El Ayuntamiento de Selas no renueva el alquiler a los vecinos a los que quiso desahuciar

Juan Julián Muñoz y María del Carmen Romero deberán finalmente abandonar su hogar en la pequeña localidad guadalajareña de Selas. Aunque judicialmente no prosperó el desahucio ordenado por el Ayuntamiento de Selas, éste ha decidido no renovar el contrato de alquiler de la vivienda en la que residían ambos, y que formaba parte de las dependencias de un edificio municipal. El contrato, tal como determinó el juez en mayo, expiraba en agosto. Y el Ayuntamiento aduce para justificar esta decisión la exigencia de acometer reformas en el inmueble por el ataque de xilófagos.

Los vecinos afectados señalan a eldiarioclm.es que se trata de un desahucio encubierto en la medida que el Consistorio de Selas sí ha renovado otras 10 viviendas que tiene alquiladas, lo que a su juicio supone una “cacicada” y un “agravio comparativo”. Además, subrayan que se trata de una medida inexplicable en un municipio golpeado por la despoblación y justo cuando que se está intensificando la preocupación por atraer vecinos al medio rural en Guadalajara. La no renovación del contrato de alquiler forzará a Muñoz y Romero a marcharse del pueblo, lo que implica el cierre de tres casas: la de sus padres, la de su hermana y la suya propia. En total, siete vecinos menos en un pueblo cuyo censo no sobrepasa la veintena de habitantes.

En un escrito que han dirigido a todos los vecinos del municipio, dejan claro que “no nos vamos, nos echan”, y se apoyan en el informe del arquitecto municipal, Germán Herranz López, con el que el alcalde había justificado el desalojo inmediato. Este estudio, en cambio, alerta sobre la situación de algunos elementos, pero no de la estructura general del inmueble. “Se considera que no existe riesgo en el uso del inmueble, haciendo la salvedad del frente de forjado de la balconada”, señala el arquitecto municipal.

“Hemos luchado cuatro años pero ya estamos cansados. Vamos a esperar hasta el 3 de septiembre, que es la fecha límite que nos dio el alcalde, que nos amenazó con demandarnos si no abandonábamos la vivienda antes de esa fecha”, explica emocionada a eldiarioclm.es María del Carmen Romero. “La verdad es que un disgusto absoluto dejar el pueblo después de tantos años y tendré que llevarme a mis padres, que nunca han salido del pueblo. Y todo por una cacicada contra nosotros”, añade. Asimismo asegura que la intención del primer edil es “derribar el inmueble en los próximos meses”.

La decisión del Ayuntamiento de Selas llega como consecuencia de la sentencia del pasado 2 de mayo del Juzgado de Instrucción número 1 de Molina de Aragón, que rechazó la denuncia de este ayuntamiento para desahuciar a Muñoz y Romero. En el fallo, el juez dio la razón a los vecinos afectados al entender que el contrato de alquiler seguía vigente hasta agosto de 2018 y su renovación se producía de forma anual y no mensual, tal como defendía el Consistorio. El demandante pretendía demostrar con ello que el contrato expiró en diciembre de 2017 y, de esta forma, poder materializar el desahucio de forma inmediata.

El conflicto alrededor del arrendamiento de la vivienda, de propiedad municipal, ha despertado un interés creciente por el hecho de producirse en un pequeño pueblo de apenas 18 habitantes, enclavado en la comarca de Molina de Aragón. La pareja reside en esta vivienda desde 1994 y, según su propio testimonio, acumulan tres años de “angustia, ansiedad y acoso” para lograr que abandonen su casa.

En 2015, el alcalde de Selas ordenó desalojarles del inmueble municipal en el que Muñoz y Romero residen en régimen de alquiler. El motivo: el deterioro que arrastra el edificio, según el ayuntamiento, afectado por una plaga de termitas. La orden de desahucio se produjo pese a que los inquilinos, según alegaron ellos mismos durante el juicio, se encuentran al corriente del pago del alquiler.

Su vivienda se encuentra situada en la parte superior de las antiguas dependencias del Ayuntamiento. Según el primer edil, un informe del arquitecto municipal advirtió de que la estructura de la planta inferior se encontraba en mal estado y afectada por termitas. El Consistorio de Selas ofreció a la pareja como alternativa otra vivienda municipal de 80 metros cuadrados, ubicada en la entrada a la localidad. Los inquilinos rechazaron esta opción, tras encargar por su cuenta un informe que determinó que su actual vivienda se encuentra en buen estado, es decir, lo contrario de lo que defiende el Ayuntamiento.

Tras desacatar varios avisos de desalojo, el Ayuntamiento de Selas elevó la cuota de alquiler en 60 euros anuales y advirtió de que pensaba ejecutar en el edificio varias obras de rehabilitación tras recibir una subvención de 40.000 euros de la Diputación de Guadalajara. Finalmente, en febrero pasado, el alcalde denunció a la pareja y el lanzamiento de desahucio se fijó para el 17 de mayo.

Félix Martínez, alcalde de Selas, relató a este digital que “los vecinos no se avinieron a alcanzar ningún acuerdo y se negaron a desalojar este edificio”. “No soy un cacique como me llaman. Todas las decisiones que he tomado han sido ratificadas en el Pleno. No pretendemos echarles del pueblo, pero es necesario vaciar ese edificio para realizar las reformas precisas”, agregó. Durante el juicio, celebrado el 25 de abril, los vecinos recibieron el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara (PAH).