El Gobierno recurre el decreto del Consell que regula el uso del valenciano en la Administración
El Gobierno central ha vuelto a recurrir un decreto del Consell. Esta vez, se trata de la norma que regula el uso del valenciano en la Administración.
Según un comunicado de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, aunque no pide la suspensión cautelar del decreto. El Gobierno central se suma a los recursos presentados ya por el Partido Popular y por el sindicato CSIF.
En el comunicado, la Abogacía alega que el valenciano solo es lengua cooficial en la Comunitat Valenciana, por lo que el decreto no es válido. “Entre los artículos cuestionables, están aquellos que prevén que las notificaciones, copias de documentos redactados en valenciano, y comunicaciones de la Administración de la Generalitat, que hayan de surtir efecto o estén dirigidas a ”Comunidades Autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano“, se redactarán en valenciano”, dice el texto distribuido por la delegación.
“En este sentido, parece evidente que para que estas comunicaciones desde la Comunitat Valenciana pudieran ir redactadas en valenciano, tendrían que ser dirigidas a Comunidades Autónomas con la misma lengua cooficial, situación que, evidentemente, no es posible, al ser el valenciano una lengua cooficial únicamente en la Comunitat Valenciana”, continua el comunicado.
Asimismo, el artículo 20 prevé, como requisitos que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de los contratos que aprueben los órganos de contratación, que los contratistas utilicen el valenciano en los bienes y en los servicios que son objeto del contrato, de manera especial en el etiquetado, en el embalaje, en las instrucciones de uso y en atención a la ciudadanía.
“Esto parece vulnerar el principio de libertad de circulación, el artículo 139 de la Constitución y el principio de libertad de acceso a las licitaciones contemplado en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, finaliza. El artículo 19 de la Constitución, referente a la libertad de circulación, dice lo siguiente: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos”, sin hacer mención a la lengua.
El 139, también señalado por la Abogacía, enuncia: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”.
Compromís considera “indecente” el recurso
El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, considera “indecente”, la “fijación que tiene el gobierno central con nuestro autogobierno. Parece que sólo se acuerdan de los valencianos para recurrir las políticas que lleva adelante la Generalitat para mejorar la calidad de vida de los valencianos. En este caso, recurren un decreto que únicamente busca que todo el mundo pueda relacionarse con la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales de nuestra tierra, el valenciano y el castellano. Con este recurso el PP vuelve a demostrar que está en contra del valenciano y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura”, ha señalado en un comunicado.
“Por otra parte -ha añadido el portavoz de Compromís- nos resulta curioso la rapidez que demuestra el gobierno de Rajoy para recurrir las políticas de la Generalitat, que contrasta con su parsimonia desesperante a la hora de cambiar el sistema de financiación que nos discrimina. Los valencianos merecemos un gobierno central que se preocupe por nuestra calidad de vida, nuestras escuelas, centros de salud e infraestructuras”, sentencia.
