Los okupas de Fraguas reactivan su protesta en Guadalajara

Una protesta cívica para reclamar soluciones para Fraguas. Con este fin se manifiesta en Guadalajara el colectivo de okupas que habita en esta aldea desde 2013, emplazada en el Parque Natural de la Sierra Norte de esta provincia. Quieren que el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el que mantienen un conflicto judicial desde que éste les denunciara por delitos contra el medio ambiente, les escuche y les ofrezca salidas que les permita continuar con su proyecto de repoblación rural.

Jaime Merino, uno de los miembros más veteranos del grupo de Fraguas, asegura a eldiarioclm.es que “nos manifestamos pacíficamente para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que retire la denuncia contra nosotros y legalice estas construcciones para que podamos empadronarnos”.

Esta reivindicación se produce en un momento en el que el problema permanece estancado en los tribunales desde hace un año y se ha cortado toda comunicación entre el colectivo y la Administración. “El tema de Fraguas está paralizado en el juzgado y no sabemos cuándo nos llamarán a declarar”. Con respecto a la actitud que ha manifestado el Gobierno regional durante este tiempo de “judicializar” el asunto, el grupo de okupas se muestra “molesto y crítico”, porque, “los partidos políticos se comportan de manera demagógica defendiendo el futuro del medio rural, cuando en realidad, no les interesa encontrar salidas para Fraguas y sentimos que se han reído de nosotros”, puntualiza Merino.

A la marcha de protesta, que partirá a las 12 horas desde los Juzgados de Guadalajara –tribunal que instruye la causa- y concluirá a las puertas de la dirección provincial de Agricultura, se unirán más de un centenar de simpatizantes que proceden de países como Francia, Portugal, Polonia, Rumanía, Alemania, Reino Unido, Finlandia, de México o Israel.

Se trata de 150 personas, agrupadas bajo las siglas de la red internacional Ritmos de Resistencia (Rhythms of Resistance), un movimiento que utiliza la música y el baile como herramientas para la acción social, política y ecológica, que vienen expresamente a Guadalajara con el objetivo de apoyar al grupo de Fraguas al ritmo de una batucada. La jornada de protesta se cerrará con una cena entre todos los participantes en la aldea. “Decidimos hacer un llamamiento internacional, a través de las redes sociales, para recabar más respaldo y recibimos una respuesta increíble”, explica el joven.

Cinco años de resistencia

El proyecto para repoblar Fraguas, una población expropiada forzosamente por el franquismo en los años sesenta, prosigue después de cinco años consecutivos de activismo de un colectivo enmarcado en el movimiento de la ‘okupación rural’. El grupo de okupas, formado por 12 personas que viven de continuo y otros 15 colaboradores más llegados desde Guadalajara y Madrid, continúa la reconstrucción de las viviendas y espacios comunes de este caserío. “Seguimos trabajando poco a poco, con ilusión y pedimos que respeten nuestro proyecto de vida sostenible y autosuficiente que solo busca recuperar el medio rural”, explican desde el colectivo a este digital.

La expectación social y mediática que suscitó esta iniciativa en una zona escasamente poblada, situada a 60 kilómetros al norte de Guadalajara, no ha decaído con el paso del tiempo. El colectivo, que mantiene su colecta de fondos mediante ‘crowfunding’, suma ya 70.000 firmas de apoyo en Internet. Una labor en la que los miembros de la comunidad no han parado tampoco de planificar actividades culturales y ecológicas con las que pretenden dar mayor visibilidad a su reivindicación.

La última iniciativa, que tuvo lugar a principios de abril, consistió en la reforestación de más de un centenar de encinas y robles autóctonos en Fraguas en la que participaron 60 estudiantes de las asociaciones de voluntariado ambiental, vinculadas a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

En lo que respecta al proceso judicial abierto, la Junta de Castilla-La Mancha ratificó a este medio, en octubre de 2017, su posición de mantener la denuncia, a la espera de que se celebrara el juicio oral, previsto para la primavera de 2018.

Entre los políticos castellano-manchegos, José García Molina, actual vicepresidente regional, destacó como una de las voces más críticas en relación a este caso, llegando a considerar la denuncia como “absolutamente desproporcionada”. Además, antes de incorporarse al Gobierno regional, mostró públicamente su compromiso con la comunidad de Fraguas “para mediar y alcanzar un acuerdo negociado que permita dar continuidad a un proyecto que no daña el medio ambiente”, según declaró a eldiarioclm.es.

Sin embargo, el colectivo de okupas continúa esperando que esta mediación se materialice con hechos tangibles y soluciones concretas. Un año después de que el político de Podemos visitara la comunidad acompañado de otros miembros de su partido, Fraguas sigue sin recibir una solución desde la Junta.

La situación judicial a la que se enfrenta este grupo de okupas es ciertamente grave. El Gobierno de Castilla-La Mancha interpuso contra ellos una denuncia, entre otras razones, por repoblar al margen de la ley un lugar que ya no está catalogado oficialmente como municipio. La Fiscalía, por su parte, reclama para ellos una pena de 26 años de prisión, dos para cada uno de los seis miembros del movimiento reivindicativo, denunciados por delitos de usurpación del monte, contra la ordenación del territorio y por daños al medio ambiente. Además, en caso de que la causa prospere, deberán asumir una sanción de 26.000 euros en concepto de responsabilidad civil para demoler todas las construcciones del poblado y gestionar los residuos generados este tiempo.

Precisamente, el empadronamiento es una de las principales reclamaciones del colectivo y también supone uno de los mayores obstáculos a salvar por este grupo. El hecho de que Fraguas dejara de ser municipio hace 50 años les impide inscribirse en el padrón de Monasterio, una localidad situada a unos 10 kilómetros, a la que Fraguas estuvo vinculada históricamente como pedanía.