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El juez rechaza la querella por prevaricación contra la alcaldesa de Marbella

OSP presentará recurso de apelación ante la Audiencia de Málaga

El magistrado Sergio Ruiz Martín no halla delito en la creación de dos plazas para exediles no electos que tuvieron que renunciar tras la sentencia del Constitucional

Aprecia posibles irregularidades para acudir a la vía administrativa

La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz

La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz

El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, ha rechazado la querella por un presunto delito de prevaricación presentada por el grupo municipal Opción Sampedreña (OSP) contra la alcaldesa, la popular Ángeles Muñoz, el pasado mes de septiembre.

En un auto de siete folios de extensión dictado el pasado 21 de octubre, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, dicho magistrado acuerda la "inadmisión a trámite de la querella". No aprecia indicios de delito alguno en la creación de dos plazas municipales, como directores generales, para sendos exediles no electos del PP. Ambos tuvieron que cesar en sus cargos a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la resolución judicial, contra la que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Málaga, ofrece numerosos argumentos válidos para que los querellantes acudan a la vía de lo contencioso-administrativo.

De hecho, el instructor argumenta que su decisión de rechazar la vía penal  "no obsta" para que se aprecie "la efectiva existencia de vicios procedimentales sustanciales que, muy probablemente, determinarían o pudieran determinar, en el orden administrativo correspondiente, la nulidad de todo el proceso selectivo desarrollado para el nombramiento de Baldomero León y Federico Vallés, como titulares de las dos direcciones generales creadas a tal efecto", reza el auto.

"La propuesta de la Alcaldía adolece completamente de cualquier motivación que justifique tal perentoria, inaplazable y urgente necesidad de crear las dos direcciones generales que finalmente ocuparon dos de los coquerellados", subraya el magistrado en alusión a los exediles no electos del PP. 

"Decreto incomprensible" de la alcaldesa

Paralelamente, apunta que existió una "mínima convocatoria pública" para las plazas pero -acota- "viciada de origen".  En opinión del instructor, el decreto de la regidora "es incomprensible", en la medida en que por virtud del mismo "se convoca el proceso selectivo para unas direcciones generales que ni siquiera se han creado formalmente todavía". Ruiz Martín va más lejos al constatar que las dos plazas objeto del pleito "no figuran en el organigrama del Ayuntamiento de Marbella".

El portavoz municipal de OSP, Rafael Piña, ha anunciado este martes que su formación política interpondrá en los próximos días recurso de apelación ante la Audiencia de Málaga: "Acatamos la resolución, pero desde el respeto al juez pensamos que sí hay indicios de presunto delito".

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al también edil Manuel Osorio ambos han insistido en que la convocatoria de las plazas "nunca se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)".

Piña ha incidido en que antes de iniciarse dicho expediente para la adjudicación de las plazas, Muñoz "afirmara públicamente que estas dos personas iban a seguir en el organigrama municipal", tal y como recogieron los medios de comunicación.

"Entendemos que la alcaldesa, conscientemente, ha cometido irregularidades, y por eso creemos que hay un error del juez instructor", ha insistido el portavoz de la formación segregacionista sampedreña. Todo ello en relación con el "presunto delito de prevaricación" que achacarán de nuevo a la también presidenta de la FAMP en el recurso ante la instancia judicial superior.

La OSP, segunda formación política opositora en el municipio- con tres ediles frente a los dos de IU-CA- valora los argumentos del juez como "un logro, al darnos la razón en cuanto a que se cometieron irregularidades manifiestas", ha explicado Osorio.

Los querellantes descartan, por el momento, acudir a la vía de lo contencioso-administrativo debido a que el procedimiento "podría prolongarse entre 5 y 10 años".

Al cierre de esta edición el equipo de Gobierno del PP no había hecho valoración alguna sobre la citada resolución judicial que libra, por el momento, a la alcaldesa de comparecer ante un juez instructor como imputada.

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