La Sindicatura de Comptes estima que el Estado ha pagado a la Generalitat Valenciana la mitad de lo que debería para cubrir el sistema de dependencia

El Estado ha pagado a la Generalitat Valenciana la mitad de los fondos que debería haber desembolsado para cubrir el sistema de dependencia. Así lo estima un informe de la Sindicatura de Comptes, que examina el sistema entre 2018 y 2019 y realiza el seguimiento al informe del Tribunal de Cuentas publicado en 2014.

Las conclusiones de la Sindicatura indican que “la financiación del Estado no es suficiente, estable ni sostenida, y está muy alejada del 50% previsto en la memoria económica de aprobación inicial de la ley”. En concreto, el Gobierno aporta el 12% de los fondos. El informe considera que el nivel mínimo de protección estatal -que determina los fondos para las autonomías, prestadoras del servicio- no debería calcularse como indica la norma, sino sobre la población de edad superior a 65 años; un cálculo suspendido desde 2012. “Si se hubiera aplicado este criterio, la Comunidad Valenciana habría recibido una mayor financiación estatal durante el periodo 2008 a 2018 por importe de 733,8 millones de euros, hasta conseguir los 1.401,8 millones, lo cual supondría un incremento del 109,9% sobre el que realmente se ha recibido”, afirma el texto. En el citado periodo, la Comunitat Valenciana ha recibido 668,0 millones de euros.

El organismo valora ciertas mejoras en el sistema, pero cree que aún está muy lejos de prestar una atención óptima o equiparable a la de otros territorios. “Aunque en general se ha producido un incremento de los medios humanos dedicados a la gestión de la dependencia, estos continúan siendo insuficientes para atender las solicitudes. La alta rotación e inestabilidad del personal implica el consumo de una importante cantidad de recursos en la formación y afecta negativamente la eficiencia y la eficacia en la gestión”, explica el documento. En diez años, la Generalitat Valenciana ha aumentado el gasto en servicios sociales en 879,2 millones de euros, un 132,8% más, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y es la autonomía que más ha aumentado la inversión en políticas sociales. Con todo, un aumento aún insuficiente y por debajo de la media de gasto social española, lastrado por la infrafinanciación autonómica.

La Sindicatura señala que la media de la lista de espera para las valoraciones del sistema de dependencia supera notablemente la marcada por ley: “Los plazos medios de tramitación continúan siendo muy superiores al plazo legal de 180 días previsto en la ley, y se sitúa en 526 días en 2019, si bien se han reducido gradualmente desde 2016”. Por capitales de provincia hay diferencias notables: “Los ciudadanos del municipio de València esperan, de media, un plazo de dos años y un mes para ver reconocidos sus derechos de la dependencia; y los del de Alicante, un año y nueve meses”, indica el escrito, que también critica que no se tenga en cuenta el nivel económico de la familia para obtener plaza en una residencia pública entre personas con el mismo grado de dependencia. “Tampoco se garantiza la igualdad de todos los españoles en la prestación económica para cuidados familiares, porque no se requiere la condición de convivencia del cuidador en el domicilio de la persona dependiente prevista en la ley”.

El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2021 prevé un aumento considerable de inversión en los pilares del Estado de Bienestar, que supera por primera vez los 14.000 millones de euros. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aumentará su presupuesto en 300 millones de euros y dedicará 88 millones de euros a las ayudas al sistema de dependencia, que cuentan con el compromiso del Gobierno Central de acercarse a financiar el 50% del gasto.