'Dumping' centralista

La armonización de impuestos no va contra Madrid, sino contra el centralismo. Va contra la sobreactuación del Gobierno de la derecha en la Comunidad de Madrid, que no solo se beneficia de la capitalidad del Estado sino que la aprovecha para hacer competencia desleal al resto de territorios, con la reducción o supresión en la práctica de tributos cedidos a las autonomías, favoreciendo así la tendencia centrípeta de la economía e incluso el fraude fiscal en grandes rentas y patrimonios del resto de comunidades autónomas.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez haya pactado, en la negociación de los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado, con Esquerra Republicana de Catalunya un grupo de trabajo para abordar el asunto revela implícitamente que, por alguna razón, al menos un sector del independentismo está interesado en las reformas que tiene pendientes el modelo federal de España. Porque esa armonización, que no significa suprimir el margen de autonomía sino establecer unas reglas del juego justas para que la corresponsabilidad fiscal y la equidad sean efectivas, es una pieza complementaria de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica que el Gobierno ha asumido, al menos ante la coalición valencianista Compromís, que emprenderá también a principios de 2021.

Que Madrid hace dumping fiscal no es una queja sectaria del independentismo porque la comparten autonomistas más o menos tibios y sobre todo quienes defienden un federalismo plural en el que se contemple la diversidad de los territorios y la igualdad de derechos de los ciudadanos. Es el caso del presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, que no solo ha expresado esa crítica reiteradamente sino que la ha basado en un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Porque el dumping no es una elucubración más o menos especulativa, sino que se ha constatado de diversas maneras. Según el IVIE, Madrid absorbe recursos, funcionarios, población y redes de influencia gracias al “efecto capitalidad” y se permite dejar de ingresar 4.100 millones al año para captar rentas y patrimonios con la reducción del tramo autonómico del IRPF y la bonificación total de impuestos como los de sucesiones o patrimonio.

“Madrid ahora es la capital de un Estado descentralizado en el que los gobiernos regionales asumen competencias fiscales relevantes, y el de la Comunidad de Madrid ha optado por competir fiscalmente con el resto de las comunidades por la localización de las bases tributarias y la domiciliación de sus titulares, pese a ser la capital”, señala el documento del IVIE.

“Los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran muy notablemente en los contribuyentes de mayor renta y riqueza”, prosigue el documento. “Los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 7% del total pero se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF. Si suponemos que los beneficiarios de las bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones pertenecen fundamentalmente al mismo grupo de los que superan los 60.000 euros de renta, esos contribuyentes concentrarían gran parte de los 4.163 millones de euros de beneficios fiscales de estos tres impuestos, incentivando su cambio de domicilio fiscal”.

Con ese informe en la mano, Ximo Puig ha llegado a describir lo que ocurre como un “procés invisible” y a comparar Madrid con una “gran aspiradora” de recursos. “Ante la crisis que abre la pandemia en España no todos partimos en iguales condiciones para abordar la recuperación… Y ese es, hoy, un debate más pertinente que nunca. Un debate que solo se puede abordar con la contundencia de los datos”, señaló el presidente valenciano en el pleno de política general de septiembre pasado.

Entre los datos a los que podría referirse, aparte de los informes de organismos de estudios económicos, destacan ejemplos palmarios del “efecto capitalidad”, como el de la multinacional automovilística Ford, que tiene su factoría en Almussafes, convertida en punto clave de la estructura industrial valenciana, receptora de más de 112 millones de euros en ayudas de la Generalitat Valenciana en los últimos ocho años, pero con sede fiscal en Alcobendas.

Y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que dirige el socialista Vicent Soler, también tiene pruebas concretas del dumping fiscal. La Agencia Tributaria Valenciana ha abierto en colaboración con la Agencia Tributaria estatal 22 expedientes por cambios ficticios de domicilio fiscal a Madrid de contribuyentes que en realidad residen en territorio valenciano. En 2017 se recuperaron 14,4 millones de euros evadidos por valencianos ricos con ese procedimiento, en 2018 hubo dos expedientes y en 2019 otros 10 por evasión de grandes fortunas. Dicho de otra manera, el perfil del nuevo defraudador de impuestos autonómicos es un millonario que vive junto al mar Mediterráneo pero tiene su domicilio fiscal en Madrid.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con su tremendismo habitual, ha hablado de “robo a los madrileños” y ha invocado la “libertad fiscal” contra las “corruptelas del independentismo”. Pero como le ha respondido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay “un problema que resolver” para garantizar la igualdad de oportunidades.

Los valencianos hablamos de “tracte just”, trato justo, para reclamar una reforma del sistema de financiación que no sitúe a nuestro Gobierno autonómico en la peor posición, como ocurre ahora, porque eso se traduce en deuda pública y falta de recursos para garantizar los servicios esenciales del Estado del bienestar. Que no nos vengan además con amenazas de convertir la revisión del dumping de Madrid en “la peor pesadilla de los que quieren robar a los madrileños”. No hay un victimismo menos creíble que el de quien maneja los engranajes del centralismo insolidario.