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El Gobierno valenciano detecta 1.300 viviendas públicas ocupadas ilegalmente, algunas de ellas usadas como 'narcopisos'

Una plantación de marihuana detectada en una vivienda pública de la Generalitat Valenciana

La alta demanda de viviendas públicas en comparación con la disponibilidad de inmuebles de la Generalitat Valenciana está haciendo que la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, se ponga las pilas para regularizar la situación de las personas que durante la crisis se vieron empujadas a ocupar pisos para no quedarse en la calle, muchos de ellos del parque público, y a recuperar las que no son susceptibles de ser legalizadas, para aligerar la lista de espera de 16.000 demandantes de vivienda con algún tipo de protección que maneja actualmente la Conselleria.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente del mencionado departamento, es la encargada de gestionar estas situaciones. Su subdirectora, Pura Peris, ha informado a eldiario.es que en la actualidad tienen contabilizadas 1.290 viviendas del parque público ocupadas.

Un dato a tener en cuenta es que las ocupaciones desde marzo 2020, es decir, a partir del estado de alarma, son 50, lo que evidencia un aumento de las ocupaciones respecto de meses anteriores. Una situación dada por el descenso de los controles de las viviendas motivado por el confinamiento.

Del total de viviendas ocupadas, un 74% están en proceso de regularización. En el caso de las 338 restantes, no es posible regularizar la situación, por lo que el protocolo establece la búsqueda de una alternativa habitacional para proceder al desalojo. Estos inmuebles, son rehabilitados en función de estado y puestos a disposición de la lista de demandantes.

La posibilidad de regularizar una ocupación la marca el momento de la misma. El Gobierno del Botànic encabezado por Ximo Puig, aprobó una resolución en 2017 encaminado a regularizar la situación de los ocupantes ilegales de viviendas públicas hasta julio de 2015, cuando se produjo el cambio de Gobierno autonómico, y a partir de ese momento.

El decreto viene a decir que a los ocupantes de viviendas hasta julio de 2015 se les ofrece la oportunidad de regularizar su situación de forma extraordinaria, para lo cual, se les ofrece un alquiler acorde a sus posibilidades económicas y además, deben comprometerse a ir abonando las cuotas y gastos impagados hasta ese momento. También tienen que cumplir con las mínimas normas de convivencia.

Si cumplen las condiciones se les mantiene en la vivienda, pero si se niegan a asumir las condiciones, también se puede iniciar un proceso de desalojo, puesto que supone un agravio para los inquilinos que sí cumplen con los pagos estipulados.

En el caso de las ocupaciones posteriores a julio de 2015, se procede en todos los casos a desalojar, siempre buscando antes una alternativa habitacional: "Esto implica desde la posibilidad de que tengan ingresos como para pagarse un alquiler hasta que tengan familiares que tengan vivienda, algo con lo que nos encontramos habitualmente puesto que en muchos casos son los miembros de una misma familia los que van ocupando viviendas de un mismo bloque cuando detectan que se quedan vacíos", explica Peris

El motivo principal de los desalojos es que la administración no puede permitir nuevas ocupaciones ilegales en viviendas públicas, ya que impiden atender a las familias necesitadas que respetan la legalidad y que están en lista de espera, además de que en muchos casos estas ocupaciones ilegales generan importantes conflictos en los grupos de vivienda social e impiden desarrollar la política de normalización de viviendas.

Rehabilitación de viviendas y 'narcopisos'

Según ha informado Peris, con la modificación presupuestaria solicitada y tramitada en marzo 2020, dada la necesidad se ha experimentado un repunte importante que desembocará en la reparación de aproximadamente 550 viviendas este año frente a las 307 del 2019. Se trata de viviendas sociales que tras ocupaciones ilegales, falta de mantenimiento u otras situaciones se han deteriorado hasta el punto de ser inhabitables. En estos casos, se rehabilitan antes de darles salida.

"La idea es que durante 2021 podamos terminar con las viviendas actualmente disponibles vacías, y poder empezar a reparar únicamente las de rotación. Aunque todo dependerá de las nuevas viviendas que se incorporen al parque público por compra, tanteo u otros procedimientos y que entren en la rueda de reparación", explica Peris.

Por otra parte, otra de las problemáticas que se encuentran en ocasiones desde la Evha es el uso de viviendas públicas como 'narcopisos' tambien denominados 'narcosalas' por las autoridades policiales, donde se vende y consume determinadas sustancias.

En el último año en más de 5 municipios (Elche, Alcoi, Alicante, Alberic y Sagunto) se ha colaborado con la Policía ya que se han detectado tanto narcopisos como plantaciones de marihuana en el interior de viviendas públicas.

En Alicante y Elche se han realizado, por parte de la Policía Nacional, determinadas actuaciones para la erradicación de estas viviendas y la puesta a disposición judicial de los detenidos, consistiendo la labor de Evha como medida cautelar única y exclusivamente en el tabicado de dichas viviendas para evitar posteriores ocupaciones ilegales por terceros.

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Publicado el
15 de agosto de 2020 - 00:49 h

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