El Gobierno sobre el activista deportado a Argelia: “Los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior”

La deportación a Argelia del exmilitar y activista Mohamed Benhlima desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia propició una investigación del Comité Contra la Tortura de la ONU. Benhlima fue deportado de manera 'exprés' el 24 de marzo del 2022, tras ser rechazada su solicitud de asilo. Una vez en Argelia, el activista del movimiento de protesta popular Hirak, fue condenado a muerte por un tribunal argelino.

Sin embargo, el Gobierno español se ha desentendido de la situación del exmilitar, crítico con el régimen argelino. “Los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España”, sostiene el Ejecutivo central en una respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet.

El Gobierno alega que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación defiende y promociona “en todos los países” los derechos humanos. “Tanto en sus contactos bilaterales como en el marco del diálogo de la Unión Europea con los distintos Estados, España suscita las cuestiones relativas a los Derechos Humanos de manera global y en los casos particulares”, agrega la breve respuesta del Gobierno.

El joven, a pesar de que Amnistía Internacional apoyaba su solicitud de asilo, fue deportado desde el CIE de Zapadores (Valencia) en un vuelo exprés. Tras ser encarcelado en una prisión militar, Mohamed Benhlima se retractó de sus críticas al régimen argelino en una entrevista en televisión, tal como advirtió de que haría en caso de ser torturado antes de ser deportado. 

El activista y exmilitar permanecía detenido en un centro de la policía militar en Chéraga, al oeste de Argel. El exmilitar y activista huyó a España en 2019 por su participación en el Hirak, un movimiento popular de protesta que, bajo el lema dawla madaniya machi ‘askariya (“un Estado civil y no militar”), revolucionó Argelia.

Mohamed Benhlima fue condenado a diez años de prisión por terrorismo gracias a un nuevo artículo del Código Penal argelino (el conocido como 87 bis) que amplía el concepto a cualquiera que perturbe la seguridad del Estado, la unidad nacional o la estabilidad y el funcionamiento de sus instituciones.

Una reforma del Código Penal que ha sido criticada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que advirtió de que la amplitud del 87 bis podía implicar “persecuciones” y violaciones de los derechos humanos.

Benhlima se dedicó a denunciar presuntos casos de corrupción en el seno del Ejército argelino en su canal de Youtube, con 155.000 suscriptores, hasta su internamiento en el CIE de Zapadores (Valencia).

La segunda solicitud de asilo fue denegada al considerar el Ministerio del Interior que existían “razones fundadas” de que Mohamed Benhlima suponía “un peligro para la seguridad de España”.