Juicio del 'caso IVAM': la catastrófica era de Consuelo Císcar, en el banquillo

La sala de la Ciudad de la Justicia de Valencia donde se celebra el juicio contra Consuelo Císcar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), amanece cada sesión con las maquetas del fallecido escultor Gerardo Rueda como decoración. Tras el pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que eludió una condena de cárcel en la primera pieza separada del caso (por unos módicos 75.000 euros de indemnización a abonar conjunta y solidariamente por la exdirectora y otros dos acusados), Císcar encara la última causa por la que está acusada, con la ventaja de las particularidades del mundo del arte contemporáneo a su favor. 

Los tres magistrados que conforman el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia escuchan en cada sesión a acusados, testigos y peritos, ante las obras del escultor que un colaborador del heredero del artista despliega cada día. El Ministerio Fiscal y la Generalitat Valenciana solicitan una pena de seis años de prisión para Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM, como autora de los presuntos delitos continuados de prevaricación, falsedad y malversación por la adquisición de 96 obras del artista Gerardo Rueda. La entidad Acción Cívica contra la Corrupción ejerce la acusación popular.

El juicio, en el que han desfilado profesionales del IVAM, peritos y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional encargados de la investigación, también ha revelado las miserias y las bajezas morales del mundo del arte contemporáneo, en su vertiente del mercado y de la gestión pública museística. “Este juicio es eminentemente técnico artístico”, dijo la presidenta del tribunal en una de las sesiones. 

Las defensas de Consuelo Císcar, del exdirector económico financiero del museo Juan Carlos Lledó (exyerno de la directora) y del hijo adoptivo del artista, José Luis Rueda, han argumentado al unísono que la adquisición de las obras del escultor fue impecable e incluso un buen negocio para las arcas públicas, a pesar de que gran parte de las esculturas han acabado en el aparcamiento del centro logístico de la Generalitat Valenciana en Riba-roja del Túria.

La fiscal anticorrupción, Virginia Abad, sostiene que Císcar y el heredero del artista “urdieron un plan” al margen de la presidencia y del Consejo Rector del IVAM para desviar fondos públicos a la adquisición de obras de arte de Gerardo Rueda como si fueran originales “cuando en realidad se trataba de reproducciones póstumas con un valor muy inferior al establecido por el vendedor y abonado” por el museo. Sin embargo, las defensas alegan que el heredero tenía un permiso expreso de su padre adoptivo, al que conoció con 14 años, para realizar obras post mortem de grandes dimensiones a partir de las maquetas hechas en vida.

La discusión, a veces en términos impropios del ámbito penal, gira sobre la conveniencia de que un museo público adquiera las obras saltándose las recomendaciones éticas y deontológicas internacionales que, sin embargo, no están plasmadas en la legislación española. Tal como destacó el perito Jaime Brihuega: “Si se repiten indefinidamente [las obras], lo que hemos creado es la máquina de hacer billetes”.

La acusada Consuelo Císcar, que encabezó la etapa más pobre (artísticamente) del IVAM, ha realizado todo tipo de aspavientos y gestos durante las declaraciones de los testigos y los peritos. En las sesiones del juicio, han aflorado las filias y fobias de la exdirectora del museo y del heredero del artista, así como las bajezas del elegante mundo del arte contemporáneo.

Las defensas han cuestionado sistemáticamente a los conservadores del museo que detectaron las presuntas irregularidades en la adquisición de las obras, unos profesionales que precisamente se caracterizaron por no pasar por el aro de la exdirectora, esposa del corrupto confeso Rafael Blasco. Una directora, muy estimada entre los más relevantes críticos del arte contemporáneo español, que catapultó sin demasiado disimulo la carrera artística de su hijo Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar) y que incluso llegó a organizar una exposición de su peluquero en un museo público de primera línea.

El heredero del artista, quien llegó a disculparse ante el tribunal por su efusividad a la hora de declarar, también ha sido uno de los protagonistas más singulares del juicio. En una de las sesiones más llamativas, José Luis Rueda llegó a acusar al director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, de odiar a su padre, e incluso declaró que Vicent Todolí, exdirector de la Tate Modern de Londres, agredió en la Bienal de Venecia al fallecido Tomás Llorens, uno de los críticos más cercano a Consuelo Císcar, junto con Francisco Calvo Serraller, autor de reseñas halagadoras de la obra de Rablaci (de cuyo trabajo, tras la etapa de su madre en el museo, no se ha vuelto a saber nada). El hijo del artista calificó de “extraordinaria” la etapa de Consuelo Císcar en la dirección del IVAM.

José Luis Rueda ha presumido en la vista oral de sus grandes conocimientos artísticos a pesar de no haber acabado la carrera de historia del arte (“Yo tengo una colección de 3.000 obras, ¿qué me iba a enseñar un profesor de universidad?”, declaró).

A pesar de las miserias humanas del ámbito artístico español que han aflorado, las defensas cuentan con una bala en la recámara de la que los magistrados del tribunal toman nota. Ciertos aspectos del arte están poco o nada regulados en la legislación española. Las defensas también se han escudado en la “fluctuación del mercado del arte” para justificar los precios por los que el IVAM pagó las esculturas, realizadas con chatarra, que ahora decoran el aparcamiento de un almacén de la Generalitat Valenciana.