Políticas contra las personas, el Tercer Sector en riesgo

El Tercer Sector de la Comunitat Valenciana vive tiempos de incertidumbre por los recortes del gobierno del PP y Vox presidido por el Sr. Mazón. Las entidades que atienden a las personas más vulnerables se sostienen (así es para una gran mayoría), gracias al Concierto Social que el gobierno del Botànic estableció en 2019 y que, desde 2022, garantiza la atención a sus usuarios/as bajo esta modalidad de “contrato” con la administración autonómica, y así está previsto hasta el año 2026. La rebaja en los recursos que la Generalitat transfiere a las entidades sociales puede hundirlas.

Y es que, el gobierno del Botànic apostó por “poner a las personas primero” reforzando la “cuarta pata” de nuestro Estado de Bienestar, los servicios sociales. Además de las distintas leyes, decretos y resoluciones que mejoran el Sistema Público de Servicios Sociales, se impulsó una política que incluía un considerable incremento presupuestario (en 2022, un 176% más con respecto a 2015) con el objetivo de reducir la lista de la dependencia, contribuir a mejorar la vida de las personas mediante la Renta Valenciana de Inclusión, ampliar las plantillas de los servicios sociales de las administraciones locales con el “contrato programa” o aumentar el número de plazas residenciales, de viviendas y de centros de atención diurna. En 2019, además, se aprobaba la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, reconocida positivamente por expertos y profesionales de los servicios sociales y una referencia para otras Comunidades. También, se ponía en marcha, este año 2023, el llamado “Decreto de tipologías” que actualiza la normativa, (alguna tenía más de 30 años de vigencia) y establece un nuevo modelo de intervención “centrado en la persona”, regula la organización de los recursos de atención (residencias, centros de atención diurna, atención temprana, etc.), sus espacios, el perfil de las plantillas profesionales que deben atender a las personas y supone un incremento significativo en la ratio de personal. Ese decreto, bien acogido por la gran mayoría de entidades, se encuentra en estos momentos en un “limbo”. Según la administración a la que se pregunte, la respuesta es que está “paralizado”, “congelado” o “su aplicación es parcial”.

Al mismo tiempo que la mejora en la atención social se hacía patente, se producía un hito en la Comunitat Valenciana: se llegó a un acuerdo de homologación salarial que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sindicatos y patronales firmaban en noviembre de 2022, afectando a cerca de 10.000 profesionales y que se materializaba en el mes de marzo con la firma de los agentes sociales. Esta revisión salarial, progresiva hasta 2026, y que se financia con el incremento de los módulos de la acción concertada en los próximos 3 años, también hace posible la equiparación salarial entre los y las profesionales de los distintos colectivos (discapacidad, infancia y adolescencia, personas mayores y exclusión social), hasta ahora con salarios muy diferentes. Sin embargo, en noviembre de 2023 llegan malas noticias para un Tercer Sector que representa, según datos de la Plataforma del Tercer Sector de España, el 1.45% del PIB nacional y emplea al 3% de las personas asalariadas. Además, las entidades que conforman el tejido asociativo representa, según la Plataforma Autonómica, a más de 300.000 personas vulnerables. Los rumores de un posible impago de los nuevos módulos de la acción concertada que debían sostener la homologación salarial y hacer frente a la subida de la inflación de este año (9%), así como reducir el déficit económico de las entidades y mejorar la ratio de personal para poder ofrecer una mejor atención, es decir, cumplir con el “Decreto de tipologías”, se hacían realidad. “El Botànic os ha mentido”, “nos hemos encontrado facturas en los cajones”, “no hay dinero disponible”, “han endeudado la Generalitat”, han sido frases utilizadas por el gobierno de PP-Vox para, en realidad, desviar los más de 38 millones de euros que el Consell de Ximo Puig había consignado para hacer frente a este incremento. Así, el pasado 8 de noviembre, el Consell de Carlos Mazón publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el acuerdo por el que esta asignación presupuestaria se transfería del capítulo 4 (gestión y organización del sistema) al 2 (planificación y coordinación de infraestructuras) de la Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales.

Destapado el “engaño”, los motivos expuestos por la Conselleria no se sostienen. El Consell del Botànic, nunca dejó de financiar los servicios sociales y mejoró los tiempos en los pagos al Tercer Sector y todos los indicadores del sistema, tal y como ha ido destacando la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en su Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de los últimos años (de hecho, nuestra Comunitat pasaba de ser la última de la lista en cuanto a inversión social a estar por encima de la media de las CC.AA). No aportar los 38 millones de euros supone poner en peligro a las organizaciones que componen el Tercer Sector de la Comunitat que deberán rehacer sus presupuestos a mes y medio para cerrar su ejercicio; comunicar a las personas usuarias, a sus familias y al personal laboral que no se va a  aumentar la ratio de profesionales para la mejora de la atención y tampoco los salarios (que en algunos casos suponía una subida de hasta un 50% en los próximos años, sobre todo para el personal auxiliar, que es el peor remunerado).

Es indignante que mientras se niegan 38 millones para mejorar la atención social a personas, el Consell de Carlos Mazón se permite eliminar, de facto, el impuesto de sucesiones, que suponía un ingreso en la Generalitat superior a 350 millones de euros que pagan solo una de cada diez personas que heredan, es decir las personas más adineradas. Las prioridades están claras.

El próximo 21 de noviembre, a las 11,30h, en la plaza Manises frente al Palau de la Generalitat, el Tercer Sector sale a la calle para denunciar los recortes que ponen en riesgo la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Hay que parar este atropello.

*Paco Quiles, secretario Tercer Sector ejecutiva PSPV València