Ascan mantiene cerrada una planta del parking del Distribuidor de La Marga ante la falta de demanda

Ha pasado ya medio año desde que el pasado mes de noviembre entró en funcionamiento el parking situado sobre el falso túnel del Distribuidor de La Marga. Una infraestructura moderna y perfectamente dotada, pero que no ha encontrado demanda entre los ciudadanos. O al menos no la suficiente para que funcione a pleno rendimiento. Una de las tres plantas de las que dispone el aparcamiento subterráneo permanece cerrada ante la falta de usuarios.

En concreto se trata del segundo nivel, que cuenta con 175 plazas y al que los vehículos no pueden acceder. Ascan Sadisa, que gestiona y explota la concesión, tiene colocadas unas vallas que impiden la entrada a dicha planta, que además se encuentra a oscuras.       

El PP había anunciado que esta sala estaría destinada a una explotación mixta. Por un lado, plazas en rotación y por otro en alquiler, de tal manera que se concederían abonos mensuales de mañana, tarde o noche, así como por todo el día y también por 160 horas. Un sistema “novedoso”, según destacó el concejal de Infraestructuras y Obras, César Díaz.

Pero ni los vecinos de la zona ni los usuarios de la Residencia Cantabria han respondido a las expectativas anunciadas y generadas por el equipo de Gobierno, capitaneado por Íñigo de la Serna (PP), artífice del proyecto en el año 2007, el primero como alcalde de la ciudad.

Los 'populares' habían reservado 85 de las 455 plazas del parking para residentes. Sin embargo, durante el plazo de presentación de solicitudes, ni un sólo ciudadano se mostró interesado en adquirir una plaza. El precio fijado por el Consistorio santanderino es de 23.000 euros más IVA por una concesión de 50 años, es decir, que transcurrido este tiempo se pierde la propiedad.

Ante esta nula demanda vecinal, el equipo de Gobierno tuvo que variar sus planes y anunció que dichas plazas serían utilizadas en régimen de alquiler aunque reservando el derecho preferente de los residentes, a los que se les concede la posibilidad de solicitar indefinidamente uno de los puestos. En cualquier caso, esta opción de alquiler tampoco ha servido para cubrir el espacio.

Este mismo criterio ya fue aplicado por el PP en el aparcamiento subterráneo de Mendicoague, donde los dirigentes del Ayuntamiento tampoco encontraron la demanda prevista. En este caso fueron dos las plazas para residentes que se adjudicaron. 

El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía, Miguel Saro, ha denunciado esta misma semana que el PP está utilizando el asfaltado de calles en la zona de Cazoña para suprimir plazas de aparcamiento en superficie, que tienen carácter gratuito, y “generar demanda” en el parking privado que, según ha recordado, fue un “capricho” de De la Serna. 

En un comunicado, Saro ha asegurado que las obras de asfaltado tienen la función de remozar la ciudad “justo antes de las elecciones” y “preparar el terreno” para una “futura ampliación de la OLA”, así como “devolver favores” a empresas privadas.

El parking de La Marga sufrió fuertes contratiempos desde sus inicios, empezando por la disputa entre el regidor municipal y el delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, al que De la Serna reclamaba que el Ministerio de Fomento acometiera este nuevo proyecto además de financiar los 32 millones de euros del paso subterráneo.

Después de 'pelear' mediáticamente con Ibáñez, el acuerdo final consistió en que el Ayuntamiento de Santander asumió el coste de los 776.000 euros que implicaban los trabajos de construcción de la estructura, que quedaría a disposición de la Administración local.  

En mayo de 2011, la sociedad formada por las empresas Emilio Bolado, Transitia y Tratado resultó adjudicataria de la construcción del aparcamiento, así como su explotación. La inversión ascendió a 7,7 millones de euros e incluía la puesta a disposición de un parque en superficie. 

Sin embargo, un año más tarde y ante la falta de perspectivas de obtener un rendimiento económico positivo, la sociedad encabezada por Emilio Bolado rechazó el contrato, al que finalmente accedió el grupo empresarial formado por Ascan Sadisa tras negociar con el equipo de Gobierno durante varios meses en los que obra permaneció parada.