CV Opinión cintillo

La cooperación española en su laberinto

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Todo indica que pronto tendremos nueva ley de cooperación internacional. Así se deduce del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo, que solicitó a la Comisión Permanente del Consejo de Estado que emita con carácter urgente su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Con su remisión al Parlamento concluirá un proceso más largo y menos participativo de lo esperable, que nos deja la impresión de que el núcleo de la reforma ya estaba cerrado antes de su inicio. No obstante, falta saber qué margen queda para las enmiendas de última hora, qué votará cada partido y si la nueva ley logrará concitar el grado de consenso de su antecesora de 1998. El momento no parece el más propicio. Demasiado ruido político, demasiados frentes abiertos... Incluido el del pueblo saharaui.

Ante todo, importa conocer quiénes están de acuerdo con una norma diseñada para incrementar las oportunidades de las empresas españolas en terceros países y la presencia del Estado central en el ámbito europeo y multilateral. Porque el objetivo de la ley no es otro que favorecer la internacionalización de nuestros actores financieros y empresariales, particularmente en sectores clave como la transformación digital, la transición energética, la innovación tecnológica, etc. Y para ello se proyecta a España como un país comprometido con la lucha contra la emergencia climática, el feminismo, la diversidad y la democracia, que, además, posee una cultura y una lengua que constituyen un activo de gran valor en un mundo globalizado.

Se trata, en otras palabras, de posicionarse ante la decisión de asignar a la cooperación internacional un papel subalterno, aunque no desdeñable, en el movimiento apresurado para no perder pie en el cada vez más competido negocio global del desarrollo sostenible. Para que pueda ejercerlo eficazmente, se nos dice que es necesaria una reforma integral del sistema, muy debilitado tras años de recortes y abandono e inadecuado para operar en los nuevos escenarios priorizados. Sin embargo, la literalidad de la norma no se compadece con esa afirmación, pues mantiene intactos elementos de dicho sistema manifiestamente caducos y deja la mejora de muchos otros en manos de unos desarrollos reglamentarios cuyas directrices básicas ni siquiera se apuntan.

Pero no todo quedará igual tras su aprobación. En primer lugar, cambiará la cooperación financiera, cuya transmutación se camufla bajo el paraguas de una ley llamada de cooperación para el desarrollo y la solidaridad global. Ejercicio bochornoso, cuestionable tanto desde el punto de vista jurídico como político, que da carta de naturaleza al nuevo instrumento financiero sin debate, sin análisis técnico, sin evaluación del anterior y sin mencionar siquiera los códigos de responsabilidad actualmente vigentes. Un atropello comparable al que cometimos hace más de una década, cuando enterramos el cadáver aún caliente del Fondo de Ayuda al Desarrollo, para sustituirlo por un nuevo fondo que ahora reemplazamos con otro más nuevo aún. La diferencia es que entonces se denunció más. Tanta amnesia, tanta memoria selectiva, desmoralizan; por no hablar del hartazgo ante la ceremonia autoreferencial y autoreverencial a la que acostumbra recurrir la cooperación internacional para eludir problemas reales.

La segunda gran mudanza beneficiará a las denominadas alianzas público-privadas, última versión del secular intento de legitimar la subordinación de las políticas públicas a los intereses corporativos. Más que reiteradas a lo largo del texto, la ley pone a disposición de dichas alianzas el más amplio elenco de instrumentos “novedosos”, justificando la medida por la complejidad de los retos a encarar, que requiere que las empresas contribuyan con más ímpetu al logro de los objetivos compartidos de desarrollo.

Y, en fin, cambia también, y lo hace para peor, el papel y las funciones de la cooperación de las comunidades autónomas y los entes locales, convertidas en contribuyentes netas y ejecutoras de la política de un estado que tiene autoridad, pero no está capacitado ni tiene legitimidad, para imponer el modelo vertical y centralizado que la ley pretende sancionar. El futuro de la política pública de cooperación pasa por la cogobernanza, no por reconocimientos honoríficos y llamadas a la coordinación que encubren un ajuste fuerte para dirigir desde arriba y desde el centro la acción descentralizada que constituye el elemento más genuino de nuestro sistema.

La trascendencia de los anteriores debates hace que otros, como los relativos a la insuficiente colaboración interdepartamental e interinstitucional, o a la poca valentía en materia de evaluación, aprendizaje e investigación aplicada con inteligencia y generosidad, parezcan materia para iniciados, algo casi ridículo. Y de migraciones, cooperación y desarrollo hablamos, si gustan, otro día.

Las organizaciones sociales asistimos a esta transformación muy debilitadas y fragmentadas. Algunas ni siquiera comparecen, prefiriendo mantenerse al margen y resistir en sus estrechos espacios de autonomía. Otras, sobre todo las ONGD, seguimos atrapadas en la narrativa de la profesionalización y en una lógica que define a los actores de la cooperación por lo que son y no por lo que hacen. Tras haber renunciado desde hace tiempo al análisis y el discurso realmente crítico, y con serias dificultades para movilizar a la ciudadanía en general y a la

juventud en particular, apenas hemos sido capaces de conseguir que se acepte una parte de nuestra tabla de reivindicaciones gremiales: reconocimiento como socias confiables de las políticas gubernamentales y acceso a más recursos en condiciones menos burocráticas y más flexibles. Frente a la invitación a practicar una solidaridad débil y el neoasistencialismo caritativo, o asistir al espectáculo de víctimas de catástrofes sin responsables salvadas por ejércitos y organizaciones humanitarias, necesitamos diálogo político entre iguales para creer, crear y construir un nuevo internacionalismo capaz de frenar la barbarie que domina los comienzos de este siglo XXI y asegurar a la mayoría una vida buena en la única tierra que conocemos.

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