Vía libre para desmantelar Castor tras inadmitir el Supremo el recurso de la mercantil Escal
La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) declaró a principios del mes pasado la inadmisibilidad del recurso presentado por la mercantil Escal UGS S.L. (promotora del almacén de gas Castor) contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2019, que puso término a la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas. Ese acuerdo del Gobierno acordaba el desmantelamiento, sellado y abandono definitivo de los pozos frente a la costa de Vinaròs.
El alto tribunal no entra en el fondo de las alegaciones del recurrente ya que declara la inadmisibilidad de su recurso por falta de legitimación. En su sentencia, el Supremo recuerda que su doctrina jurisprudencial sobre la apreciación de la legitimación se fundamenta en la demostración de que la disposición u acto administrativo impugnados ha producido o ha podido producir una lesión jurídica de derechos o intereses legítimos en sentido propio.
Con este fallo, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera tiene vía libre para trazar una hoja de ruta de cara al futuro desmantelamiento de la instalación, paralizada desde el año 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma ubicada frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500, que notaron vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.
El proceso para desmontar la plataforma se divide en dos fases: en primer lugar, el sellado de los pozos y, en segundo lugar, el desmantelamiento de toda la infraestructura. Unos procesos que requieren de varios trámites administrativos que no son ni mucho menos rápidos de obtener, especialmente la necesaria declaración de impacto ambiental.
Mientras tanto, el departamento que dirige Teresa Ribera analiza las diferentes posibilidades y entre ellas, según ha avanzado Cinco Días, figura la posibilidad de vender por partes la plataforma, una opción que habría sugerido la mercantil Enagás y que permitiría al Gobierno cubrir el coste del desmontaje que podría alcanzar los 200 millones de euros. En este sentido, fuentes del Ministerio han asegurado a elDiario.es que “de momento” no consta esta petición.
Por otra parte, según el mismo diario, Escal estaría sopesando remitir una carta a la ministra Ribera para pedirle que reconsidere su postura de desmontar la plataforma, máxime tras el fallo judicial que absolvió a los directivos de la mercantil.
La Audiencia Provincial de Castellón absolvió en sentencia publicada el pasado 30 de noviembre a Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau y a la mercantil ESCAL UGS SL de delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por “la ola de pánico generalizado” consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pedía siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente “con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico”.
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