Monedas sociales, una alternativa 'antisistema' para el comercio
La imagen que nos viene a la mente al hablar de dinero es la de monedas y billetes, papeles de colores que metemos en la cartera o un número en la cuenta bancaria. ¿Qué es el dinero? En Occidente, un crédito transferible; un pagaré al portador que va de mano en mano. Los bancos parecen crear el dinero de la nada, concediendo un crédito a un cliente y depositando el valor en su cuenta bancaria.
Desconocido para muchos ciudadanos, el fenómeno de las monedas sociales ha crecido notablemente en España desde los años más duros de la crisis. Actualmente hay más de un centenar distribuidas por el territorio español, que van desde el txtantxi vasco y el boniato madrileño al zoquito de Jerez, la más antigua. Bajo originales nombres, se trata de una moneda digital cuyo saldo se encuentra guardado en el software de los servidores del sistema y crea una red de usuarios, generalmente a través de aplicaciones. El crédito generado en el sistema se plasma en una divisa con equivalencia 1 a 1 a la moneda vigente para su correcta vigilancia y evitar problemas fiscales.
El principal objetivo es que la moneda circule entre los establecimientos de la ciudad y que los comercios practiquen el intercambio entre ellos; que el gasto público -en el caso de las impulsadas desde Administraciones- aumente su impacto sobre la economía local, esencialmente creando empleo y beneficio de proximidad.
El pasado miércoles, el conseller de Economía Sostenible aseguró que su departamento financiará con cerca de ocho millones de euros proyectos de economía social y de formación y difusión de la economía sostenible.
Lo cierto es que las iniciativas que quiere potenciar Rafael Climent existen desde hace más de un siglo, aunque en España su vida es efímera. “Prácticamente, nonnata”, corrige Enric Montesa, experto en monedas complementarias, quien impulsó el Orué en Russafa en 2012. Montesa es además socio fundador del Instituto de la Moneda Social y presidente de la Asociación de Emprendedores e Innovadores Sociales de Valencia, desde donde imparte multitud de conferencias para ampliar los conocimientos sobre este sistema. El especialista defiende que una moneda social tiene complicado sobrevivir sin el apoyo institucional y explica que en España el sistema no ha logrado consolidarse.
Las monedas propias coexisten con las oficiales desde hace siglos. El modelo tuvo su momento álgido durante la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos y aterrizó en Europa al final de la Gran Guerra. Algunas monedas, como el WIR suizo que funciona desde 1934, han sido de gran importancia para las economías de los países. En Argentina, según explica Montesa, al llegar el corralito las 17 provincias empezaron a generar sus monedas paralelas para pagar nóminas y proveedores y llegaron a tener más de tres millones de usuarios. En Grecia, una de las alternativas del exministro Yanis Varoufakis a la salida del euro fue una moneda propia, aunque no se llevó a cabo. En California, cuando llegó Arnold Schwarzenegger al gobierno del Estado, también implantó el sistema; en EE.UU medio millón de empresas están integradas en alguna red.
Las monedas sociales son variopintas y no pueden enmarcarse en una misma categoría. Grosso modo, las hay de tres tipos: extensión de sistemas de trueque, bancos de tiempo y monedas ligadas a comunidades o localidades con apoyo gubernamental. Montesa explica que el impacto en el mercado es muy diferente según quién impulse la moneda (empresa, ciudadano o institución). Las más numerosas son las de tipo 'c2c' (de ciudadano a ciudadano), los bancos de tiempo en las que las personas no desarrollan actividad económica, sino que intercambian objetos o favores.
En España, algunos ayuntamientos apoyan la creación de estas monedas desde sus concejalías, como San Javier (Murcia) o Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que propone a sus empleados voluntariamente cobrar de esta forma un 30% de su nómina. Existen subvenciones europeas para los proyectos de economía social, como las del Digipay4Growth, para el que la Unión Europea presupuesta tres millones de euros.
El Ayuntamiento de Valencia intentó implantar una moneda social en Orriols, uno de los barrios que simbolizan la desigualdad en la ciudad, aunque con escaso éxito. Aún así, en la Comunidad Valenciana permanece 'la vint-i-quatre', la Xarxa de Xarxes d'Intercanvi de València (por sus siglas, XXIV, 24 en números romanos), en la que hay aproximadamente 8 nodos y 15.000 usuarios. “Funcionan bien, con sus intercambios entre particulares y con una filosofía antisistema”, explica Montesa, quien insiste en que los beneficios van destinados a la economía local y que no se puede especular con su valor. Queda pendiente pues ver si la Generalitat impulsa definitivamente los modelos económicos alternativos.
