La conselleria de Mónica Oltra considera que el modelo abolicionista sancionador puede perjudicar a las mujeres prostituidas

Una protesta remarca la inclusión de las prostitutas en el movimiento feminista. / Foto: cedida.

Laura Martínez


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La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano reclama un debate más sosegado sobre cómo acabar con la explotación sexual y plantea serias dudas sobre el modelo abolicionista que impulsa el PSPV-PSOE en el Gobierno valenciano. El departamento que dirige Mónica Oltra ha presentado alegaciones al proyecto de modificación de la ley de Espectáculos que ha sacado a exposición pública la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, argumentando en primer lugar que las competencias en violencia de género son de la Conselleria de Igualdad.

La propuesta de Bravo, la primera de ámbito autonómico en esta cuestión, emplea un texto administrativo para sancionar y perseguir los locales en los que se ejerce la prostitución a través del régimen de prohibiciones y de publicidad. La redacción del texto permite a la policía clausurar espacios si tiene constancia de que “se incite o fomente la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación, así como que se atente contra la dignidad humana o los derechos de las mujeres”. Asimismo, se considerará infracción grave la demanda de prostitución - “la solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales a cambio de precio o contraprestación”- y se introduce la tercería locativa -el beneficio a terceros-.

En el departamento de Oltra entienden que estas medidas sancionadoras, aunque tienen por objeto perseguir al proxeneta y al demandante, “suponen, de facto, una sanción indirecta a mujeres que ejercen la prostitución”. “Si las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad -como apunta el prólogo de la propuesta de Justicia- deberían adoptarse las medidas para favorecer y garantizar la salida de esta situación, y no agravarla de forma indirecta”, apuntan las alegaciones. Este punto coincide con el posicionamiento que traslada el sindicato Otras, que agrupa a mujeres que ejercen la prostitución de forma “libre y autogestionada” y alertan que una persecución o criminalización de su entorno aboca a las más vulnerables a condiciones de clandestinidad, donde se incrementa el riesgo de abusos y violencia.

Las alegaciones recuerdan que los convenios internacionales distinguen prostitución de trata y apuntan que el marco competencial para la persecución de la trata es estatal, con modificaciones del código penal o la ley de extranjería. Además, indican fuentes de este departamento, se requiere de una coordinación de distintos agentes para abordarlo, teniendo en cuenta la pobreza como un factor determinante, y reclaman un debate más sosegado para evitar que las políticas públicas perjudiquen a aquellas personas a las que pretenden proteger. La vicepresidenta aboga por un marco asistencial, dentro de la capacidad de acción de la administración autonómica, que permita a las mujeres abandonar la situación de prostitución, recordando el estigma y la vulnerabilidad que las rodea, con itinerarios de inclusión sociolaboral. El pasado viernes, preguntada por esta cuestión, Oltra apuntó que en el Consell se han puesto en marcha varios programas piloto y se ha equiparado la renta de inclusión al salario mínimo en casos de mujeres prostituidas.

La agenda abolicionista del PSPV

Tanto en el Congreso como en los Ejecutivos central y autonómicos los socialistas han intensificado su agenda contra la prostitución, considerándola una forma de violencia machista. El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, fue uno de los dirigentes que impulsaron en el congreso federal del PSOE la introducción del abolicionismo en la ponencia política, celebrada entre las feministas de este espacio socialdemócrata. Una semana antes, la consellera de Justicia organizó junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un espacio de diálogo en el que el expresidente socialista llamó a su partido a incorporar una enmienda para comprometerse a impulsar una ley integral abolicionista.

La agenda abolicionista que impulsa la rama socialista en el gobierno del Pacto del Botánico emana del Foro Abolicionista que se constituyó el pasado año al margen del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, donde este tema ha causado bastantes disputas. En el pacto sí se consensuó una estrategia contra las violencias sexuales, que aborda itinerarios sociolaborales para que las mujeres puedan salir de la prostitución, después de varias tensiones entre los partidos y las entidades que forman parte.

El abolicionismo no es una postura unánime en el movimiento feminista y la agenda para combatir la prostitución se viene discutiendo desde los años setenta en los entornos sociales, políticos y académicos. Los planteamientos para erradicar la prostitución forzosa divergen entre los posicionamientos abolicionistas de toda forma de prostitución y los regulacionistas, así como entre quienes consideran que puede ejercerse la prostitución de forma libre y voluntaria -distinguiéndose de la trata con fines de explotación sexual- o quienes la engloban en el marco de la violencia machista por las desigualdades que la rodean.

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