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La “revolución fiscal” del PP: una rebaja de hasta 9.000 euros al año para los más ricos y ningún ahorro para los trabajadores con menores ingresos

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en rueda de prensa.

La "revolución fiscal" que ha exigido el PP de Cantabria como condición indispensable para apoyar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 tiene a auténticos ganadores y a perdedores muy claros: la propuesta de rebajar el tramo autonómico del IRPF ignora por completo al 36% de los trabajadores que menos ganan, que no obtendrían ningún tipo de beneficio con esta medida; pasa de puntillas por cerca del 40% de la población, que no notaría grandes cambios; mientras que el grueso del ahorro recaería de manera directa sobre algo menos del 4% de los contribuyentes con mayor renta, los que ganan más de 60.000 euros anuales, que podrían embolsarse entre 700 y 9.000 euros al año, con mayor incidencia entre los que más ganan.

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Todo esto se desprende del análisis que ha realizado la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria, que ha estudiado la petición realizada por el PP cántabro, realizando una así una simulación con datos reales de los contribuyentes para valorar el impacto que tendría sobre las cuentas públicas del año que viene. En este sentido, el departamento que dirige María Sánchez (PSOE) ha concluido que el efecto anual que esta reforma fiscal tendría en la recaudación en caso de llevarse a cabo alcanzaría los 43,5 millones de euros.

La cifra crece aún más y se iría hasta los 110 millones en total si se tienen en cuenta otras propuestas de los populares cántabros, como la ampliación de las deducciones (22 millones), la eliminación del impuesto de Patrimonio (21 millones), la rebaja del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de inmuebles o vehículos (18 millones), la bonificación del 100% a los hermanos en el Impuesto de Sucesiones (4 millones) o la rebaja del tipo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la adquisición de la primera vivienda (1 millón).

"Esta reducción de impuestos debería de venir acompañada de una bajada del gasto con el objetivo de no deteriorar el déficit estructural. Las disminuciones permanentes de impuestos, derivados de cambios normativos, deben venir acompañados de una reducción de igual importe en el gasto, con el objetivo de no deteriorar el saldo estructural, porque lo contrario es un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", señalan desde la Consejería de Economía en el informe consultado por elDiario.es.

En cualquier caso, donde más se detiene este documento es en el impacto de la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que supone la parte más importante de la propuesta fiscal del PP, y que consiste en reducir un 1% todos los tramos autonómicos del IRPF, un 2% al tramo entre 60.000 y 90.000 euros. y un 3% para las rentas superiores a 90.000 euros. En la actualidad, el tramo autonómico del IRPF en Cantabria y con la reforma presentada por el PP sería la siguiente:

"Es una reforma muy regresiva porque los contribuyentes con rentas inferiores a 12.000 euros, y que suponen más del 36% del total, no se benefician en nada, mientras que los contribuyentes que ganan más de 60.000 euros, y que suponen el 3,6% del total de declarantes, se benefician de casi una cuarta parte de esta reforma", señalan desde la Consejería de Economía, donde califican de "inviable" e "irresponsable" la propuesta del PP por el coste que representa, teniendo en cuenta además que como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 el conjunto de las administraciones públicas terminó 2020 con un déficit superior al 10% del Producto Interior Bruto (PIB).

Tras simular la distribución de la rebaja fiscal propuesta por el Partido Popular en los casi 290.000 contribuyentes de la Cantabria, el departamento que dirige Sánchez cuestiona algunas de las declaraciones realizadas por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, que cuando presentó públicamente su oferta al Gobierno PRC-PSOE aseguró que "esta rebaja supone 1.000 euros para las clases medias", cuando para beneficiarse de esta rebaja sería necesario disponer de un salario anual de 90.000 euros, lo que supone formar parte del 1% de los contribuyentes que más ganan. "Esto significa que el PP no sabe que significa clase media", advierten fuentes de la Consejería.

Así, este informe refleja que hay casi 105.000 contribuyentes, el 36,6% del total, que ganan menos de 12.000 euros al año y que no obtendrían ningún beneficio en su declaración. Además, el grueso de los contribuyentes tiene unas ganancias anuales en la franja entre los 12.000 y los 30.000 euros, -en concreto, 115.000 personas, que suponen el 39,85%-, y que en este caso tendrían una rebaja en su declaración de 138 euros al año, es decir, unos 11,5 euros al mes. Sin embargo, los 58.000 contribuyentes que ganan entre 30.000 y 60.000 euros, y que suponen el 20,19% de los contribuyentes, se podrían ahorrar de media unos 306 euros anuales, o lo que es lo mismo, 25,5 al mes.

La gran brecha surge a partir de los contribuyentes que se embolsan entre 60.000 y 150.000 euros al año, unos 9.500 cántabros que representan al 3,28%, que pueden tener beneficios de 716 euros anuales; los 885 declarantes que ganan entre 150.000 y 601.000 euros, un 0,31% del total, con rebajas de hasta 2.918 euros en su declaración; o las 59 personas que declaran beneficios superiores a los 601.000 euros al año, un 0,02%, que tendrían la posibilidad de no pagar impuestos por valor de 9.037 euros en el próximo ejercicio.

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