C1 o B2: ¿Cuál debe ser la capacitación lingüística de los altos funcionarios valencianos?
El requisito lingüístico para acceder a la función pública sigue siendo un gran escollo para lograr un acuerdo en el seno del Gobierno valenciano. Mientras la consellera de Justicia y Administración Pública, la socialista Gabriela Bravo, defendía esta misma semana que la Administración Autonómica no puede exigir un nivel de valenciano que no se homologue al que puede conseguirse en la escuela pública para ser funcionario -es decir, el B2 al finalizar el Bachillerato-, sus socios de Compromís consideran que debe ser exigible el C1, como sucede en Catalunya o Galicia y siguiendo el modelo balear, que requiere el C1 (“nivel de dominio funcional efectivo”) para sus altos funcionarios.
La ley de Función Pública aprobada por las Corts Valenianes en marzo del pasado año recoge que los funcionarios públicos de la Generalitat deben conocer el valenciano, aunque quedaba pendiente del desarrollo de un futuro decreto el requisito de competencia lingüística para cada nivel de la Administración. Para desarrollar esta cuestión, en junio del pasado año se constituyó la comisión de estudio para la Acreditación de la Competencia Lingüística de la Función Pública Valenciana, formada por expertos y representantes de la Generalitat.
Esta semana se ha conocido el dictamen de la comisión de Competencia Lingüística, que recoge dos propuestas: una primera mayoritaria, secundada por cinco representantes, que considera exigible “un nivel mínimo de B2” para el acceso a los cuerpos y escalas de los grupos de clasificación A1 y A2; y una segunda, rubricada por cuatro miembros de la comisión, que aboga por la exigencia del C1 para estos altos funcionarios, “pudiendo establecer una moratoria máxima de dos años para acreditar estos conocimientos, durante el cual se exigiría la acreditación del nivel B2”. Ante esta discrepancia, “el único párrafo sin acuerdo en las 20 páginas del informe”, la presidencia de la comisión “opta por no adherirse a ninguna de las dos propuestas”.
La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, se mostraba este viernes “segura” de que finalmente se alcanzará un acuerdo, “satisfactorio para todo el mundo”, sobre este tema en el seno del Consell: “Como dice el president Puig, las lenguas son puentes y no muros”. Oltra ha insistido en que la prioridad de la Generalitat es que se “garanticen” los derechos de los valencianos desde las instituciones públicas, “que cualquier ciudadano pueda ser atendido correctamente en cualquiera de las dos lenguas cooficiales”.
En este sentido, recordaba que el nivel que actualmente se exige en la Administración autonómica, en base al decreto 3/2017, es el C1, “de modo que parece que debe ser el adecuado”. Y añade: “Estamos hablando de titulados universitarios que se están preparando una oposición y que, por tanto, no creo que tengan ningún problema en una cuestión de competencia lingüística”. “Además, sería rebajar los requisitos actuales”, sostiene
El decreto 3/2017 del Consell, normativa actualmente vigente y por el que se aprueba el reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública, establece que los altos funcionarios (niveles A1 y A2) deberán acreditar el antiguo Grau Mitjà (actual C1) otorgado por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
Se trata de una cuestión negociada previamente con los sindicatos y sobre la que existía un acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre, un consenso que se rompió a finales de diciembre. Este acuerdo contemplaba una moratoria de entre dos y cuatro años para que aquellos funcionarios que no tuvieran la capacitación lingüística requerida pudieran acceder al C1.
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