La Ley de Transparencia incluirá planes de evaluación de la gestión del Consell y la publicación del orden del día de las reuniones

La proposición de Ley de Transparencia que presentarán los grupos del Pacte del Botànic, en la que trabaja la Conselleria de Transparencia, incluye una propuesta de evaluación de las políticas públicas y de la gestión de Gobierno autonómico. De un modo similar a lo que suscribieron los partidos firmantes del Acuerdo del Botánico -PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida-, al comprometerse a una evaluación constante y un seguimiento trimestral, el departamento de Rosa Pérez Garijo quiere introducir mecanismos para comprobar la efectividad de las políticas públicas y el cumplimiento de los compromisos.

El título IV de la norma recoge medidas de planificación y evaluación de políticas públicas, entre las que destaca la obligación de publicar un plan de gobierno durante los seis primeros meses de la legislatura. En la práctica, los consellers comparecen al inicio de su mandato para explicar sus proyectos, pero la norma elevaría el carácter del compromiso.  

Según la propuesta, el plan de gobierno se deberá remitir a las Corts Valencianes y se deberá publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Portal de Transparència. La Generalitat tendrá que aprobar semestralmente un documento de seguimiento en el que especifique el grado de desarrollo de los proyectos de ley, planes, programas y actuaciones que lo constituyen. Asímismo, el documento tiene que incluir las modificaciones que se quieran incorporar al plan como consecuencia de variaciones temporales. 

La idea, según comentan fuentes de este departamento, es que se consensuen unos indicadores entre los técnicos y personas expertas ajenas a la Administración. De este modo se garantiza que no se autoexamine la Generalitat en base a sus propios criterios.

En el marco de la evaluación se tendrá en cuenta el impacto normativo de las acciones de la Generalitat Valenciana. Antes de aprobarlas, se deberá presentar una memoria sobre el impacto de las mismas, como “costes y beneficios económicos, sociales y medioambientales de la aplicación de la norma correspondiente y su proporcionalidad para el cumplimiento de los objetivos que se pretenden conseguir”. Para estas evaluaciones, habrán de garantizarse los mecanismos de participación ciudadana.

La ley introduce la obligación de publicar los acuerdos adoptados por el Consell y los organismos superiores integrados en el sector público, así como el orden del día de las sesiones con carácter previo. Los acuerdos serán publicados “sin perjuicio del carácter secreto de las deliberaciones” y deberán incluir, como mínimo, el título, tipo de acuerdo, área, departamento, legislatura y fecha.

Publicidad institucional

La nueva norma incluye una modificación sobre la publicidad institucional y las subvenciones. Según indica, las conselleries tendrán obligación de publicar los criterios seguidos a la hora de adjudicar el importe económico a medios de comunicación. La publicidad institucional fue objeto de conflicto entre el PSPV y sus socios de Gobierno y provocó fuertes críticas de la oposición a raíz de las ayudas de Presidencia de forma discrecional. Con la modificación, se pretende aumentar la transparencia en el reparto de fondos públicos.