Ramales y Ampuero denuncian la nueva Junta Directiva del GAL Asón-Agüera-Trasmiera

Los ayuntamientos de Ramales de la Victoria y Ampuero han interpuesto una demanda contra la constitución de la nueva Junta Directiva del Grupo de Acción Local (GAL) Asón-Agüera-Trasmiera. En el escrito, presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Laredo, los denunciantes consideran que la Asamblea General no respetó el procedimiento que rige la elección de dicha Junta, por lo que piden que se declare nula la misma.

El fondo de la cuestión tiene que ver con el proceso que regula la designación de los candidatos a formar parte de la Junta Directiva. El artículo 6 de los estatutos dictamina que los cuatro estamentos que conforman el GAL (ayuntamientos, entidades deportivas, entidades sociales y entidades empresariales) deben elegir entre sus miembros a los candidatos a dicha Junta.

César García, alcalde socialista de Ramales, indica que en la Asamblea General celebrada el 11 de septiembre pasado “se presentó una candidatura cerrada, sin haberse realizado previamente la elección dentro de cada estamento, tal y como marca el reglamento”. Han solicitado por escrito una copia del acta de la Asamblea, pero “llevamos dos semanas esperando, y nada”.

Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo y presidente del GAL desde 2015, señala que a día de hoy “no nos ha llegado ningún escrito ni demanda” y niega cualquier tipo de irregularidad en el proceso de elección de la Junta. Luis Rodríguez, gerente del GAL, cree que el problema se debe a diferencias de interpretación de los actuales Estatutos, en vigor desde principios de 2015, y que modificaron el procedimiento de renovación de Junta Directiva.

“Los anteriores Estatutos sí que contemplaban un proceso de designación mediante Comisiones, previo a la Asamblea”, explica, “pero en enero de 2015 se modificaron, suprimiendo este sistema”. Rodríguez señala que ya la anterior renovación de la Junta Directiva, realizada en octubre de 2015, se llevó a cabo con el actual procedimiento, por unanimidad y sin provocar crítica alguna.

Por lo que respecta a la Asamblea del pasado 11 de septiembre, Rodríguez considera que sí se respetó el procedimiento. “La Asamblea siguió dos pasos: en primer lugar se aprobó la composición de las candidaturas, y posteriormente la designación de la Junta”. Incide en que el resultado fue aprobado por una “abrumadora mayoría”: de los 25 votos emitidos (entre socios presentes y votos delegados), 23 fueron favorables, uno negativo y un último se abstuvo.

Leoncio Carrascal incide también en el que el cambio de Estatutos de 2015 fue aprobado por unanimidad, incluyendo a los representantes de los ayuntamientos de Ramales y de Ampuero, si bien las personas que ejercen de representantes de estos municipios han cambiado tras las últimas elecciones municipales.

Una Junta con tinte regionalista

La composición de la mencionada Junta muestra una clara mayoría favorable al PRC. Los cuatro cargos orgánicos son ocupados por alcaldes y concejales regionalistas. Así, la Presidencia recae en el alcalde de Arredondo (Leoncio Carrascal), la Vicepresidencia en el de Guriezo (Ángel Llano), la Secretaría en el de Rasines (Sergio Castro), y la Tesorería en el concejal regionalista de Limpias (Jesús Ramón Abascal). De los seis representantes de la sociedad civil, tres han concurrido a elecciones municipales bajo las siglas del PRC en diversas legislaturas, uno lo hizo con el PSOE y otra en listas del PP. Es decir, que solo un miembro de toda la Junta Directiva no tiene o ha tenido vinculación con partidos políticos.

En realidad, esta politización del GAL no es ninguna novedad, ni se produce únicamente en el Grupo del Asón-Agüera-Trasmiera. El GAL es un organismo formado actualmente por 17 ayuntamientos que se creó en 1996, con la finalidad inicial de gestionar los Fondos PRODER provenientes de la Unión Europea. Posteriormente las directrices europeas obligaron al GAL a incluir organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la normativa europea que regula la gestión de los GAL obligaba a que su Junta Directiva estuviera compuesta mayoritariamente por representantes de dichas entidades, lo que generó un profundo malestar en muchos políticos municipales por aquel entonces.

Una participación ciudadana “más ficticia que real”

Para muchos, sin embargo, desde un principio la participación de la sociedad civil fue más ficticia que real. “De la noche a la mañana surgieron nuevas asociaciones que se integraban en el Grupo”, recuerda un antiguo miembro, “y la mayoría de ellas estaban vinculadas a partidos políticos”. Este socio cita como ejemplo los casos de Guriezo y el Valle de Villaverde; así, en el caso de las Entidades Culturales, casi el 50% de las participantes tienen su sede en Guriezo. En el caso de Villaverde, las entidades de la sociedad civil que tienen la sede en dicho municipio suponen casi un 20% del total de los socios.

Ello llevó a que a comienzos de los 2000 diversas organizaciones que participaron en las primeras asambleas dejaran de hacerlo, o se dieran de baja. Fue el caso de organizaciones como Naturaleza Siglo XXI, la Asociación Juan de Espina, AER... Uno de los entonces asistentes a estas reuniones se muestra muy crítico con el proceso participativo desde sus inicios. “En realidad, fuimos convidados de piedra. Se nos llamó a regañadientes porque desde Europa se imponía. Pero los alcaldes siempre han visto el GAL como un coto particular”.

Lo cierto es que un rápido vistazo tanto a los representantes en la Asamblea General como a los asistentes efectivos a la misma transmiten una imagen de profunda politización de la entidad; lo mismo ocurre con los votos delegados en las Asambleas. Un ejemplo puede ser la Asamblea General realizada el 23 de noviembre de 2018. Además de los delegados por los ayuntamientos, solo acudieron los representantes de tres entidades socioculturales y económicas.

Fueron la Asociación Secadura, representada por Alberto Ochoa Sisniega (concejal regionalista de la Junta de Voto); la Asociación Cultural Real Valle de Guriezo, representada por Ángel Llano Escudero (actual alcalde regionalista de dicho municipio); y Asaja Cantabria (con voz, pero sin voto), representada por Pedro Gómez Gómez (actual diputado autonómico del Partido Popular).

Si nos remontamos a Asambleas previas, la dinámica es la misma: en la celebrada en abril de ese mismo año, de los cuatro representantes de la sociedad civil que acudieron a la misma, tres de ellos estaban vinculados a candidaturas del PRC o del PP. Y en la Asamblea General Extraordinaria de noviembre de 2016, de los siete representantes de esas entidades, cinco formaban o habían formado parte de candidaturas municipales.

Pese a estos datos, Leoncio Carrascal considera que “no existe politización del Grupo”. “A todos se trata por igual, sean del color que sean”, señala. Argumenta que “hay asociaciones que no quieren estar en la Junta Directiva; en esta renovación solo había una candidatura, pero cualquier socio podía haber impulsado otra diferente, y no se ha hecho”. Por su parte, César García, considera que “el Grupo tiene que contar con la contribución de la gente, pero la mayoría de los ciudadanos de la comarca ni siquiera saben qué es y qué hace el GAL”.