Las sanciones a la mendicidad y prostitución de la ordenanza de San Vicente, ¿similares a las de Alicante?

La nueva ordenanza de convivencia en la que está trabajando el gobierno local del PSPV-PSOE y Esquerra Unida en San Vicente del Raspeig ha despertado suspicacias por si podría guardar similitud con la de Alicante capital, cuyo trámite en manos de PP y Cs -actualmente paralizada- ha generado el rechazo, entre otros, de los socialistas, Unides Podem y Compromís, por su “espíritu sancionador” que “criminaliza la pobreza”

El borrador de la propuesta de San Vicente, como hace el de Alicante, se basa en el modelo en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aprobado en varios ayuntamientos, reconoce el concejal de Seguridad de la pequeña localidad, José Manuel Ferrándiz. Sin embargo, cada consistorio es el que determina qué artículos salen adelante, y con qué limitaciones, algo que sigue debatiendo San Vicente con el objetivo de aprobar la ordenanza en el pleno de febrero.

A preguntas de este medio, Ferrándiz asegura que “las sanciones se dirigen exclusivamente a las personas que usen a menores o a personas con diversidad funcional para realizar esta práctica o a quienes la lleven a cabo de forma reiteradamente agresiva, coaccionando o acosando a la ciudadanía”. La multa por, en definitiva, “utilizarlos para dar pena”, estará entre los 750 y los 1.500 euros.

En el caso alicantino, si bien el regidor José Ramón González también se refirió a la utilización de menores o de otros colectivos para pedir limosna, la sanción incluye, con una cuantía similar, “a la mendicidad coactiva, intrusiva o agresiva, así como organizada, y que representen actitudes coactivas o de acoso” en lo que se refiere a una visión más amplia de la indigencia.

Sobre la prostitución, Alicante tiene previsto multar con 750 a 1.500 euros, si la ordenanza entra en vigor, a todas las partes implicadas al recoger el texto sanciones para personas que “llevan a cabo prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en vía pública cuando afecten a la convivencia ciudadana”. En cambio, San Vicente avanza que están decantándose por la vía de “no sancionar a la prostituta o prostituto; en cambio sí que habrá sanción económica para usuario o proxeneta”, aduce el regidor.

Reacciones

Preguntada a las otras fuerzas de izquierdas sobre si la ordenanza de San Vicente es similar a la de Alicante, el portavoz del grupo municipal de Podemos Sant Vicent reconoce que “es similar pero no igual; en algunos aspectos sí que es similar porque está basada en la ordenanza tipo de la FEMP”. Se refiere, por ejemplo, a que supuestamente los mendigos tienen prohibido (sin multa) dormir en los bancos. El borrador de la norma se refiere a que no está permitido usarlo “para usos distintos a los que están destinados”.

A su juicio, la ordenanza “tiene carencias interpretativas, si bien no tiene intención de penalizar ciertas conductas, sí que se infiere otras cosas”. En la misma línea, Compromís Sant Vicent insiste en que “hace falta mejorar la redacción de la norma para que se entienda bien”, dice Ramón Leyda, su portavoz en el Ayuntamiento.

En cambio, y a diferencia de Podemos, que apoya el punto en el que se sanciona el uso de menores o personas con discapacidad, la coalición valenciana se va a oponer “a cualquier punto donde se señale de manera explícita o implícita a las personas en situación de exclusión social o sin hogar, y siempre con una apuesta muy clara por políticas activas de inclusión”.

A este respecto, el equipo de gobierno de San Vicente, que requiere del apoyo de otra fuerza para aprobar la ordenanza al estar en minoría, asegura que no van a criminalizar la mendicidad, como se ha llegado a decir, puesto que van a “canalizar a estas personas a los servicios sociales con la finalidad de asistirlas y, en ningún caso, penalizarlas”.