La campaña del miedo al menor migrante de Vox cala en el Gobierno andaluz: 950.000 euros para un 0,54% de delincuencia

Como parte de su agenda de campaña electoral, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha viajado este lunes a Sevilla para denunciar la supuesta delincuencia que rodea a los centros para menores extranjeros no acompañados ('menas'). En Andalucía hay un Gobierno de PP y Ciudadanos, sustentado por el grupo de extrema derecha, que acaba de allanar los segundos Presupuestos Autonómicos. La Junta de Andalucía, que gestiona estos pisos de acogida, tiene a más de 4.000 chavales inmigrantes tutelados en ellos. El índice de delincuencia asociado a estos menores, según las estadísticas oficiales de la Consejería de Presidencia, es del 0,54%. “Nada más”, en palabras del portavoz y titular de este área, Elías Bendodo.

La campaña para las elecciones del 10 de noviembre sólo tiene siete días, y Monasterio ha dedicado una jornada entera a trasladarse a Sevilla y denunciar que los menores inmigrantes son “peligrosos y potenciales delincuentes”. No es un anuncio nuevo, no es una estrategia electoral nueva. Esta premisa es una constante en el discurso político de Vox desde su nacimiento. Pero, ¿por qué era importante venir a la capital andaluza para repetir esa idea? El lugar elegido por Monasterio para convocar a la prensa no es aleatorio, tiene una resonancia especial en los medios locales, en los vecinos de la zona y en el Gobierno regional, que se ha mostrado visiblemente incómodo con la visita de la líder madrileña. Monasterio, acompañada por el presidente de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha escogido un centro para 'menas' del distrito Macarena que empezó a funcionar en verano y fue objeto de un brote xenófobo instigado por un grupo de vecinos y respaldado por diputados y concejales andaluces de Vox.

A las primeras manifestaciones que pedían el cierre de este centro, les siguió la movilización de otras asociaciones vecinales del barrio y diversas ONGs -bajo el lema 'Macarena para todos'- que salieron a defender el trabajo de integración y formación que recibían los menores, y para enfrentar el “discurso racista”. Un vecindario dividido que obligó a la Junta a intervenir. La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), acusó a Vox de “criminalizar” a los 'menas' y organizó una visita de sus diputados al centro de la Macarena, junto al Defensor del Pueblo Andaluz, “para que tuvieran la oportunidad de superar el prejuicio de asociar inmigración con delincuencia” y para que “dejaran de denominar a estos niños”. Tras la visita, el conflicto vecinal empezó a evaporarse, no hubo más protestas en contra, nunca se registraron incidentes conflictivos y, pese a lo dicho por Monasterio, no hay denuncias vecinales ni ante el Ayuntamiento ni ante la Policía.

La situación se normalizó, hasta este lunes, cuando la presidenta de Vox Madrid trató de reactivar el conflicto desde las puertas del mismo centro de acogida, donde denunció “una situación insostenible”, “un problema grave para nuestros barrios” y el riesgo de ser “asaltado por una manada de menas”. Su comparecencia en mitad de la calle provocó gritos y enfrentamientos vecinales. Unos gritaron “¡fuera fascistas!”, otros replicaron “¡vete de aquí, mochilero!”. Unidas Podemos ha denunciado el acto de campaña de Monasterio ante la Junta Electoral Central, instando a la Fiscalía a que actúe contra una iniciativa que “fomenta el odio y la xenofobia”. El enojo en la Consejería de Igualdad era mayúsculo. “No entendemos este acto. En este centro no hay ningún problema de convivencia, hay 15 niños estudiando y formándose y el barrio los ha aceptado perfectamente”, se que quejado la consejera.

Gastos 'sin justificar'

La denuncia al “inmigrante irregular” -y singularmente a los menores sin papeles- es una constante en el discurso político de Vox. El anuncio televisivo de la campaña de Abascal para el 10N trata exclusivamente sobre el vínculo entre delincuencia e inmigrantes. En el primer documento que negociaron con el PP andaluz a cambio de apoyar la investidura del hoy presidente Juan Manuel Moreno, el grupo de extrema derecha exigió la “deportación de 52.000 inmigrantes sin papeles”.

