El PSPV defiende que no hay irregularidades en la permuta de concesiones del Puerto a Boluda pese a detectar cuatro la Abogacía del Estado

El portavoz del grupo parlamentario del PSPV en las Corts, Manolo Mata, se hizo un lío este martes e incurrió en varias contradicciones en su intento de defender de su compañero de partido y presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, tras publicar elDiario.es el informe completo de la Abogacía del Estado que refleja hasta cuatro irregularidades en la permuta de concesiones aprobada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en favor del naviero y consejero del organismo, Vicente Boluda.

Tras solicitar tanto Compromís como Unides Podem el cese de Martínez como máximo responsable de la entidad, Mata aseguró que “todas las decisiones que se han tomado desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) están amparadas por los informes técnicos y amparadas por la legislación” y ha remarcado que “su presidente siempre actúa bajo el imperio de ley”.

El síndic socialista subrayó que “el Puerto nunca ha ocultado información, todos los consejeros han tenido acceso a los informes de la Abogacía desde el principio”. Sin embargo, tan solo les dejó consultarlo y se les negó una copia completa del mismo en el consejo de administración de finales de junio en el que se comunicó la existencia del informe que tanto la APV como el Gobierno han evitado hacer público pese a las reiteradas peticiones del senador de Compromís, Carles Mulet.

En este sentido, el portavoz socialista recordó a los grupos que sustentan al Gobierno del Botànic que “no se puede estar en el Gobierno y en la oposición al mismo tiempo” y señaló que “no es leal abrir debates públicos para pedir dimisiones”. “Deben tranquilizarse y dejar de confundir sembrando sombras de sospecha donde no hay ninguna irregularidad”, insistió Mata, una afirmación que contradice el documento de la Abogacía del Estado.

Asimismo, explicó que “la Autoridad ya puso a disposición de los miembros del Consejo de Administración toda la información sobre la permuta de terrenos, excepto a Vicente Boluda por una cuestión de conflictos de intereses” y aseguró que, “además la prueba de que la APV ha actuado siempre a favor de los intereses de los valencianos es que fue ella la que realizó una consulta a la Abogacía del Estado sobre si la posible operación era correcta antes de la toma de cualquier decisión”. 

Una afirmación que no se ajusta a la realidad ya que según el propio informe de la Abogacía del Estado (página 3) fue la Abogacía del Estado en Valencia la que redactó, el 25 de enero de 2021, un proyecto de informe en relación con las conclusiones formuladas por la Intervención Regional en Valencia, “elevando consulta a este Centro Directivo”, es decir, que fue la Abogacía del Estado en Valencia y no la APV la que pidió el pronunciamiento.

A continuación, Mata se contradice al afirmar que “la misma APV y el Consejo de Administración son los que revisaron el acto que habían adoptado y lo declararon lesivo” y añadió “que es una declaración que ya está a la espera de una resolución judicial”. Precisamente la declaración de lesividad (contraria al interés público) se produce por las irregularidades detectadas por la Intervención y por la Abogacía, las cuales el Síndic socialista trata de negar.

Finalmente, Mata calificó de “imprudentes” las declaraciones de Compromís y Unidas Podem al respecto y apuntó que “los socialistas cuando creemos que alguno de sus altos cargos no actúa correctamente jamás nos planteamos pedir su dimisión”.

Las cuatro irregularidades que detecta la Abogacía

El pasado 29 de junio la APV anuló el acuerdo que había aprobado meses antes por el cual se aprobó rescatar la concesión otorgada al naviero Vicente Boluda en los astilleros de la Unión Naval, sin uso desde 2012 y que caducaba en 2027, compensándole con una nueva concesión de 35 años para la construcción de un edificio de oficinas de 13 plantas.

La anulación de la permuta estuvo motivada por sendos informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado, que afirmó que la APV “no procedió regularmente”, y además, la operación está investigada por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción.

Tal y como avanzó este lunes elDiario.es, el documento refleja hasta cuatro irregularidades en la forma de proceder de los responsables de la APV, con su presidente, el socialista Aurelio Martínez, a la cabeza.

En concreto, considera que no se procedió regularmente al no explorar lo suficiente el rescate de la concesión de Unión Naval por la vía de la caducidad y por tanto, sin necesidad de compensar a Boluda con una nueva concesión. La Abogacía considera que pudo hacerlo por la falta de conservación de las instalaciones que forman parte de esa concesión y por no ajustarse su actividad actual (manipulación y mantenimiento de contenedores) a la actividad principal de la concesión (construcción de barcos).

Además, añade que no se procedió regularmente compensando a Boluda con otra concesión al ser para una sociedad diferente a la original (Unión Naval) y para un fin diferente al original (de astilleros a edificio de oficinas).

El rescate irregular de la concesión de los astilleros de Boluda viene motivada por los cambios introducidos en la ampliación del Puerto, que no están amparados por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007. Estos cambios implican el traslado de la terminal de cruceros a la sede de la antigua Unión Naval.

Podem València pide la comparecencia de Martínez

Tras la publicación del informe de la Abogacía General del Estado, Podem València exigió la comparecencia de Aurelio Martínez en las Corts Valencianes que ya solicitó Unides Podem en el mes de junio del pasado año sin que se llegara a producir y volvió a indicar que “la única salida para el proyecto irregular de la ampliación del Puerto es ser detenido”.

Según la formación, “en este informe que se ha conocido estos días de manera completa se desmontan todos y cada uno los pasos dados por la Autoridad Portuaria para la permuta de concesiones en favor de las empresas navieras de Boluda”.

La portavoz de Podem València, Chelo Poveda, aseguró que “la ampliación del puerto de Valencia está tocada de muerte, pues en lo jurídico administrativo vemos como penden sombras sobre demasiados trámites (DIA caducada, informe desfasado, permutas y adjudicaciones bajo sospecha), en lo social, las asociaciones y la ciudadanía han demostrado que no quieren más, en lo ecológico es un desastre medioambiental, y en lo logístico los estibadores lo tienen claro, no creará más trabajo”.