La solución tecnológica

Si algo he aprendido en los cuatro años de legislatura en mi posición de subsecretario es que existen determinadas competencias que, por su impacto en el funcionamiento de la administración, se convierten en elementos condicionantes que impulsan o frenan otras políticas.

Entre las funciones transversales de la gestión de la Generalitat está la política tecnológica junto a la política de comunicación, la transparencia, el manejo y la dirección del sector público instrumental, la gestión de la función pública y, obviamente, la gestión presupuestaria, competencias que merecen una atención especial puesto que todas estas áreas afectan directamente a la capacidad de gestión del resto de departamentos y servicios de la administración autonómica. En estos cuatro años de legislatura pasada, en muchas de estas competencias y particularmente en materia tecnológica, ha sobrado voluntarismo y ha faltado gestión. Las buenas ideas o los grandes proyectos sin gestión eficiente resultan un brindis al sol que, lamentablemente, de tanto mirar te deja ciego.

Que no se me malinterprete, la dedicación voluntariosa y los grandes proyectos son fundamentales para darle sentido – relato, dicen los modernos – a la gestión pública. Los visionarios ayudan, y mucho, a definir orientaciones más allá del horizonte posibilista, pero si esos visionarios no son capaces de convertir sus pensamientos en planes, programas, acciones, índices, indicadores, es decir, en gestión, sus informes no dejan de ser ciencia ficción que, además, nos cuesta mucho dinero público de producir. Aún diría más, además de descender a ese plano de la gestión convertida en literatura gris debemos acudir y gestionar la trastienda de la política tecnológica que incluye la dotación y formación de personal suficiente y con conocimientos, la gestión de los recursos económicos, la comunicación con la sociedad y una gestión transparente en las relaciones con las empresas y la comunidad científica.

Partiendo de esta visión del asunto, la política tecnológica de la Generalitat ha de abordar varios retos de manera urgente después de décadas abandonada o reducida a aquello más elemental, tanto hacia dentro de la pura gestión administrativa (limitada durante años en los gobiernos de la derecha a poner ordenadores, aplicaciones de uso corriente trasnochadas y entornos poco o nada manejables) como del apoyo a una política de transformación económica profunda que permita crear economías de alto valor añadido para, entre otras cosas, reducir el peso de aquellos sectores económicos con más dificultades tanto a la hora de afrontar fases de recesión como fases de recuperación, revirtiendo nuestra estructura productiva que cree empleo y este sea de calidad. Este asunto es una prioridad porque la economía valenciana tiene una estructura productiva en la que impactan muy duramente las crisis económicas cíclicas y que a la vez le impide recuperarse rápidamente en las fases de crecimiento. El diagnóstico sobre esta realidad está hecho y es compartido, sólo hay que leerse los documentos elaborados, entre otros, por las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, por los Planes de Transformación de la Economía Valenciana del IVIE, los numerosos estudios de las universidades valencianas o el Plan Estratégico de la Generalitat Valenciana en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 2016-2020 para confirmarlo.

Los cuatro años de la legislatura pasada han servido para darse cuenta de los lastres y los retrasos acumulados. Tanto evidente ha sido que se promovió el aplazamiento de la entrada en vigor de aquella parte de la legislación que obligaba a disponer de la administración plenamente electrónica. Esta realidad no sólo afectaba a la Generalitat pero el retraso de nuestra región en esta materia era especialmente preocupante por los proyectos en áreas sensibles de los objetivos del Consell.

El problema ha estado y está en que se priorizaron los intereses privados y por ello las acciones se planifican con otros objetivos que no son los de mejorar la vida de la gente, sino los de maximizar los beneficios empresariales, o en que se dedican muchos esfuerzos a elaborar documentos académicos desde la administración, sesudos informes que no se aplican, lo que nos lleva a concluir que no es conveniente para la eficacia de la gestión pública ni gestores privados empotrados en la administración ni los académicos sin interés en la gestión pública.

Ante este tsunami tecnológico que, sin darnos cuenta, se ha instalado en nuestras vidas, - lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial - podemos adoptar al menos tres actitudes, bien la de aceptación inmisericorde y acrítica de esta realidad, bien oponernos frontalmente a su implantación, reinventando el ludismo o bien gestionarlo para orientarlo hacia donde sea más provechoso para la gente. Obviamente es esta tercera opción a la que me sumo y supone tener claras algunas premisas.

Para empezar no caer en el solucionismo tecnológico, asunto bien descrito por autores como Evgeny Morozov y que supone afirmar que todos nuestro problemas se pueden solucionar con aplicaciones cada vez más sofisticadas y a golpe de teclado, digitalización e inteligencia artificial. Estos instrumentos son positivos dependiendo de quién y para qué los utilicen pues, como dice el refrán, un martillo adopta la forma de la mano que lo usa. En segundo lugar es conveniente no hacer caso a los cantos de sirena que afirman las bondades de la tecnología con escasa regulación o sin regulación ninguna y sometiendo el control público a intereses de mercado pues ésta, en un marco de libre mercado altamente desregulado sin dirección pública con la falsa pretensión de mayor competencia - como se afirman desde el Foro de Davos - supone ceder a grandes corporaciones tecnológicas el control y la privatización de espacios de la vida privada y los derechos de las personas. Sobre esto no creo que haga falta mencionar casos recientes que están en la prensa diaria.

En tercer lugar, se debe abandonar la idea de que le tecnología es un fin en sí mismo para generar riqueza y no un instrumento al servicio de la sociedad y, en consecuencia, la acción de fomento de la administración debería orientar la política tecnológica  y consecuentemente sus ayudas hacia las necesidades reales de la gente y no a fomentar nuevas necesidades (como sí lo son aquellas tecnologías relacionadas con el ocio que, aunque sea un sector en crecimiento, no son a mi entender una prioridad perentoria). Las nuevas tecnologías necesarias son aquellas orientadas a la educación, la sanidad, la gestión pública, la transparencia y la reducción de los impactos sociales del capitalismo sobre el medio ambiente, la desigualdad económica, la brecha de género, la creación de empleo de calidad, etc. todos ellos sectores económicos que, además de atender necesidades reales de la población son generadoras de empleo de calidad. Relacionado con este asunto se debe tener clara la colaboración público-público (básicamente la colaboración entre la administración y los centros de investigación públicos) supeditando a esta, en la acción de fomento e inversión pública, la colaboración público-privada y regulando la colaboración privada-privada, lo que nos lleva al último de los criterios que es desvincular las empresas tecnológicas de la economía especulativa para vincularla más (o únicamente) a la economía productiva, de creación de empleo y nuevos sectores productivos.

Todo esto, obviamente es más complejo de lo que pueda parecer y requiere un dialogo entre al menos cuatro actores: las empresas tecnológicas, las redes públicas de investigación y desarrollo, las empresas productoras de bienes y servicios y la propia administración pública. Para llevar a cabo este diálogo se requiere al frente de esta política un buen gestor público que crea en el valor de lo público y el interés de la mayoría por encima de todo y no, necesariamente, un persona que esté en la investigación o en la ciencia puntera. Alguien que sepa convertir las grandes ideas, que se generan dentro y fuera de la administración en acciones concretas, articulando actores, favoreciendo ese diálogo y poniendo lo público en valor.