El último acuerdo, suscrito hace un par de semanas, incluye un futuro convenio con el Ministerio de Interior para que se comparta con la Policía “la información que obre en los archivos de la administración Andaluza”, con objeto de “luchar contra las mafias que trafican con personas y ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares”. De esta frase, Vox interpreta que los centros de salud podrán dar datos personales de los inmigrantes enfermos a la Policía -evitando así el uso que hacen de la sanidad pública- y PP y Ciudadanos lo desmienten categóricamente, y el Ministerio del Interior niega que se haya iniciado negociación alguna. “Es sólo mejorar la coordinación entre administraciones”, dicen. La formación de extrema derecha ha apoyado dos presupuestos autonómicos [2019-2020] y en ambos ha exigido un aumento del gasto para reforzar la seguridad y la vigilancia en los centros de menores extranjeros de la Junta.

Elías Bendodo: “No sabría decirle”

La coalición de Gobierno trató de disuadir a su aliado mostrándole las estadísticas oficiales, pero no los convenció. El Presupuesto andaluz de 2019 incluyó una partida extra de 800.000 euros para seguridad en centros de menores extranjeros, y las cuentas de 2020 suman otros 150.000 euros. Casi un millón de euros para enfrentar un problema con un 0,54% de incidencia, según la propia Junta. El portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, no ha sabido explicar por qué destinan fondos públicos a prevenir la inseguridad en centros de Menas si no hay inseguridad relevante en dichas instalaciones. “No tengo la respuesta aquí. No sabría decirle por qué esa cantidad ha aumentado”, respondió hace unos días cuando fue preguntado.

Tampoco supo explicar entonces en qué se está gastando esos 800.000 euros su departamento, que tiene las competencias sobre seguridad. “Ahora mismo no sabría decirle el grado de ejecución presupuestaria de esa partida, se la daré en un rato”, dijo hace una semana. A preguntas de este periódico, el equipo de Bendodo tampoco ha aclarado si esa partida se está usando ya y en qué se está usando: alegan que el Presupuesto en vigor “aún se está ejecutando y hasta que no termine el año no podemos definir a dónde en concreto va cada partida”.

Sin embargo, la Consejería de Hacienda no espera a final de año. Fuentes del departamento de Juan Bravo confirman que ya se está redactando la orden de cierre del ejercicio presupuestario de 2019, que aparecerá publicada en el BOJA antes de dos semanas. Las distintas consejerías de la Junta tienen hasta esa fecha para culminar sus compromisos de gasto, después lo que no se haya consignado quedará sin ejecutar para el ejercicio previsto.

Ante la falta de respuesta de Bendodo, el vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, quiso salir al paso para explicar por qué habían asumido el sobregasto de 950.000 euros para seguridad en los centros de menores migrantes exigido por Vox. “Los centros 'menas' hay que rehabilitarlos, porque algunos están en condiciones que son mejorables. Son necesarias obras de inversión que mejore la permanencia de los niños en estos centros”, advirtió.

El problema es que el gasto comprometido con Vox -esos 800.000 euros en 2019 y 150.000 euros en 2020- no pueden utilizarse para mejorar las instalaciones, como asegura Marín, porque están ubicados en la Consejería de Presidencia, con competencias en seguridad. Fue el propio grupo de extrema derecha el que contestó al vicepresidente que su acuerdo implica un aumento del gasto en vigilancia “contra la delincuencia y la inseguridad que provocan los menas”. “Vox ha dejado su impronta en los Presupuestos andaluces”, dijo el portavoz del grupo parlamentario, Alejandro Hernández. Preguntado al respecto, Marín aclaró que “al final, la seguridad en los centros beneficia a las personas que están ahí, porque hay muchos menores que escapan de estos centros”.

La atención a menores extranjeros no acompañados es competencia de las comunidades autónomas, sin embargo, Andalucía es la puerta de entrada a través del Estrecho. En lo que va de año la Junta ha contabilizado más de 7.000 menores sin papeles y alrededor de 4.000 están siendo tutelados en los centros de acogida. Allí reciben formación y manutención hasta que cumplen 18 años, luego salen a la calle y muchos, la mayoría, carecen de un arraigo social y familiar para mantenerse. La falta de trabajo y de entorno afectivo son los dos principales problemas, socorridos a duras penas por algunas ONGs, pero la propia Administración andaluza admite que ahí existe un vacío en el sistema que aún no han resuelto.