El Gobierno reserva 20 millones para la ampliación del Puerto de València y 5,5 para la terminal de cruceros

La polémica ampliación del Puerto València y la nueva terminal de cruceros aparecen nuevamente pintadas en los presupuestos generales del Estado que se presentaron este jueves.

El Gobierno ha previsto una partida para los próximos cuatro años de 313 millones de euros para los muelles de la ampliación y de 50,3 millones para la estación de pasajeros, pese a las incertidumbres judiciales y políticas que rodean ambos proyectos. Solo para el año que viene la partida destinada al primer proyecto es de 20,7 millones y para el segundo de 5,5 millones.

Y eso, pese a que la ampliación norte está pendiente de una suspensión cautelar solicitada por la Comissió Ciutat-Port a la Audiencia Nacional que debe pronunciarse sobre la cesión por parte del Ministerio de Transición Ecológica de la condición de órgano sustantivo a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), lo que deja en manos del Puerto la decisión de solicitar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). Al respecto, el Defensor del Pueblo se pronunció recientemente sobre la cuestión pidiendo al ministerio un pronunciamiento sobre la DIA.

Sobre la terminal de cruceros que la APV pretende adjudicar en el próximo consejo de administración a Baleària, la plataforma vecinal y ecologista advirtió de que si lo hace incurrirá en prevaricación al no contar con informes ambientales y estar los terrenos donde se ubicará pendientes de resolución judicial por el fallido rescate de la concesión de Boluda.

Los proyectos tampoco han generado consenso político, menos entre los socios de Gobierno central y autonómico. Tanto Podemos como Compromís los rechazan por la falta de garantías ambientales en plena emergencia climàtica, así como el alcalde de València, Joan Ribó, quien exige una nueva DIA.

La ZAL de València, sin inversión

La inversión prevista para los proyectos portuarios contrasta con la de la Zona de Actividade Logísticas (ZAL), que se queda sin asignación, a la espera de la resolución del Supremo tras una nueva sentencia ganada por los vecinos que avala la ilegalidad del plan y que fue recurrida por la APV y el Gobierno valenciano.

Si bien es cierto que la empresa pública Plataforma Intermodal y Logística cuenta con una asignación para el año que viene de 15 millones, de ellos 10 van destinados a Sagunt y los 5 restantes a la compra de suelo logístico.