La empresa del amigo de Castellano sigue haciendo obras para Sanidad en el centro donde trabaja el hermano del exconseller
El negocio con la Generalitat de las sociedades del empresario amigo del exconseller Serafín Castellano, José Miguel Pérez Taroncher -fallecido en mayo de 2016-, no se acabaron con la detención del político en 2015. Las firmas que ahora gestionan sus herederos y por lo que han sido imputados por el juzgado de Instrucción número 19 de València por los presuntos amaños de contratos en las consellerias de Sanidad y Gobernación siguen trabajando en la actualidad en obras de reforma para la administración autonómica.
La obra más grande que realizan en estos momentos las empresas del amigo fallecido del exconseller la tienen en estos momentos en el hospital de Sagunto, donde curiosamente trabaja el hermano del exconseller de Sanidad, Justicia y Gobernación. Fuentes de Sanidad explicaron que Miguel Castellano -hermano del político y exdirector médico del hospital Arnau de Vilanova- no tiene ningún poder de contratación ni vinculación con la adjudicación puesto que cubre el puesto de documentalista.
La obra de reforma que realiza la empresa que gestionan los herederos de Taroncher supera los 100.000 euros y la consiguieron tras ser invitados a un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, tras presentar la oferta más barata de las tres empresas invitadas por los directivos del hospital de Sagunt. Desde Sanidad defendieron la legalidad de la adjudicación.
El juzgado de Instrucción número 19 de València investiga las adjudicaciones que Serafín Castellano realizó como conseller a las empresas de su amigo Taroncher por todas las consellerias por las que pasaba. Se trata de las obras realizadas para el hospital La Fe (contratadas la mayoría a dedo), Arnau de Vilanova, la Escuela de Enfermería o los servicios centrales de la Conselleria de Sanidad. La firma del empresario de la Pobla de Vallbona también habría recibido contratos de reformas en la Conselleria de Gobernación cuando la regentó el político de Benissanó.
La instrucción judicial también indagará en la adjudicación por parte de Ciegsa de los trabajos en ocho institutos y colegios en Almussafes, Gandia, València y Xeraco. Además, los investigadores indagan en la legalidad del contrato de los trabajos en el pavimento del Centro de frutos secos de Almassora, que costó 2,4 millones y quedó sin uso durante el gobierno del PP.
Esta investigación nació de una pieza separada que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt por, presuntamente, pactar precios de los aviones de extinción de incendios y sobornar a políticos y funcionarios para obtener un trato de favor. El conocido como caso Avialsa. Castellano y Taroncher fueron detenidos el 29 de mayo de 2015 por estos hechos. La investigación sigue abierta.
