El Tribunal Constitucional deliberará sobre los recursos de Chaves y Griñán por los ERE a seis días del 28M

El Tribunal Constitucional (TC) deliberará sobre los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros diez exaltos cargos andaluces, contra la sentencia que confirmó sus condenas por los ERE durante la campaña electoral, en concreto, a seis días de las elecciones autonómicas y municipales fijadas para el 28M.

Así consta en el orden del día 22 de mayo de la Sala Segunda del órgano de garantías, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se precisa que los magistrados tienen entre sus “asuntos en trámite de admisibilidad” esos recursos contra la decisión del Tribunal Supremo de confirmar sus condenas, que han sido acumulados. Está previsto que la vicepresidenta del Constitucional, la magistrada del ala progresista Inmaculada Montalbán, redacte la ponencia que debatirán los miembros de la Sala Segunda el 22 de mayo.

Cabe recordar que Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación, mientras que Griñán fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, y está a la espera de un nuevo reconocimiento médico antes de su posible entrada en prisión.

La sentencia

En 2019, la Audiencia de Sevilla declaró probado que en los años noventa la Junta de Andalucía y su Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema de ayudas de dinero público para las empresas que contratasen a trabajadores con una edad cercana a la jubilación y también a empresas en crisis.

Un sistema que se extendió entre los años 2000 y 2009 y que siguió adelante a pesar de los múltiples reparos, entre otros, de la Intervención de la Junta de Andalucía. Estos millones de euros se canalizaban de manera irregular a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) valiéndose de modificaciones presupuestarias igualmente irregulares y evitando la mayoría de los controles y filtros de la administración para enviar el dinero lo más rápido posible a las empresas y trabajadores.

Las consecuencias de este descontrol perpetrado bajo los gobiernos de Chaves y Griñán, según sentenció la Audiencia de Sevilla, fue que muchos trabajadores y empresas en crisis que podrían haber optado a estas ayudas no lo hicieron, mientras que otros que ya no tenían derecho siguieron cobrando durante años. Según el cálculo del tribunal provincial sevillano, entre 2000 y 2009 se transfirieron de esta manera irregular 679,4 millones de euros para pagar estas ayudas sociolaborales y a empresas.  

Todos los condenados llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo y la Fiscalía pidió que la sentencia fuera confirmada. “Todo este sistema era prevaricador”, dijo el fiscal ante la sala de lo penal del Supremo el pasado mes de mayo. Las defensas, por su parte, afirmaron que todo este caso estaba basado en “una conjetura colosal” con Chaves negando que sus resoluciones sean prevaricadores y Griñán esgrimiendo que el sistema de ayudas cuestionado ya existía cuando se puso al frente de la Consejería de Economía de la Junta.