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Podemos denuncia que el convenio privatizador con Santa Clotilde se firmó por 40 millones más de lo que cuantifica la memoria económica

El consejero César Pascual en la inauguración del nuevo servicio de radiología del Hospital Santa Clotilde en enero de 2025.

Olga Agüero

Santander —

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Podemos Cantabria ha denunciado la existencia de discrepancias significativas entre la memoria económica interna utilizada por la Consejería de Sanidad para justificar el convenio singular con el Hospital Santa Clotilde y el texto finalmente publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)

La formación morada señala que la memoria económica, remitida a Podemos por el propio Servicio Cántabro de Salud tras reiteradas solicitudes de información y únicamente después de la intervención del Consejo de Transparencia, establece un importe máximo anual de 13,5 millones de euros, lo que equivale a 216 millones de euros para las 16 anualidades previstas.

Sin embargo, el convenio finalmente publicado en el BOC eleva la cuantía anual hasta 15.998.436 euros, lo que supone 255,9 millones de euros, es decir, casi 40 millones más de los que recoge la memoria justificativa oficial.

Podemos subraya que la memoria económica no contiene ningún cálculo, informe ni análisis de costes que explique el salto de 13,5 millones a casi 16 millones anuales, ni incorpora actualización de tarifas, ampliación de servicios, variaciones de actividad previstas o una adenda económica que modifique el valor inicial.

Esta ausencia de justificación afecta directamente al núcleo de legalidad del convenio, dado que el artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria exige de forma obligatoria una memoria económica previa que fije y motive el importe máximo antes de la aprobación del convenio.

Si la memoria oficial establece 13,5 millones pero el convenio firmado asciende a casi 16 millones “el procedimiento podría ser nulo de pleno derecho por falta de motivación económica, desviación del expediente, vulneración del principio de transparencia y aprobación de un gasto plurianual sin la debida cobertura documental”, advierte la formación.

Para Podemos Cantabria, esta discrepancia económica “no es un detalle menor”, sino un indicio de que el convenio no se ajusta al expediente que debería sustentar su aprobación.

La formación advierte de que todas las resoluciones posteriores que avalan y formalizan el convenio se apoyan en una memoria económica que no coincide con la cifra finalmente aprobada, lo que compromete la coherencia interna del procedimiento.

“Un convenio de más de 255 millones de euros no puede firmarse con una memoria económica que habla de 216 millones. La Consejería debe aclarar de inmediato de dónde salen esos casi 40 millones adicionales y por qué no existe ningún documento que los respalde”, señala Podemos.

“La documentación recibida hasta ahora no despeja dudas, sino que las incrementa”

Además, Podemos recuerda que el Gobierno de Cantabria sigue sin entregar otros documentos esenciales solicitados por la organización, como los informes jurídicos, los informes de Intervención, los estudios de planificación asistencial y los análisis de alternativas con medios públicos, “todos ellos imprescindibles para evaluar si la externalización es necesaria, eficiente y conforme al interés general”.

“La documentación recibida hasta ahora no despeja dudas, sino que las incrementa. Lo que tenemos es un convenio multimillonario aprobado con prisas, sin transparencia y con una memoria económica que no coincide con el gasto realmente comprometido”, denuncia Podemos Cantabria.

Podemos anuncia que trasladará esta información tanto al Consejo de Transparencia, que mantiene un expediente abierto sobre este caso, como al Tribunal de Cuentas, para que valoren si la diferencia entre la memoria económica y el convenio firmado puede constituir una irregularidad en la tramitación o justificación del gasto plurianual. Asimismo, la formación ha puesto toda la documentación en manos de su servicio jurídico para analizar las posibles implicaciones administrativas y determinar los pasos legales que correspondan.

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