Protección Ciudadana prepara en Valencia una nueva ordenanza que sancione a prostituidores en lugar de a mujeres prostituidas

El concejal de Protección Ciudadana de València, Aarón Cano, junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en el foro feminista de políticas abolicionistas.

El Ayuntamiento de Valencia trabaja en una nueva ordenanza municipal para sancionar a prostituidores, clientes y beneficiarios de la prostitución. La concejalía de Protección Ciudadana empleará las conclusiones de un foro de políticas feministas abolicionistas para redactar la norma, que sigue el guion marcado por el PSOE en el Congreso y por la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana.

València estudia modificar la ordenanza sobre prostitución al quedarse obsoleta la actual del año 2013

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El titular de Protección Ciudadana, el socialista Aarón Cano, da por obsoleta la regulación de 2013, que prevé sanciones a las mujeres que ejercen la prostitución y se centra en la que es visible: la que se da en los locales identificados y en la calle. Con el nuevo texto se quiere eliminar esa posibilidad -aunque no se lleva a la práctica- y centrar las sanciones en la demanda de sexo pagado, así como en los proxenetas y terceras partes que se lucren con la prostitución, y tener en cuenta los pisos y los hoteles. Cano se centra en las acciones que son de su competencia, las que afectan a la Policía Local, pero aboga por abordar la prostitución con medidas económicas y sociales, no desde un punto de vista “estrictamente policial”, en lo referente a las sanciones, en la misma línea que la titular de Justicia, Gabriela Bravo, que propone modificar la ley de Espectáculos para facilitar las sanciones. Sin embargo, ninguno de estos dos departamentos ha incorporado a la Conselleria de Igualdad o a la concejalía homónima, ambas gestionadas por Compromís, al proyecto abolicionista.

El departamento que dirige Mónica Oltra presentó alegaciones a la ley de Bravo recordando que las competencias en violencia de género son de este primero y subrayando que las medidas sancionadoras llevan a clandestinizar la prostitución, que es un factor de riesgo para unas mujeres ya especialmente vulnerables. Todas las partes coinciden en que es un problema de pobreza y que se requiere una reforma de la Ley de Extranjería, dos aspectos que la consellera propuesta por los socialistas ha trasladado al Gobierno central en uno de los foros recientes. La discrepancia principal pasa por la consideración de la prostitución no coactiva como un acto libremente elegido, como trabajo sexual, o, por el contrario, si se puede hablar de libre elección cuando operan las desigualdades económicas y de género; en otras palabras: si la prostitución en todas sus vertientes es una forma de explotación sexual, aun cuando es “autogestionada”. Es en este, en el concepto sobre el que se vertebra la política, en el que aparecen las divergencias y plantea posturas que, tal como se muestran en la acción política, a menudo parecen irreconciliables.

La clave, expresa Cano, es considerar a la prostitución desde un punto de vista global y abordarlo como una forma de violencia de género. Ello implica una red de apoyo social, medidas de inclusión, de vivienda, de empleo, acompañamiento económico y, especialmente, regularizar la situación administrativa de muchas mujeres que se encuentran en la indefensión burocrática. Pero los ayuntamientos, matiza, “tienen un límite de acción”, que va a abordarse con las conclusiones del foro celebrado este lunes, y necesitan de una acción coordinada con el Gobierno central y la Generalitat Valenciana.

El foro contó con las aportaciones de la escritora y profesora de Sociología Rosa Cobo, la juez especializada en violencia de género Lara Esteve, la superviviente de trata Amelia Tiganus, una mesa de representantes municipales y otra del tercer sector, que coinciden en la línea de sancionar a demandantes de prostitución y a prostituidores. Para las ponentes, regular la prostitución supone asumir que los cuerpos -especialmente los de las mujeres- son una mercancía con la que se puede comerciar, como recalca Cobo en su obra escrita, donde relaciona la prostitución con la voracidad del capitalismo. “La regulación de la prostitución es abrir el último dique del que disponemos, que es nuestro propio cuerpo, al mercado. Por eso la prostitución es un test de hasta dónde puede llegar la voracidad del capitalismo neoliberal. Es hacer del cuerpo de algunas mujeres, las más vulnerables y las que menos recursos tienen, un lugar de trabajo. Es apostar por sobrevivir en lugar de hacerlo por vivir”, indica la escritora en una de sus últimas columnas. Tiganus, nacida en Rumanía, relata cómo fue vendida a un proxeneta español con 17 años, el lustro que pasó siendo explotada sexualmente y centra su discurso en la denuncia de la “prostitución neoliberal” y en destacar que la prostitución como industria se nutre de las mujeres más empobrecidas. El concejal de Protección Ciudadana asume el planteamiento expuesto en las jornadas y se muestra consciente de que la abolición no va a erradicar la prostitución, pero sí, explica, dificultará el lucro de los proxenetas y la explotación sexual de las mujeres.

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