprobadas en mayo de 2013 por ambos (y rechazadas por el PP-A), ahora llegan dos proposiciones de ley en la misma línea, una por cada socio.

La primera proposición de ley la presentó IU el pasado 13 de junio, y la otra la ha registrado este miércoles el PSOE-A para que sean debatidas en el Parlamento de Andalucía. Para ello, primero tendrán que ser consideradas por la Mesa de la Cámara y después autorizadas por el Consejo de Gobierno. De todas maneras, las dos formaciones confían en que una ley en la materia pueda entrar en vigor en 2015. Desde el PSOE-A, además, justifican esta estrategia en el hecho de que “se ha preferido que la iniciativa la tomen los grupos parlamentarios” en lugar del Gobierno de Andalucía. De todas maneras, el contenido de ambas proposiciones no de ley es diferente: IU aboga por la prohibición ya, mientras el PSOE-A habla de moratoria.

La proposición de ley de IU consta de dos puntos fundamentales. Por un lado, la prohibición en toda la comunidad autónoma de la “realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y no convencionales que supongan, en todo el proceso o en parte, la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de fluidos y/o de otros aditivos químicos”, igual que “la reinyección en el subsuelo de los flujos de retorno o de desecho, consecuencia de la explotación de fuentes de energía fósil”. Por otro, recoge que la utilización de estas técnicas “será considerada como una actividad y un uso del suelo prohibidos” a efectos de planificación territorial y de aplicación de la legislación urbanismo. En una disposición transitoria única se añade que la prohibición será de aplicación a los permisos o peticiones “que estén actualmente en trámite, así como la suspensión de las autorizaciones que se hayan podido conceder con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley”.

Por su parte, la proposición de ley del PSOE-A recoge que “como medida preventiva, y en base al principio de precaución recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea” se establezca “una moratoria de dos años en la aplicación de la fracturación hidráulica como técnica de investigación, exploración y extracción”. Se entiende que, dado que este proceso “puede tener efectos potencialmente peligrosos, y puesto que el conocimiento científico actual no permite garantizar que su utilización no afecta negativamente a la salud de las personas, a la calidad de las aguas subterráneas, a la calidad del aire y a la protección y conservación de los recursos naturales” se debe tomar esta cautela. El plazo de dos años “podrá ser prorrogado hasta tanto no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza, que la utilización de esta técnica no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medioambiente en general”.

Incluye otros tres puntos, para que en caso de que finalmente se demostrara que el fracking no es peligroso, cualquier permiso en la comunidad autónoma exija previamente contar con una autorización ambiental unificada; un informe de evaluación de impacto en salud; y la garantía de la participación de la ciudadanía en los procedimientos de autorizaciones, con información a la población “de las afecciones y posibles riesgos en la utilización de la técnica”. Igual que en el caso de IU, establece que a las solicitudes en trámite se les aplicará las mismas prohibiciones y limitaciones.

El responsable de medioambiente de IU, Manuel Baena, explica que su formación quiere pasar “de las palabras a los hechos”. En este sentido, pese a que a hace unos meses plantearon el tema a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, no han tenido respuesta y por eso registran la proposición no de ley. “Les dijimos que si ellos no daban el paso, lo daríamos nosotros (...). Somos socios de gobierno y entendemos que pueden tener muchas ocupaciones en la consejería (...) así que como nosotros estamos algo más desahogados decidimos presentarla”, argumenta.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha fundamentado esta proposición de ley en “el principio de prevención” porque entienden que no existen estudios suficientes que avalen que esta técnica. “Nos sorprende que la UE haya renunciado a regular esta materia con una directiva propia, igual que lo ha hecho en otras actividades, como es el caso de los transgénicos”, ha subrayado, pese a que, a su juicio, se ha generado “una gran preocupación social”. En la misma línea, ha incidido en que “mientras no se garantice desde el punto de vista científico que no existen riesgos para la salud pública ni para el medioambiente, no debe autorizarse esta actividad”. Para concluir con una expresión de IU que en su día levantó el rechazo de los socialistas: “Andalucía será un territorio libre de fracking”.

Desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo han reiterado este miércoles que “no existen solicitudes que incluyan esta práctica” y que en todo caso “no se le podría dar respuesta dado lo aprobado por el Parlamento de Andalucía declarándola territorio libre de fracking”, en alusión a una de las proposiciones no de ley que elevó IU en comisión parlamentaria hace un año. También la consejera de Medioambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha sido tajante en alguna de sus comparecencias en el pleno sobre este asunto: “En Andalucía no ha habido fracking, no lo hay y no lo habrá. La legislación preserva de manera efectiva la protección de nuestro medioambiente”. Pero lo que no existe realmente es una ley que lo prohíba expresamente como se ha hecho en Cantabria, norma que posteriormente ha sido recurrida por el Gobierno de la Nación.