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Quedan 1.600 pozos por regularizar en el Alto Guadiana y “la solución está encima de la mesa”

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural confía en que el Gobierno central que salga tras las nuevas elecciones dé cumplimiento a un acuerdo que ya cumple 12 años

“Estamos ante la posibilidad de hacer las cosas mejor que hasta ahora” ha dicho también en referencia al futuro Pacto Regional por el Agua

El Ejecutivo castellanomanchego seguirá recurriendo los trasvases del Tajo al Segura  que superen la cantidad mínima para consumo humano que se prevé para el Canal del Taibilla

Río Guadiana

Río Guadiana

El agua es el “reto más importante” de Castilla-La Mancha en la presente legislatura. Con esta frase y con una referencia especial a todas las personas afectadas por las últimas lluvias ha comenzado su intervención parlamentaria el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, para dar cuenta de las acciones previstas por su departamento en la presente legislatura. Ha dedicado a esta materia, antes gestionada por la Consejería de Fomento, buena parte de su intervención, llamando a la necesidad de un acuerdo nacional y regional y detallando algunas cuestiones enquistadas en la región como el trasvase Tajo-Segura y la regularización de pozos agrícolas.

Ha resaltado en primer lugar que el futuro de la ciudadanía, y más concretamente de la agricultura castellanomanchega, pasa “por un futuro sostenible en esta materia”. Por eso ha hecho varias menciones a la necesidad de un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de las Cortes regionales y de todos los partidos que quieran participar para conseguir un Pacto Regional del Agua. En las próximas fechas se convocará la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha con este objetivo, llamando a la participación de la sociedad civil, que fue “quien nos ayudó a elaborar un documento de posición”. “Ahora es el momento de los partidos”, ha afirmado.

En este sentido, el trasvase Tajo-Segura sigue siendo parte de la posición de la región en materia de agua. El consejero ha querido recordar que el Gobierno autonómico no se ha opuesto a los trasvases para consumo humano “desde la mayor de las solidaridades”, pero que seguirá recurriendo aquellos que superen la cantidad mínima de agua para consumo humano que se prevé para el canal del Taibilla.

"Un ejemplo de solidaridad"

“No queremos que se riegue en el Levante con agua de Castilla-La Mancha”, ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que la posición castellanomanchega seguirá siendo la misma e incluso “liderará el acuerdo en materia nacional”, dando “un ejemplo de solidaridad y de respeto al resto de territorios”, pero “con contundencia” y sin “consentir los trasvases para regadío”.

Dicho esto, también ha enumerado los problemas existentes en las otras tres principales cuencas hidrográficas de la región: Guadiana, Júcar y Segura. Ha precisado que en todos los casos hay “buena predisposición” de las confederaciones hidrográficas para resolver problemas pendientes. En el caso de la cuenca del río Segura, ha anunciado el impulso de la Administración a una futura Junta Central de Regantes del Alto Segura “que trabaje por los intereses de los agricultores en Albacete”. Se trata de una cuestión que “hasta ahora no ha sido posible y ahora es planteable”. También ha reconocido que hay “mucho que hacer” en la provincia de Cuenca, en la cuenca del Júcar, como garantizar los regadíos tras los proyectos comprometidos por el PP cuando gobernaba a nivel estatal.

En cuanto al río Guadiana, Martínez Arroyo ha destacado que la comarca de La Mancha abarca la tercera parte de la población de la región, asentada sobre una realidad agrícola de cultivos sociales que dependen del agua. “Estamos en condiciones técnicas de garantizar un caudal suficiente en los acuíferos del Alto Guadiana”, ha resaltado, con informes específicos encargados por la Agencia del Agua para un mejor conocimiento de las aguas subterráneas.

Francisco Martínez Arroyo en comisión parlamentaria

Francisco Martínez Arroyo en comisión parlamentaria JCCM

Ha sido en este punto cuando se ha referido al acuerdo que en 2007 se adquirió entre la Administración autonómica y la Confederación del Guadiana, mediante consorcio, para la regularización de pozos ilegales. Hasta el año 2010 así se realizó con 4.000 de ellos, pero en 2011, con la llegada del PP a la Junta, “hubo cuatro años de sequía en la regularización”; y en 2015, cuando el PSOE volvió, “nos encontramos una situación difícil con el Gobierno central”.

Ahora, el Ejecutivo está en funciones a la espera de nuevas elecciones generales, pero el consejero ha confiado en “rematar el compromiso” que la Administración adquirió con los ciudadanos en estas explotaciones prioritarias. En total, ha precisado que hay 1.600 regularizaciones pendientes en el Alto Guadiana y que “la solución está encima de la mesa”.

“Estamos ante la posibilidad de hacer las cosas mejor que hasta ahora y de resolver entre todos los problemas de los ciudadanos y de los agricultores para conseguir explotaciones más rentables, sobre todo para los más jóvenes”, ha concluido.

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