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El caso de La Loma se desinfla al retirar la fiscal la acusación a 39 de los imputados

Solo queda en pie parcialmente la acusación contra los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza y otros cuatro técnicos municipales

La Fiscalía ha tomado su decisión porque la mayoría de los afectados ha desistido dado que su objetivo prioritario es que no haya demolición de sus viviendas

Aplazado hasta el jueves el macrojuicio de 'La Loma' de Castro a petición de defensas para buscar acuerdos

La vista ha sido suspendida hasta el lunes para que la fiscal reformule sus peticiones.

El mayor juicio por corrupción que ha habido en Cantabria, el del caso 'La Loma' de Castro Urdiales, ha quedado reducido a la mínima expresión por la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra 39 imputados, decisión a la que se han adherido la mayor parte de los particulares afectados que ahora se apartan del procedimiento penal. Estos afectados habrían decidido desistir porque su principal interés es que no se demuelan sus viviendas. La Junta Vecinal de Santullán, por contra, ha mantenido la acusación.

La Fiscalía ha retirado su acusación contra 39 de los 45 imputados en el macrojuicio por el desarrollo urbanístico de 'La Loma', que ha arrancado este jueves en la Audiencia, y la ha mantenido parcialmente contra los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza; el exarquitecto municipal, Pedro Restegui; la exingeniera del Consistorio, Yolanda Sánchez; y el arquitecto Valentín Galdós, retirando también buena parte de la acusación contra estos seis.

La mayoría de las acusaciones particulares -salvo la ejercida por la Junta Vecinal de Santullán- se han adherido a la postura del Ministerio Fiscal y han anunciado su decisión de retirarse del procedimiento.

A la vista de la decisión de la Fiscalía, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia provincial, Agustín Alonso, ha suspendido el juicio y ha emplazado a la fiscal, Pilar Santamaría, a presentar el nuevo escrito de acusación el lunes para proceder a su estudio y traslado a las partes ese mismo día; y ha citado a los 45 acusados el próximo jueves a las 10.00 horas para que ratifiquen en audiencia pública su conformidad o disconformidad.

La fiscal del caso, Pilar Santamaría, ha explicado que para tomar esta decisión ha tenido en cuenta, por un lado, la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del procedimiento penal dado que "su principal interés es la no demolición de sus viviendas".

Y por otro lado, los certificados del secretario del Ayuntamiento que reflejan que los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) 2, 3, 4 y 7 no han sido desarrollados, por lo que no se ha producido "menoscabo alguno".

De esta forma, la fiscal ha sacado de la causa todos los sectores en los que el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, vio indicios de delito en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, salvo el 2 y el 12 -el de Vallehermoso- y en este último caso, limitando la acusación exclusivamente al informe vinculante de Carreteras.

Se reduce así a la mínima expresión el escrito inicial de acusación que presentó en el año 2012 la fiscal María Jesús Cañadas, en el que solicitaba cerca de 200 años de cárcel para 46 acusados por delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.

Ahora, la fiscal mantiene únicamente la acusación contra Rufino Díaz Helgura, Pedro Restegui y Yolanda Sánchez por cohecho; contra Muguruza por prevaricación en la aprobación del plan parcial del SUNP 12 contraviniendo el informe de Carreteras; contra César Sáiz por prevaricación y cohecho; y contra Valentín Galdós Tobalina por falsedad y cohecho.

El cohecho supone una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público de diez años, con multas de 1,8 millones de euros, 1,08 millones de euros y 442.336 euros, según los casos. En el caso de la prevaricación, las penas solicitadas inicialmente por la Fiscalía eran de dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación; y por falsedad documental, hasta cinco años de cárcel e inhabilitación de cuatro años.

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