Un juzgado “diminuto” para la macrocausa de la dana con 228 fallecidos y abogados para parar un tren

La plaza de las Corts Valencianes de Catarroja estaba este miércoles un pelín menos tranquila que lo habitual. Tres parroquianos departían en un banquito del pequeño parque que acoge el Palacio de Justicia de la localidad de l'Horta Sud, sede del juzgado que instruye la causa de la dana, la catástrofe que dejó 228 fallecidos. Poco antes de las 9.30 de la mañana, la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en el lateral norte, bajaba del coche con prisa y tratando de que no se le cayeran todos los trastos que llevaba. La instructora accedió al edificio con una maletita mientras una docena larga de periodistas, cámaras y fotógrafos hacía guardia en la entrada principal para captar al primer testigo de los hechos de cierta enjundia que declaraba en la restaurada sede original del juzgado, arrasada por el desbordamiento del barranco del Poyo. La decisión de que el juzgado volviera a su emplazamiento original, después de meses en su cómoda ubicación provisional en la Ciudad de la Justicia, no gustó ni gusta demasiado a los numerosos abogados, tanto de las acusaciones como de las defensas. Mientras que en València contaban con una amplia sala, perfectamente acondicionada para acoger macrocausas, la sede de Catarroja parecía prácticamente de juguete. Una sala de vistas “diminuta”, según lamentaba uno de los letrados de las acusaciones a primera hora de la mañana.

Poco antes de que empezara la declaración del oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, mientras los abogados esperaban ante la pequeña sala de vistas, un guardia de seguridad tapó con tres tablones rectangulares las cristaleras de unas puertas de emergencia que dan directamente a la entrada al espacio reservado para las testificales. Fotógrafos y cámaras observaban divertidos la escena. Luego aparcaron en batería en plena entrada del edificio hasta tres vehículos de alta gama, probablemente propiedad de sendas señorías.

Los periodistas enseguida se trasladaron rápidamente a la nueva sala de prensa en la que se han visto obligados a trabajar: el bar de la Unión Musical de Catarroja. Al parecer, a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), presidido por Manuel Baeza, le dio un poco igual que en la sede del juzgado de Catarroja no hubiera espacio alguno para el trabajo de los medios de comunicación, pese a que se trata de una macrocausa con 228 fallecidos y un interés mediático evidente que no afloja pasados más de 10 meses de la catástrofe.

El local de la Unión Musical de Catarroja está situado a tiro de piedra de los juzgados. Un lugar, cuya rehabilitación inauguró en 2007 el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, muy frecuentado por funcionarios del Palacio de Justicia y por abogados. A partir de este mes, también por periodistas que instalarán sus portátiles en las mesas de su terraza, rodeados de bocatas —con una sobresaliente tortilla de patatas—, tostadas y cafés.

Con las numerosas consumiciones por parte de la prensa se obtuvo el derecho universal a acceder a los baños e incluso (gracias a la amabilidad de la camarera y de la cocinera de la casa) a preciados enchufes, que salvaron a alguna de la delicada tesitura de quedarse sin batería. Porque al Palacio de Justicia está vetado el acceso a la prensa, ni siquiera para ir al baño en caso de necesidad. “En peores plazas hemos toreado”, arguyó —con optimismo— la periodista que enchufó su portátil.

La testifical del oficial de Guardia de Bomberos fue bien, dentro de lo que cabe. Sin embargo, el próximo viernes 19 de septiembre está citado uno de los testigos estrella de la causa, que guarda silencio desde el día de autos: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Esa declaración ya no se prevé tan tranquila, ni dentro ni fuera de la sala.

La “normalidad”, según la consellera de Justicia

La Generalitat invirtió 1,8 millones de euros en la reforma del edificio, cuya planta baja y cuyo sótano quedaron muy afectados por el desbordamiento del barranco del Poyo. La consellera del ramo, Nuria Martínez, afirmó el pasado 31 de julio que “con el regreso a Catarroja de sus cinco juzgados [se] da un paso más en el proceso de reconstrucción y se avanza hacia la normalidad”.

Los abogados que acudieron este miércoles a la testifical no compartían la opinión de la titular de Justicia del Gobierno de Carlos Mazón, ese 'molt honorable' president que si no consta como investigado en la causa es por su condición de aforado.

Mamen Peris, letrada que representa a la acusación popular ejercida por Ciudadanos, lamentó las carencias de la nueva ubicación, especialmente de cara a una jornada movida como la de la declaración de Polo.

Mientras que este miércoles solo se personaron media docena de abogados, el próximo 19 de septiembre seguro que muchos otros preferirán acudir presencialmente en vez de conectarse telemáticamente. “Lo sufriremos aún más porque será más multitudinaria y, claro, aquí no tenemos las condiciones adecuadas para poder trabajar, ni a nivel de micros ni para las grabaciones”, dijo Peris.

Su compañero de acusación, el letrado Eduardo García-Ontiveros, también lo tenía claro: “Para este tipo de macrocausas las salas no están adaptadas”. “La Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de València era mucho más cómoda para trabajar, pero eso no nos va a impedir continuar averiguando la verdad”, terció Mamen Peris.